Caso Facundo Ferreira
Complot policial para dejar impune el crimen
Un policía suspendido de Tucumán denunció que le ofrecieron limpiar su expediente a cambio de amedrentar a la familia de Facundo para que abandonen sus reclamos de justicia contra los efectivos que mataron al niño de 12 años. A pesar de ello el juez Víctor Rougés dejó en libertad a los imputados, Nicolás González Montes de Oca y Mauro Díaz Cáceres

Un agente de la Policía de Tucumán denunció que un integrante de esa misma fuerza le ofreció un arma para amenazar y amedrentar a los tiros a la familia Facundo Ferreira, el niño de 12 años asesinado de un balazo en la nuca por un policía el pasado 8 de marzo. El complot fue omitido por el juez subrogante Víctor Manuel Rougés, quien no obstante ello liberó esta semana a los dos integrantes de esa fuerza de seguridad imputados por el crimen.

“Te la hago sencilla para que vos pienses. Los changos (por los policías imputados) tienen el quilombo y me pidieron que te diga que te van a dar un arma para que vayas a la casa de estas personas, los amenaces, hagas unos disparos y les digas que no se tienen que meter con la Policía.” Así fue el ofrecimiento que consta en el expediente del caso que investiga la muerte del niño y por la que están imputados los agentes de la Motorizada 911 Nicolás González Montes de Oca y Mauro Díaz Cáceres, quienes todavía se encuentran en actividad.

Quien recibió la oferta es un efectivo que se encuentra en situación de disponibilidad y quien la hizo fue un integrante del Comando Radioléctrico del 911 que, como contrapartida, le prometió favorecerlo en el caso que pesa en su contra. “Van a hacer que me desvincules de la causa”, confesó el denunciante ante la fiscal Adriana Giannoni, que investiga el asesinato de Facundo.

El denunciante, cuyo nombre será omitido en este artículo, se presentó el 29 de junio pasado ante la fiscal de Instrucción e hizo un pormenorizado relato del lugar, horario, momento y autor del ofrecimiento. Inclusive ofreció conseguir más pruebas para demostrar la veracidad de lo que ocurrió.

Según su declaración, mientras hacía un recorrido de rutina en su labor como agente de seguridad privada, se le acercó un auto -del cual dio marca y patente- conducido por un policía que él conocía e identificó. “Te la hago corta, no tengas miedo ni nada, no venimos por vos, te vengo a hacer una proposición. Sé que andás con todo el quilombo, que querés volver a la Policía y tenemos la solución”, le dijo. Es “por el tema del pendejo este que están 'enquilombizados', que lo han matado en El Bajo”, prosiguió.

El policía que hizo la denuncia del complot aseguró que tomó la decisión de presentarse ante los tribunales porque “estaba muy preocupado” por la respuesta que tendría que dar. “Si les llego a dar una respuesta negativa no sé qué pueden hacer” porque “la Policía, cuando te quiere hacer daño, te hace daño”, comentó.

A pesar de que esta denuncia que da cuenta de la cadena de complicidades con que la fuerza defiende la vigencia de la doctrina Chocobar es reciente, el juez Rougés denegó la semana pasada los pedidos de detención contra Montes de Oca y Díaz Cáceres. El argumento de la fiscal y de la familia Ferreira a cargo de Abogados del Noroeste por los Derechos  Humanos (Andhes) para pedir la detención fue el “riesgo procesal”. Es decir que si lo imputados quedaran en libertad podrían obstruir la investigación.

El martes pasado, cuatro meses después del crimen, la fiscal citó a indagatoria a Díaz Cáceres, el policía que según los peritajes mató al niño que iba en moto con un amigo que también fue herido con múltiples balazos de goma en la espalda. Nueve horas duró la declaración que fue la antesala del pedido de detención. Como el juez de instrucción que lleva la causa, Facundo Magio, había terminado su horario de trabajo, el subrogante fue Rougés, quien en un brevísimo dictamen sin argumentos rechazó el pedido. Lo mismo hizo el jueves, cuando declaró Montes de Oca.

El subrogante no tuvo en cuenta esa advertencia, tampoco la confesión del policía contra la Policía y menos aún las amenazas contra la familia Ferreira. “Recibimos varias amenazas. Averiguaron nuestros números de celulares, mandan a vecinos de ellos a hacerse amigos de nosotros para sacarnos información. Quieren que paremos, pero no vamos a bajar los brazos”, dijo a Página/12 Romina, la mamá de Facundo.

“Es vergonzoso que un juez de subrogante, habiendo tomado conocimiento de que existía esta denuncia dentro del expediente, haya omitido considerarla y darle la libertad a los imputados sin haberlo fundado”, criticó Emilio Guagnini, de Andhes. “No sé si ese juez sabrá de justicia -añadió la mamá de Facundo- No puedo creer que, con todas las pruebas que tenemos, deje en libertad a dos asesinos. Me parece que hubo algo de mafia ahí.”

El viernes, la fiscal pidió la nulidad de ese fallo y la defensa de Andhes hizo un planteo a la Cámara de Apelaciones. Ambas respuestas no llegarán hasta agosto, debido a que esta semana comenzó la feria judicial de mitad de año. Es decir que los imputados estarán libres y desarrollando las tareas administrativas que la fuerza les asignó por estar acusados por “homicidio agravado”.

En diálogo con Página/12, Guagnini añadió que, “ante este contexto que prueba a todas luces el entorpecimiento de la investigación”, la querella también presentó un pedido de prisión preventiva contra Díaz Cáceres y Montes de Oca. Mientras la Cámara resuelve la apelación del pedido de detención, el planteo de la prisión preventiva recayó en el juez de instrucción de feria, Francisco Pissa. “Esperamos que resuelva conforme a derecho”, se esperanzó el abogado.

Los cuatro meses de recolección de elementos en la causa, más la reciente denuncia del policía al que le ofrecieron limpiarle el expediente a cambio de amenazar a la familia Ferreira, complican cada vez más la situación de los dos policías acusados de balear a los niños que habían ido a las picadas de motos en el Parque 9 de Julio porque, según el parte publicado por el gobierno tucumano, “circulaban de forma sospechosa”.

Los peritajes indicaron que Díaz Cáceres gatilló catorce balas de plomo, una de ellas dio en la nuca de Facundo, pero también disparó balas de goma contra él y el otro niño, Juan. En tanto, Montes de Oca no solamente tiró contra los niños esa noche sino que, además, lo hizo bajo los efectos del consumo de cocaína y marihuana, según los estudios posteriores.

Los estudios definitivos de la causa revelaron, además, que Facundo no había disparado el arma calibre 22 que fue secuestrada en la escena del crimen y con la cual los policías dijeron haber sido tiroteados. No hubo “enfrentamiento” sino disparos a discreción por parte de los agentes. Esto derrumba la versión oficial de los ministerios de Seguridad tucumano y nacional.

El titular de esa cartera provincial, Claudio Maley, había dicho que el hecho “no se trató de un caso de gatillo fácil, ya que los agentes actuaron contra un claro ataque y contra una agresión, como es su deber y obligación”. Nunca salió a desdecirse. Patricia Bullrich redobló la defensa a los policías. Dijo que “disparar o no por la espalda depende de la situación” y que en todo caso eso “es un detalle”. La reciente denuncia del policía que asegura que otro efectivo le ofreció “ayudar” a los dos policías imputados, es un eslabón más de la cadena de “detalles” que caen contra las fuerzas de seguridad desde aquel 8 de marzo.

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