ENTREVISTA
Demoliendo mitos
Fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanis, una de las voces centrales de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, desarma la idea de que el ser religiosa está en contra de la libertad de elegir sobre el propio cuerpo y aporta datos concretos que desbaratan a los antiderechos. Además, Alanis sostiene que el Senado deberá revisar sus posturas conservadoras y dar un paso histórico en la aprobación de la ley, aunque el Papa trine y los obispos presionen.
Imagen: Jose Nico

No puede evitar que la sonrisa, su marca entrañable, se le agrande hasta achinarle los ojos porque la marea verde, esa avanzada imparable de una multitud histórica se replicará el 8A, flamante señalización del 8 de agosto próximo, cuando la Cámara de Senadores defina la legalidad de  la interrupción voluntaria del embarazo para adolescentes, mujeres y personas gestantes. Marta Alanis, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) y referenta histórica de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, celebra a lxs médicxs en Córdoba, las artistas en Salta, socorristas en Neuquén, maestrxs en Jujuy, activistas en La Pampa, comunicadoras en Rosario y centros de estudiantes en Buenos Aires que tejen redes y agitan conciencias a favor de este derecho humano básico y negado hasta el cinismo. La lista es interminable, los 80 pañuelazos federales del 26 de junio en las 24 provincias dan la comprobación de un porvenir que no puede ser otro que el de un horizonte verde-violeta. “Creo que si no sale la ley, el Senado va a pagar un costo político muy alto frente a esa voluntad popular que ya se pronunció. La cuestión del aborto contiene una expectativa de ampliación de derechos pero también una situación social tremenda que la padecen principalmente los y las jóvenes. Porque no tienen recursos económicos ni autonomía económica propios, y este debate viene a salvar algunos de estos aspectos en la ampliación de derechos.” 

Ese 26 de junio en el Salón Arturo Illia del Senado, la Campaña Nacional dio una conferencia de prensa en la voz de Alanis para exigir que el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) reciba un tratamiento sin dilaciones y se mantenga la letra de la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados. “Tenemos la esperanza de que ese millón de personas que se manifestó masivamente el 13 y 14 de junio siga resonando también en esta Cámara”, dijo entonces y repite ahora. Sabe que a la avanzada una derecha católica conservadora fogoneada por la jerarquía eclesiástica se le contrapone pedagogía contrahegemónica. Arenga a demoler falsas verdades, advierte que el texto de la media sanción no se toca, alerta que el proyecto de libertad religiosa que impulsa el Gobierno habilitaría a todos los credos ejercer la objeción de conciencia y sostiene que la comparación del papa Francisco sobre el aborto y prácticas del nazismo es un discurso de odio inaceptable que dejó en evidencia “su adhesión a  todas las posturas que sostienen hoy los antiderechos en la calle”. 

“Vamos a demoler mitos”, bromea, cómplice y estratégica. “Comencemos: los sectores antiderechos sostienen que las mujeres pobres no abortan tanto y prefieren tener hijos” responde esta cronista.  

–Están fortaleciendo el falso argumento de que la Campaña y el movimiento de mujeres focalizamos el aborto en las personas de menores recursos e invocamos a las mujeres pobres. Decimos que la libertad para que las mujeres decidan afecta a todas para bien y la restricción afecta para mal, porque recurrir a la clandestinidad es horrible aun cuando tengas para pagar. Obviamente, las mujeres de los sectores pobres corren mayores riesgos y son las que mueren. Y en ese sentido son las personas que más sufren la penalización y la falta de garantías del Estado. 

Sectores antiderechos y senadores que se oponen a la legalización insisten en la recarga que supone la IVE en el gasto de salud pública.

–No hay argumento válido para sostener que el aborto se pagaría con los impuestos de los y las ciudadanas cuando está comprobado que el aborto clandestino genera más costos que el aborto legal, porque las consecuencias del aborto inseguro las atiende la salud pública. Un promedio nacional estima que al año, unas 50 mil mujeres ingresan a los quirófanos o a las terapias intensivas de los hospitales con serias consecuencias producto de abortos inseguros. Corren riesgo sus vidas y generan altos costos en salud. El aborto legal realizado por voluntad de la mujer en una temprana edad gestacional es una práctica ambulatoria y segura que se hace con medicamentos y no requiere práctica quirúrgica más compleja.  

