La Cámara Federal de Casación volvió a anular el sobreseimiento del ex vicepresidente del BCRA Alejandro Fabián Reynal y ordenó a la Justicia que imprima celeridad en la investigación por crímenes de lesa humanidad cometidos que se le sigue al ex funcionario del terrorismo de Estado. Es la segunda vez que el tribunal de alzada interviene en la causa, que busca desentrañar responsabilidades en el secuestro y las torturas sufridas por el ex directivo del Banco Latinoamericano de Inversión Eduardo Ezra Saiegh durante la última dictadura. Luego de haber anulado el sobreseimiento de Reynal en 2016, la Sala II de la Casación hizo lugar al recurso de queja presentado por la querella de Saiegh y deshizo una nueva intención de la Cámara de Apelaciones de cerrar la investigación sin siquiera indagar al ex funcionario civil de la dictadura denunciado. 

Los jueces Ana María Figueroa, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, que integran la Sala II de la Casación, coincidieron en que el secuestro extorsivo, torturas, el robo y la asociación ilícita, entre otros delitos que sufrió en 1980 el banquero Eduardo Saiegh y por los que denunció a Reynal, debían ser analizados como violaciones a los derechos humanos y, por lo tanto, investigados en su calidad de delitos imprescriptibles. Para los magistrados, la opinión contraria que había emitido la Cámara porteña resultó “arbitraria”. 

Con su fallo, además, los jueces remitieron el caso al Juzgado de Instrucción Federal 1, la primera instancia en la que fue trabajado, para que “sin incurrir en mayores dilaciones se continúe con la celeridad en la sustanciación de la causa”.

La demora que acumula el expediente supera los dos años si se cuentan las trabas en la alzada y casi 10 si se tiene en cuenta el punto de partida tras la anulación de las leyes de impunidad. Saiegh presentó en 2009 la denuncia por su secuestro en octubre de 1980. Entonces, y hasta que fallecieron, los hechos también recayeron sobre el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y William Reynal, primo del titular del BCRA entre 1979 y 1981. Desde entonces, el banquero consideró que lo que sufrió fueron violaciones a sus derechos humanos cometidas en la dictadura, profundizadas por su condición de judío. 

El Reynal que sigue vivo y libre fue sobreseído por la primera instancia judicial y por la Cámara de Apelaciones. En ambos casos consideraron que los delitos prescribieron. En 2016, la misma sala de Casación que actuó la semana pasada había ordenado a la alzada porteña que reviera esa decisión. Pero todo lo que hizo ese tribunal en estos dos años fue tomar carrera para insistir en el mismo veredicto. Volvió a fallar por el sobreseimiento y rechazó un pedido de nulidad de la querella por considerar que “no hay constancia alguna que permita sostener que existió durante la dictadura un plan sistemático y generalizado de ataque a una parte de la población civil seleccionada por su origen judío”, dijo la Cámara, que también descartó que Saiegh “hubiera integrado la parte de la población destinataria” del plan criminal de la dictadura, así como que “los hechos que lo pudieran haber damnificado hayan sido crímenes de lesa humanidad”.