Desde Lima
El sistema de justicia peruano ha entrado en una grave crisis. Una crisis de corrupción que también alcanza al Congreso y ha importantes sectores políticos, y que ha gatillado movilizaciones de protesta. La difusión de audios de escuchas telefónicas han puesto en evidencia un organizado mecanismo de operaciones corruptas en el sistema de justicia, con ramificaciones en el Congreso. Negociación de sentencias, tráfico de influencias, nombramientos irregulares de jueces y fiscales, ilegales maniobras políticas para capturar el sistema de justicia cuando importantes dirigentes políticos son investigados por corrupción en el marco del escándalo Odebrecht, han quedado al descubierto con la difusión de los audios que han remecido al país. Este nuevo escándalo de corrupción es una vuelta más de tuerca en el desprestigio de la clase política y la pérdida de credibilidad de las instituciones.
Todo comenzó con las escuchas telefónicas ordenadas a la policía por un juez en el marco de una investigación a una organización dedicada al narcotráfico. Las escuchas pusieron al descubierto los contactos legales de esta organización para asegurarse impunidad y llegaron hasta altos funcionarios judiciales. Los audios se filtraron a la prensa y estalló la crisis. La primera reacción del aparato judicial, y del Congreso dominado por el fujimorismo, fue amenazar a la prensa que los divulgó para que revele sus fuentes, lo que, ciertamente, no ha ocurrido.
En el último capítulo, hasta ahora, de esta crisis, ayer renunció el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, quien no está directamente involucrado en las denuncias de corrupción, al menos hasta el momento, pero ha terminado arrastrado por las oscuras e ilegales maniobras puestas al descubierto en la institución que preside. El primero en caer por los audios que han sacado a la luz la podredumbre del sistema de justicia ha sido el juez superior Walter Ríos, quien fue detenido el domingo luego que se le escuchara negociar sus sentencias y vender sus influencias para designar jueces y fiscales. El magistrado de la Corte Suprema, César Hinostroza, también involucrado en la negociación de sus sentencias -en un audio ofrece la rebaja de pena o la absolución de un condenado por violar a una niña- ha sido suspendido y se ha ordenado su impedimento de salida del país.
En una de las escuchas telefónicas, el juez supremo Hinostroza coordina con su interlocutor una reunión con un personaje a quien se refieren como “la señora K”. Todas las miradas se han dirigido a Keiko Fujimori, cabeza del partido fujimorista, que tiene la letra K como su símbolo. Keiko ha negado ser la señora K, pero todas las evidencias apuntan a ella. La Sala Penal Suprema que presidía el hoy suspendido Hinostroza debe resolverse un pedido de Keiko para que se ponga fin a la investigación fiscal en su contra por lavado de dinero, en relación al financiamiento de su campaña electoral. Keiko está muy comprometida en esta investigación fiscal y lograr cerrarla es fundamental para ella.
Pero este no es el único audio que compromete al fujimorismo. Los audios evidencian un tráfico de influencias en el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de designar jueces y fiscales. El congresista fujimorista Héctor Becerril, muy cercano a Keiko y uno de los voceros de su bancada, aparece en esas oscuras gestiones. En una conversación entre dos integrantes de este Consejo se habla de una reunión de ambos con Becerril en casa de uno de ellos en la que el congresista pidió el voto a favor de uno de los integrantes de este Consejo que postulaba a la presidencia del organismo. Becerril niega la reunión, pero el audio no deja dudas de su existencia, y uno de los dos consejeros que participó en ella, Baltazar Morales, ha admitido su existencia.
El fujimorismo no es el único partido que movía sus fichas en el estratégico Consejo de la Magistratura. Otro audio revela que el congresista Mauricio Mulder, importante figura del partido aprista del ex presidente Alan García, quien es investigado por la fiscalía por corrupción, también coordina una reunión con un miembro de este Consejo, en el que ha quedado en evidencia que los nombramientos de jueces y fiscales se negociaban. Frente a la grave crisis en el Consejo de la Magistratura, el presidente Martín Vizcarra ha convocada para hoy a un pleno extraordinario del Congreso –en receso en estas fechas– para que se debata la destitución de los siete miembros del Consejo de la Magistratura. Ese sería el primer paso para una reforma integral de este cuestionado organismo.
El escándalo también alcanzó al Ejecutivo cuando un audio puso en evidencia una conversación entre el hoy ex ministro de Justicia, Salvador Heresi, con el cuestionado juez supremo Hinostroza, en la que le pide su asesoría para sacar adelante una ley que pondría trabas a las investigaciones judiciales por lavado de dinero.
El presidente ha nombrado una comisión de siete miembros para que en dos semanas presente una propuesta inicial de reforma del sistema de justicia. Ayer, Vizcarra respaldó las protestas ciudadanas contra la corrupción, las que tomaron las calles de Lima y de varias otras ciudades. El caso se presenta como un reto fundamental de su gobierno, y su destino puede depender mucho de cómo enfrente esta grave crisis.
