El Gobierno busca retomar la iniciativa económica instalando la idea de que hay que profundizar el ajuste fiscal. Lo primero que hay que decir es que el ajuste ya comenzó. En especial luego de las elecciones PASO de 2017. De acuerdo a información del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria para los primeros cuatro meses de 2018, en comparación con igual período de 2017, el gasto total creció 13 por ciento, registrando un ajuste real de entre 5 y 8 por ciento. Sin embargo, no todas las partidas cayeron igual. Mientras los pagos de la deuda crecieron más que la inflación (+57 por ciento interanual), la seguridad social (+30) y los salarios lo hizo en línea con la inflación (+19), los subsidios (- 19 por ciento interanual) y la obra pública (-23,6) cayeron nominalmente y, por ende, mucho más en términos reales. 

De modo que resulta interesante plantear distintos escenarios respecto de los cuales podría especularse con la magnitud del recorte del gasto en las distintas partidas para diversos objetivos planteados de reducción del déficit fiscal. En un documento de trabajo publicado por el Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (disponible en Internet) analizamos cuatro escenarios posibles de reducción del déficit publico. Los escenarios realizan diversos supuestos sobre la evolución del PBI, la inflación, el dólar, la recaudación y especulan con diversas alternativas respecto a donde recortar el gasto según trascendidos del gobierno y la prensa. 

El primero de ellos considera una baja del 10 por ciento del gasto en seguridad social, 0 por ciento de aumento a empleados públicos, cero subsidios a las tarifas, una reducción de la obra pública del 80 por ciento, lo que liberaría recursos por 680.000 millones de pesos, alcanzando el superávit financiero. El segundo considera 0 por ciento de incremento en seguridad social y empleados públicos (caída real), cero subsidios a las tarifas, 50 por ciento menos de obra pública. Esto liberaría recursos por 586.000 millones y alcanzando superávit primario pero un leve déficit financiero. El tercer escenario (en línea con los anuncios) equivale a una reducción de 200.000 millones pesos del gasto. Jubilaciones, AUH y salarios públicos ajustan al 12 por ciento (caída real de 8 a 10 por ciento), subsidios y obra pública igual presupuesto 2018 y deuda ajustada a mayor costo por devaluación y suba de tasas de interés en pesos. Esto liberaría recursos por 199.500 millones de pesos, habría un superávit primario de 1,1 por ciento del PIB y un resultado financiero deficitario del 3 por ciento del PIB. En el último caso se suponen un presupuesto sin ajuste, con aumentos en jubilaciones, AUH y salarios en línea con la inflación, más subsidios, obra pública y intereses de deuda en línea con la devaluación. Esto demandaría más recursos por 377.324 millones de pesos, habría un déficit primario de 3,1 por ciento del PIB y un resultado financiero deficitario del 7,6 por ciento del PIB.

Si se mantienen los mismos impuestos y el pago de los intereses de deuda, en ninguno de los escenarios es posible lograr un déficit fiscal cero sin mediar una caída real del poder adquisitivo de las jubilaciones, pensiones, AUH y salarios de la administración pública; una significativa caída en la obra pública y los subsidios de tarifas. De modo que el objetivo de déficit trae consigo un elevado costo social. No es que el FMI le vaya a pedir a Macri algo que éste no estaba dispuesto a hacer de antemano, sino que la llegada del FMI aparece como la garantía de lograr un “Estado más chico” con la excusa de una mayor “disciplina fiscal”.

Nicolás Hernán Zeolla: Economista. Investigador C. C. Cooperación/Dto. Economía Política y CESO.

 Alex Kodrik:  Economista. Investigador C. C. Cooperación/Dto Economía Política e IADE.