El sector del autotransporte público de pasajeros del área metropolitana (AMBA) se declaró en situación de emergencia, porque “desde el comienzo de la gestión actual de gobierno se han recortado los ingresos de manera drástica”. El conflicto que enfrenta a las cuatro cámaras empresarias del sector con el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se origina en el desfasaje entre la evolución de los costos y los ingresos, situación que . 

 El núcleo empresario que conforman la Asociación Civil Transporte Automotor (ACTA), Cámara del Transporte de la provincia de Buenos Aires (Ctpba), Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), cuestionó el mecanismo de fijación de tarifas y subsidios que aplica el gobierno nacional, asegurando que las empresas no se benefician con la reducción de los últimos. “El Estado calcula los costos de los servicios con criterios propios, y a partir de allí fija los valores de las tarifas y de los subsidios”, sostiene en una nota conjunta firmada por los titulares de las cuatro entidades. En este año deberían renovarse 1800 unidades de autotransporte incorporadas en 2008, para mantener la antigüedad máxima en diez años en el servicio de pasajeros urbano y suburbano, pero se estima que, en las actuales condiciones, no se cumplirá ese objetivo. 

 El informe empresario sostiene que “el sistema recibe mensualmente por compensaciones tarifarias por 3385 millones de pesos, considerando el subsidio directo más lo que equivale al precio diferencial del gasoil; y por recaudación, 1875 millones de pesos (netos de IVA), dando un ingreso total de 5260 millones”. “Sin embargo, los servicios del AMBA tienen un costo de operación de más de 5975 millones de pesos para atender más de diez millones de viajes diarios, lo que provoca un déficit mensual de 715 millones de pesos”. 

 “Esta situación –agrega el informe– produce, por un lado, una fuerte descapitalización de las empresas y, por el otro, una clara y severa afectación a la actividad industrial y comercial vinculada con el sector por la falta de renovación de la flota de vehículos.” Advierte luego que “el sector está al límite de sus posibilidades de operación”, por lo cual considera “necesario hacer saber a la población que no puede sostenerse la normal prestación de los servicios en las actuales condiciones económicas”. “Si el gobierno continúa desoyendo al sector, se producirá inevitablemente un resentimiento de la calidad, frecuencia y cobertura de los servicios, así como el mantenimiento de la fuente de trabajo”.