El actual esquema de ajuste y restricción del gasto público en las áreas sociales, que lleva adelante el actual gobierno, y que se verá incrementado a partir de las exigencias del FMI, impactará fuertemente en salud y en el indicador más relevante de calidad de vida que es la Tasa de Mortalidad Infantil, según refieren numerosos estudios internacionales.

Uno de ellos denominado “Gasto Público en Salud y Mortalidad Infantil” llevado adelante por los investigadores Maruthappu, Ng KY, Williams y colaboradores, fue realizado en 176 países durante el año 2010, en donde se analizaron los cambios en el porcentaje de gasto en salud de cada país respecto al gasto total y la variación en la tasa de mortalidad infantil puntual, a lo largo de cinco años. 

El estudio contempla las características particulares de cada país en relación a la renta (países de renta alta vs países de renta baja), diferencias culturales, políticas, estructurales, demográficas, en infraestructura, en enfermedades infecciosas e incluye datos de gastos en sanidad privada.

Los resultados del estudio indican que por cada 1% de disminución del gasto público en salud, se produjo un aumento de 0,089‰ en la mortalidad neonatal (desde el nacimiento al día 28 de vida), 0,135‰ en la mortalidad postneonatal, (desde el día 28 de vida hasta el año de vida) y 0,35‰ en la mortalidad de uno a cinco años.

El estudio concluye que a menor porcentaje de gasto en salud respecto al gasto total de un Estado, los resultados en salud en los niños son peores.

Otro estudio denominado “Reducción de la plantilla del Estado como un factor determinante de la mortalidad infantil y el logro de los ODM 4. “ (State Downsizing as a Determinant of Infant Mortality and Achievement of Millennium Development Goal 4) y realizado por Marco Antonio Palma-Solís, Carlos Alvarez Dardet Díaz y colaboradores, cuyo objetivo fue evaluar el efecto mundial de las políticas estatales de reducción de personal, sobre todo en áreas sanitarias, para el logro del Objetivo de Desarrollo del Milenio nº4 (ODM4) de la ONU sobre las tasas de mortalidad infantil.

En un estudio de cohorte retrospectivo ecológico en 161 países, entre 1978 y 2002, los autores analizaron las reducciones en el gasto público, propiciados por el Consenso de Washington y exigidos por el FMI a los países bajo su intervención, como determinantes negativo para el logro del ODM4 (Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de 5 años).

Se analizó el impacto en la mortalidad infantil en los países expuestos, atribuible a reducciones en el gasto público. Cincuenta países tuvieron gasto público reducido y 111 tuvieron gasto público aumentado. 

La brecha en la tasa de mortalidad infantil entre estos grupos de países se duplicó en el período de estudio, con estancamiento o aumento de la mortalidad infantil en los países con reducción del gasto público y  reducción del mismo indicador en los que aumentaron su gasto público.

El no logro del ODM 4 se asoció con reducciones en gasto público y aumentos en la desigualdad de ingresos. La imposibilidad de alcanzar el ODM4  estuvo seriamente comprometida para muchos países debido a la reducción del gasto del sector público que imponen las políticas del Consenso de Washington del Banco Mundial/Fondo Monetario Internacional. 

La mortalidad infantil está determinada por una serie de variables en las condiciones de vida de las poblaciones tales como: pobreza, desempleo, ingresos, inflación, nivel educativo de la madre, entorno familiar, vivienda, acceso a servicios de salud o  pago de servicios médicos.

Diferentes estudios de este nivel de determinantes han demostrado que la mortalidad infantil se asocia con la dependencia de un país a las exigencias de los organismos de crédito externo, que intervienen sobre el nivel de democracia, condicionan las política pública del partido de gobierno, exige  ajustes estrictos en el gasto público, imponen un modelo de “desarrollo” económico neoliberal, reduce drásticamente el  nivel de transferencias económicas del estado a la población y aumenta exponencialmente el nivel de desigualdad económica y equidad en la distribución del producto bruto interno.

El investigador y profesor David Stuckler, economista político de la Universidad de Oxford, profesor adjunto de medicina y epidemiólogo en la Universidad de Stanford, coautor del libro “Por qué la austeridad mata”  nos recuerda, que ya a mediados de los 80 Unicef denunciaba que los programas del FMI podían privar de fondos a las redes de seguridad social que los pobres requieren para alcanzar educación, atención sanitaria y otros bienes básicos. Según la revisión de Stuckler, no hay estudios que hayan demostrado efectos positivos. Algunos han demostrado efectos neutrales, pero la mayoría han ilustrado efectos negativos.

Un informe de 2007 de un grupo de estudio del Center for Global Development’s (CGD), que incluía economistas del FMI y del Banco Mundial observó que las condiciones del FMI pudieron tener significativos efectos en los sistemas sanitarios y poner en peligro la sostenibilidad financiera de programas de acceso a fármacos contra la infección VIH, la tuberculosis y otras enfermedades. 

En conclusión, la reducción del gasto público a las áreas sociales, especialmente en salud, que exige a los países el FMI, es un determinante negativo, según la mayor parte de los estudios, para la reducción de las tasas de mortalidad infantil y la mejor calidad de vida de las poblaciones.

Médico Pediatra, director del Instituto Revisor de Políticas Sociales y Acceso a la Salud de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.