Opinión
La universidad es un derecho, no un privilegio
Imagen: EFE

En medio de una crisis económica que había definido el día anterior como una “tormenta” y a veinticuatro horas de la llegada de Christine Lagarde a la Argentina, el Presidente de la Nación se tomó veinte minutos para responder preguntas que sus seguidores le hacían llegar en vivo a través de la red social Instagram. 

En ese intercambio, que entre otros temas versó sobre Shakira, Britney Spears, marcas de celulares, series de Netflix, comidas favoritas, y si prefiere Tita o Rodhesia, el Presidente de la Nación se refirió a las universidades públicas. Frente a una pregunta acerca de si hay algún plan para privatizarlas, respondió: “No, la verdad que no. Lo que sí, estamos trabajando con los rectores para que las universidades también, cada vez, entren en un proceso de mejora, mejora de la calidad académica, de la preparación de los alumnos, porque justamente necesitamos profesionales de calidad y aparte los que van a la universidad pública son bancados por todos los argentinos entonces necesitamos que también pongan lo máximo de ellos porque en el fondo es un privilegio, ¿no? Poder llegar a la universidad y que sea en forma gratuita...”. 

Como rectora de una universidad nacional esta declaración me resulta, por muchas razones, sorprendente. 

Quizás el Presidente desconoce que no existe ninguna instancia en la que el gobierno nacional esté trabajando con los rectores y rectoras del sistema universitario público en dirección al mejoramiento de la calidad académica. 

Quizás el Presidente desconoce que recortar 3 mil millones de pesos del presupuesto aprobado por Ley para 2018, retrasar casi seis meses las transferencias de los fondos correspondientes a gastos de funcionamiento poniendo a algunas Universidades en el límite de poder sostener sus actividades, paralizar el desarrollo de la infraestructura destinada a aulas, talleres y laboratorios para la investigación y la enseñanza y deteriorar el salario de docentes y no docentes, no mejora la calidad académica ni la preparación de los estudiantes, sino todo lo contrario. 

Quizás el Presidente desconoce que la paritaria salarial del personal no docente cerró en un 15 por ciento y que la paritaria salarial del personal docente aún no se ha cerrado y que los y las docentes de nuestras universidades sólo han recibido un 5 por ciento de incremento salarial, a pesar de que se acumula ya en lo que va del año un 16 por ciento de inflación y se espera que el año cierre con una inflación mayor al 30 por ciento (dato que, supongo, el Presidente sí conoce bien). 

Quizás el Presidente desconoce que, como consecuencia de la paralización de las negociaciones paritarias con el sector docente decidida por su Gobierno, todas las federaciones sindicales han anunciado como medida de fuerza el no inicio de las clases en el segundo semestre. 

Quizás el Presidente desconoce que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le ha hecho llegar a su jefe de Gabinete, al ministro de Educación y a la secretaria de Políticas Universitarias, por nota primero y en una reunión luego, la preocupación de las autoridades universitarias por la situación crítica en la que se encuentran nuestras instituciones como consecuencia de las medidas tomadas por su Gobierno. 

Y lo que me resulta más preocupante. Es evidente que el Presidente desconoce que la III Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), que coorganizó el propio gobierno nacional a través de la Secretaría de Políticas Universitarias junto con el CIN, la Universidad Nacional de Córdoba y la Unesco, reafirmó en el mes de junio de este año en la Ciudad de Córdoba, “el postulado de la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber de los Estados”. Y no sólo eso. La Conferencia expresó en el preámbulo de su declaración final que “estos principios se fundan en la convicción profunda de que el acceso, uso y democratización del conocimiento es un bien social, colectivo y estratégico esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos e imprescindibles para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña”. 

A cien años de la Reforma Universitaria no se puede seguir sosteniendo que la universidad es un privilegio. La universidad, señor Presidente, es un derecho de los individuos y de la sociedad. Cuenta Ud. con nuestra disposición para generar las políticas necesarias que lo garanticen. 

* Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

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