El histórico juicio contra siete policías de Río Negro por la desaparición forzada de Daniel Solano entró en su recta final, con los alegatos de la querella y la fiscalía que pidieron una condena a prisión perpetua. Ayer, en los tribunales de General Roca, el abogado Leandro Aparicio, que representa a la familia del joven trabajador golondrina, y la fiscal Teresa Giuffrida coincidieron en solicitar la pena máxima. Entre hoy y mañana expondrá la defensa de los uniformados acusados de secuestrar, asesinar y hacer desaparecer el cuerpo de Solano, el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel.
La incansable tarea de Aparicio y su colega Sergio Heredia, junto al padre del joven salteño, Gualberto Solano, puso al descubierto la estafa de Expofrut, donde trabajaba Daniel, en la contratación de trabajadores golondrina, a través de su empresa tercerizada Agrocosecha. Sin embargo, la hipótesis del silenciamiento de la protesta estuvo ausente en las audiencias que comenzaron en febrero, a pesar del entramado de una veintena de causas judiciales conexas, donde este juicio que ahora llega a su fin sería sólo la punta del iceberg. Gualberto Solano pasó todos estos años exigiendo justicia, incluso haciendo huelgas de hambre, pero no llegó a ver el veredicto porque falleció hace tres meses.
Solano, salteño de 27 años, había reaccionado por las condiciones laborales que incluían situaciones de explotación, y porque Agrocosecha se quedaba con parte del sueldo que le pagaba Expofrut. Hace siete años, después de cobrar su sueldo de octubre, Solano habría manifestado a sus compañeros de tarea su descontento por los recortes y habría planteado la necesidad de realizar una protesta. Esos mismos dichos los habría repetido en el boliche Macuba, de donde fue sacado por los policías tras un incidente que a todas luces fue provocado. Fue la última vez que se lo vio con vida.
Los posibles instigadores del hecho, y los responsables de la grave estafa laboral que sufrieron cientos de trabajadores temporarios del norte del país, no están aún en el banquillo de los acusados. Los policías Sandro Berthe, Pablo Bender y Juan Barrera quedaron imputados como coautores de desaparición forzada y vejaciones; Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel y Diego Cuello están acusados de ser partícipes primarios de la desaparición y de incumplimiento de los deberes de funcionario público; en tanto Héctor Martínez habría sido el presunto partícipe secundario de la desaparición y de las vejaciones, y también habría cometido abuso de autoridad y falsedad ideológica. En su nombre hablarán los abogados Ricardo Thompson y Pablo Iribarren, y luego Pablo Barrionuevo y Gustavo Viecens, este último defensor oficial. El jueves los siete uniformados dieron sus versiones de los hechos y para mantener su relato blindado se negaron a responder preguntas de la fiscalía y de la querella.
Los familiares de Solano estuvieron ayer acompañados por un gran número de organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos entre los que se encontraban ATEN, UnTER, Familiares y amigos de Luciano Arruga, de Sergio Ávalos, CeProDH, En Clave Roja, Movimiento La Dignidad, PO, FOL, y Cauce, entre otros.
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, la abogada Marian Derni sostuvo: “Estamos acá, no porque tengamos expectativas en esta Justicia y en estos jueces, sino porque confiamos en lo que fue la lucha que se viene llevando adelante, pero sabemos a su vez, que cualquiera sea el resultado de este juicio, la pelea no termina acá, porque la impunidad sigue siendo enorme, el resto del entramado permite que la trata de personas, con trabajadores y trabajadoras en nefastas condiciones siga existiendo, y esa es una tarea pendiente”.
Gualberto Solano se había instalado desde el comienzo en una carpa frente a la sede judicial de Choele Choel, a donde había llegado desde Tartagal tras enterarse que Daniel no aparecía. Movilizó a toda la comunidad e insistió hasta su último minuto de vida –falleció en la madrugada del 3 de abril– en que había que buscar a su hijo en el jagüel del campo La Manuela. El abogado Aparicio destacó que en el juicio declaró solo la mitad de los testigos que estaban citados, porque “muchos tuvieron miedo o fueron directamente apretados”. Y recordó que un comisario fue detenido por amenazar a un taxista que vio a uno de los policías afuera del boliche donde desapareció Daniel. El abogado se mostró confiado en que los siete policías, que llevan tres años y medio presos, sean condenados con las pruebas ya presentadas durante la investigación.
A Solano lo habían estafado en 33 mil pesos durante doce meses, de modo que la estafa colectiva ascendería a 9 millones de pesos, contando el total de obreros golondrina, según consta en el documental Daniel Solano, golondrina ausente, de La Izquierda Diario. “Si tiene que ver la Policía no está vivo, los pibe problema terminaban todos en el río en Choele Choel”, dice en esa película Marcela Torres, de la Comisión por la Aparición de Daniel Solano.
