Fondos buitre de segunda generación asechan a YPF en los tribunales estadounidenses. La firma Burford Capital Limited logró ayer un guiño de la Corte de Apelaciones para avanzar en su demanda contra la petrolera y la Argentina. A diferencia del tradicional accionar carroñero, el estudio de abogados británico no compró títulos en default de la empresa para reclamar en las cortes el ciento por ciento más intereses y punitorios sino que se hizo con los derechos de un inversor quebrado de YPF para litigar por la expropiación de la mayoría de acciones de la compañía. Un panel de magistrados de segunda instancia desestimó ayer el pedido del Estado nacional para trasladar la causa a los tribunales argentinos y, sin expedirse sobre la cuestión de fondo, reconoció la jurisdicción a las cortes norteamericanas. La causa original está a cargo de la jueza Loretta Preska del Distrito Sur de Mahnattan que reemplazó al fallecido Thomas Griesa. La decisión que anoche estaba siendo evaluada por las autoridades argentinas y los letrados de YPF puede ser apelada ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La disputa comenzó en abril de 2015. Los litigantes cuestionaron que, al momento de hacerse con la participación mayoritaria de YPF en manos de la española Repsol, el gobierno argentino no ofreció comprar la totalidad del paquete accionario como, según alegan, establecían los estatutos de la petrolera. Aunque la compensación prevista por esa supuesta violación no fue precisada, se estipula que el monto reclamado a la petrolera y la Argentina superaría los 1000 millones de dólares. Fuentes del mercado estiran esa cifra hasta 3000 millones. El litigio fue iniciado a través de  las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Con esas firmas la familia Eskenazi había llegado a controlar hasta un 25 por ciento de YPF pero el grupo debió retirarse del negocio ante la imposibilidad de pagar los créditos solicitados a distintos bancos internacionales para ingresar en la petrolera.

Burford ingresó en el marco del procedimiento de liquidación de ambas firmas en los juzgados españoles para impulsar un litigio en Estados Unidos. El síndico español remató la quiebra, cediendo el derecho de hacerle juicio al Estado argentino e YPF. Desde el Grupo Petersen aseguran que el holding “es totalmente ajeno al juicio, ni lo iniciamos ni lo vendimos”. Los buitres británicos, por su parte, no están solos ya que el año pasado vendieron una porción del litigio (y sus potenciales ganancias) a la firma carroñera Eton Park. Los demandantes consiguieron ayer que la Corte de Apelaciones mantenga viva la demanda ya que, según sostiene, correspondía a la Argentina realizar una oferta pública por el restante 49 por ciento de YPF que no fue expropiado a Repsol.

Burford Capital Limited nació el 11 de septiembre de 2009. La compañía está registrada en la dependencia de la corona británica llamada Guernsey, un conjunto de islas que desde el Canal de la Mancha ofrecen sus servicios como guarida financiera y fiscal. Las acciones de la firma especializada en financiar litigios cotizan en el Mercado de Inversiones Alternativas de la Bolsa de Valores de Londres. El caso contra YPF no es el primero que impulsa contra activos recuperados por el Estado argentino. Los británicos se hicieron cargo de sostener la demanda iniciada por Marsans ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, tras la estatización de Aerolíneas Argentinas. Cuando el conglomerado español de turismo y líneas aéreas quebró, Burford se hizo con los derechos del litigio y financió al estudio King & Spalding para sostener vivo el reclamo en el Ciadi. El año pasado el tandem de buitres obtuvo un fallo favorable –apelado– que ordenaba a la Argentina pagar 320,7 millones de dólares a los vaciadores de Marsans por la expropiación de AA en 2008.