Desde Santa Fe
El Colegio de Cámara de Apelación de Santa Fe le dio la razón a los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, en el primer incidente que llega a segunda instancia por la filtración de escuchas telefónicas al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. El juez de Cámara Enrique Alvarez reveló que "no surge palmariamente" de la causa por qué investigan a Apullán y Martí y "cuál es" la supuesta "actividad ilícita que se les atribuye", no sólo a ellos, sino también a dos investigadores de Asuntos Internos que integraban su equipo, Nicolás Rimoldi y Ariel Katramiz. Y anuló dos pericias que había autorizado el juez Eduardo Pocoví en los servidores del MPA para acceder "a toda información" vinculada con Apullán y Martí durante seis meses, entre el 1º de junio y el 27 de diciembre de 2017 y chupar los correos electrónicos de los oficiales de policía en un lapso de cuatro meses, entre noviembre de 2017 y marzo de 2018. Según la defensa, el rastreo informático era una "excursión de pesca", "tirar la red para ver si sale algo" y advirtió que no sería "cómplice" ni "partícipe" de delitos. El juez Alvarez coincidió con el planteo, dijo que el trámite ordenado por Pocoví --a pedido de los fiscales Juliana González y Gustavo Ponce Asahad-‑ era "muy temerario", tanto que "violaría cualquier norma al respecto" y estaba "totalmente fuera de los parámetros legales".
Alvarez anuló los rastrillajes informáticos que había impugnado la defensa tras escuchar a las partes en la audiencia pública del jueves 14, en Tribunales. La sorpresa fue la participación de Apullán y Martí, quienes reclamaron que la filtración de las escuchas a Pullaro "se investigue hasta las últimas consecuencias", pero con las garantías del "estado de derecho". Y solicitaron a sus colegas González y Ponce Asahad que le pregunten al gobernador Miguel Lifschitz "si existe el informe" que Apullán le envió por orden del fiscal regional de Santa Fe Carlos Arietti para informarle que investigaba a Pullaro y al ex jefe de Policía de Rafaela Adrián Rodríguez. El juez Alvarez dedicó una carilla --de las 25 de su resolución-‑ a este planteo de Apullán para que "se investigue quién es el titiretero del MPA, porque para él es sólo la ley", citó el magistrado.
El primer agravio de la defensa que admitió el juez Alvarez es que Apullán y Martí no saben por qué los investigan y qué se les imputa. "Entiendo que le asiste razón" a los fiscales. Y reveló que de la causa "no surge palmariamente cuál es" la supuesta "actividad ilícita" que se les atribuye, no solo a ellos, sino también a los investigadores de su equipo, los policías Rimoldi y Katramiz. La ley obliga a informar al investigado en un proceso judicial "cuál es el hecho que se le atribuye" y su "calificación provisoria". Pero en este caso --advirtió el camarista-‑ "no se vislumbra con claridad cuáles son los hechos o conductas que se les atribuye a los doctores Apullán y Martí, por lo que se violaría el derecho de defensa", una "norma fundamental" de la Constitución.
Alvarez consideró que esa "ambigüedad" en la investigación a Apullán y Martí como "un primer escollo", una "barrera infranqueable" ante las garantías del debido proceso y la defensa en juicio.
El segundo agravio era el pedido de González y Ponce Asahad "que ordenó Pocoví‑ para meterse en los servidores del MPA y acceder a "toda la información" vinculada con Apullán y Martí, entre junio y diciembre de 2017. "Entrar a los servidores de los investigados, que son fiscales en funciones, donde se encuentran otras investigaciones en trámite es muy temerario y violaría cualquier norma al respecto", dijo el juez Alvarez. "Aquí debemos proteger a todas las personas que se encuentran investigadas por Apullán y Martí en los múltiples legajos que tramitan". Y desechó la "medida" porque "está totalmente fuera de los parámetros legales".
La defensa había calificado esa pericia como "una excursión de pesca" para ver si "sale algo". Alvarez dijo que la "afirmación puede ser un poco extrema", pero la petición de los fiscales González y Ponce Asahad "no deja de ser muy genérica" y les recomendó que precisen qué buscan.
Apullán y Martí también habían cuestionado a Pocoví por ordenar el rastreo informático a contrapelo de la ley.