La vicepresidenta Gabriela Michetti y un grupo reducido de senadores proponen la despenalización y anular la legalización aprobada en Diputados.

–Es una postura que sacaron de la galera en 24 horas. ¿Quiere decir que va a permitirse armar clínicas que hagan abortos, pero nadie estaría obligado a ofrecer el servicio ni estaría regulada la práctica y el Estado se lavaría las manos? Es una despenalización posmoderna y quienes sufren las consecuencias del aborto hoy, seguirán sufriéndolas después. Despenalización sin legalización es una falta de respuesta real a las mujeres. El contenido de la media sanción no pone en riesgo la voluntad de las personas que no están de acuerdo, mientas que la postura del otro sector afecta al resto que quiere decidir en libertad. Además, un alto porcentaje de las mujeres que abortan ya son madres. No se está poniendo en riesgo la supervivencia de la especie humana.

Pero la “defensa de las dos vidas” sigue siendo el caballito de batalla.

–Voy a decir algo que nunca manifesté antes: existen estudios verificables acerca de que el uso de glifosato en las zonas sojeras ha aumentado los índices de abortos espontáneos de las mujeres que quieren tener hijxs. De eso no se ocupan las y los que defienden las dos vidas, porque lo único que les importa es clausurar la decisión de la mujer. No toda semilla llega a ser un árbol. Las mujeres decidimos si estamos en condiciones de llevar adelante un embarazo, y a eso se oponen. No lo toleran, están en contra de la autonomía de sus cuerpos y de la autonomía de sus proyectos de vida. Consciente o inconscientemente eso es misoginia.

Muchas mujeres sostienen esta posición misógina y patriarcal.

–Pero aun así la posibilidad de poder elegir la interrupción de un embarazo en alguna circunstancia también les da un margen de libertad a estas mujeres. Deberían pensar que las beneficia porque si no han estado en una situación límite, pueden estarlo mañana. O pueden sus hijas recurrir al Estado para pedir una práctica de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). No es algo que no ocurra en el sector que se opone a la legalización y recurre al aborto al igual que el resto de las mujeres. 

Una de las propuestas de Michetti es continuar el embarazo para dar en adopción.

–Es una cuestión perversa. Como mujer puedo decidir si sigo o no con mi embarazo, o si doy en adopción. En cualquier caso debo estar asistida por el Estado y por una ley que me proteja. Así como tenemos el aborto legal por causales, el proyecto aprobado establece que las mujeres y personas gestantes tienen derecho a interrumpir sus embarazos hasta la semana 14 inclusive, sin mediar una causal. La maternidad forzada no es un bien, es una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Quedó expuesto en pleno debate con los casos recientes de dos niñas de 10 años de Salta y Mendoza, embarazadas tras ser violadas por sus padrastros.

–Lo que están haciendo con las niñas es de una crueldad extrema. Escuché las exposiciones de esas personas antiderechos en la Cámara de Diputados. Se enorgullecen de salvar un embrión y promover la maternidad forzada: convencen a las mujeres, a las niñas y a sus madres, las dominan y las obligan a gestar para dar a sus hijos en adopción o para ayudarlas a criar a un hijo producto de una violación, con el que no se van a reconciliar nunca. No se piensa en el trauma de una niña de 10 años. Perseguir a niñas y mujeres para que sigan adelante con un embarazo es una conducta delictiva y violatoria de sus derechos. Las que queremos la legalización no vamos a salir a las calles a perseguir a adolescentes y mujeres embarazadas para que aborten, pero exigimos que tengan derecho a una consejería y a información de calidad.

La inclusión de la objeción de conciencia institucional es un eje central de presión en esta etapa del debate.   

