Tras su pedido de captura el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa afirmó ayer que Ecuador no es un Estado de derecho. “La estrategia es meterme preso o impedir mi regreso” comunicó a RT en respuesta al pedido de prisión preventiva de la jueza Daniela Camacho el martes pasado. La magistrada además había solicitado la extradición de Correa de Bruselas, lugar donde él reside junto a su familia desde 2017. 

A su vez el ex mandatario denunció en un video que hizo circular en sus redes sociales, lo que él llamó uno de los más brutales abusos contra un expresidente. Entrevistado por el sitio de noticias Russia Today al día siguiente de anoticiarse de la medida judicial, Correa rechazó en conversacion con RT, la orden de la jueza Camacho. Alegó que se trata de una “aberración jurídica de la injusticia ecuatoriana” y dio a entender que se trató de  una maniobra política de su sucesor Lenín Moreno, con quien se encuentra enfrentado. Correa sostuvo que si semejante persecución judicial hubiera ocurrido durante su presidencia, ya lo habrían denunciado ante la corte penal internacional de La Haya. 

La jueza Camacho acusa a Correa de ser el autor intelectual del secuestro de un ex asambleísta, Fernando Balda, ocurrido en 2012 en Bogotá, durante el mandato del hoy procesado ex presidente. En esa ocasión el asambleísta c fue retenido por agentes colombianos durante unas horas. El caso fue juzgado en Colombia como secuestro simple, sin violencia y no extorsivo.  Sin embargo, en la entrevista de RT Correa enfatizó que en Ecuador lo quieren juzgar como un hecho de violencia extorsiva porque dicha figura penal no prescribe. Frente a la pregunta sobre la vinculación entre el gobierno de Correa y el denunciante Balda, Correa señaló que éste era un legislador opositor y que además ha tenido  varios juicios penales por agresiones y estafas por los cuales fue juzgado para luego huir a Colombia. Una vez asentado en ese país, Balda se dedicó a acciones ilegales que entre ellas se destacan la piratería y el uso de equipos de espionaje. Durante esos años sucedió el secuestro, del que Balda imputa la autoría intelectual a Correa, según ratificó el denunciante el martes pasado en el juzgado de Camacho.

Por su parte el ex presidente argumentó que Ecuador no se encuentra bajo un Estado de derecho debido a que, principalmente,no hay un marco legal que avale el nombramiento del fiscal que según él lo persigue, lo que se traduce en una designación a dedo. También sin ningún marco legal, prosiguió Correa, se nombraron nuevos miembros en el Consejo de la Judicatura que son “abiertos enemigos políticos de la Revolución Ciudadana, y que presionan a los distintos jueces”. 

Según Correa, la persecución política no se inició con esta denuncia sino que consta de al menos cinco causas más, entre las que se incluyen acusaciones de preventas petroleras y tráfico de influencia. El ex presidente  denunció que esta estrategia de judicialización de la política recrucedió este año, luego de que en noviembre pasado Lenin Moreno expresara en Perú que no perdía sus esperanzas en ver preso a Rafael Correa. Sin embargo, el ex mandatario sostuvo que no hay documentación que ampare la orden judicial de Camacho, que las pruebas que han presentado para imputarlo son falsas y que los medios de comunicación tienen alta responsabilidad en la manipulación de los hechos. Frente a este complot y lawfare, dijo Correa, él confía en que su pedido de extradición no tendrá éxito. “Un verdadero estado de derecho como Bélgica jamás lo permitiría,” señaló. 

Mientras tanto, en un video que circuló por las redes sociales, Correa predijo que el conflicto se resolverá políticamente e invitó a los movimientos sociales a organizarse y a no perder la fe, augurando que vendrán tiempos duros. El ex mandatario recibió el respaldo de otros líderes de la región, como el presidente venezolano Nicolás Maduro, el boliviano Evo Morales y el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. A su vez los seguidores en Ecuador del ex mandatario convocaron a movilizarse el jueves por la tarde.