–Y una trampa enorme. Significa permitirle a una institución que brinda servicios de salud violar la ley. No conozco instituciones con conciencia, para que sean objetoras. Hablamos de una ley nacional por la cual todas las instituciones, incluidas las clínicas privadas, tienen la obligación de garantizar la práctica. Pretenden que clínicas privadas y confesionales queden eximidas de brindar el servicio de IVE. Cada universidad católica tiene una clínica médica de referencia que responde a la Iglesia Católica o a un sector afín. Es la misma trampa que despenalización sí y legalización no. Si vamos con objeción institucional y despenalización, seguimos sin que el Estado se haga cargo de las mujeres de sectores vulnerables o de sectores medios despedidas de sus trabajos que no tienen dinero para pagar una IVE. Hay que tener cuidado con estas "creatividades" que surgen a último momento. La media sanción no se toca. 

El Senado deberá evaluar el costo político de votar en contra de la voluntad social.

–De una voluntad popular extendida a toda la sociedad con jóvenxs, mujeres y niñas rebeldes que se hacen oír. Estarían imponiéndole una maternidad obligatoria a una multitud de mujeres movilizadas, fortalecidas desde los Encuentros Nacionales, NiUnaMenos, el Paro Internacional de Mujeres del 8M. Los 80 pañuelazos federales del 26 de junio en todo el país son un aviso. Antes de intentar maniobras dilatorias deberían medir la relación de fuerzas y rever sus posturas conservadoras. Si no avanzan en algo que la sociedad está pidiendo a gritos, sería un fracaso de la política.

Frente a los ataques del Papa vinculando aborto con prácticas del nazismo, CDD expresó su disidencia con la jerarquía católica y remarcó que comparar el movimiento de mujeres con el nazismo constituye un discurso de odio inaceptable.

–Ni la doctrina católica ni el derecho canónico hablan de que el aborto esté equiparado a un homicidio. Franciso hizo una lamentable comparación con el nazismo. La Iglesia tiene en sus enseñanzas y en sus orígenes teologías sacrificiales donde no hay lugar para la sexualidad y el placer sexual, siempre asociados al pecado. CDD  marca esa disidencia,  seguimos adhiriendo al núcleo central del cristianismo pero no compartimos la postura de la jerarquía católica en temas de moral sexual, reproducción y sexualidades: la Iglesia se  mostró homofóbica, sexofóbica y misógina todas las veces que pudo. El Papa reaccionó con ira porque tal vez no pudo hacer una lectura de lo que estaba pasando y no esperaba la media sanción en Diputados. Con esas declaraciones volvió a ser Bergoglio y quedó en evidencia que adhiere a todas las posturas que sostienen  los antiderechos en la calle. Compararnos con el nazismo es una falta de respeto total a un movimiento que ha trabajado por años por los derechos humanos de las mujeres y le hace perder credibilidad como líder religioso. Las iglesias y las religiones tendrán que revisar su conservadurismo. No crearon el patriarcado pero viven legitimándolo todos los días. Se resisten a cambios culturales importantes a favor de la despatriarcalización y colaboran en la reacción contra esos cambios. Es en estos escenarios donde el Vaticano pierde espacio para dar lugar al feminismo que siempre combatió.

¿Es posible lograr un Estado realmente laico?

–Se impone defenderlo porque está siendo amenazado por un proyecto de ley de libertad religiosa que es un engaño. Lo están trabajando silenciosamente en reuniones periódicas de comisiones en la Cámara de Diputados. Lejos de promover la libertad religiosa, favorece la objeción de conciencia institucional para que cada religión actúe a su antojo, como si fuera un país independiente. Cualquiera podría ser objetor de conciencia frente a una ley que no le convenga o a la que no adhiera. Por ejemplo, las instituciones católicas pueden hacer objeción de conciencia en salud reproductiva, anticoncepción, en la celebración de matrimonios igualitarios en los registros civiles, y sobre otros derechos adquiridos que no compartan. Las religiones volverían a tener un poder hegemónico sobre la población.  

¿Qué sectores apoyan este proyecto?

–Los mismos que hoy se expresan en defensa de las dos vidas. Son los sectores conservadores que no pudieron detener los grandes cambios legales y culturales, y tratan de incumplir la ley amparándose en sus creencias religiosas. Debemos estar atentxs porque si logramos que el Senado sancione el aborto legal, va a ser contradictorio compartir un escenario con la ley de libertad religiosa. Las colectivas de mujeres y lgbttiq no van a tolerar esta avanzada del retroceso.