El 8 de julio, un agente de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires le disparó en el pecho a su esposa y madre de sus dos hijos provocándole la muerte. Cometió el femicidio un domingo a la madrugada, estando fuera de servicio y con el arma reglamentaria. Lejos de resultar un hecho aislado, este caso pone en evidencia un patrón de conducta en el que funcionarios de las fuerzas de seguridad hacen uso armas que provee el Estado para usos particulares, específicamente como instrumento de la violencia de género. “Esta circunstancia nos coloca frente a una realidad que no puede eludirse: la responsabilidad del Estado en estos femicidios. Si bien podemos afirmar que siempre los hechos de violencia de género son el resultado de la ausencia de políticas públicas preventivas, que apunten a cambios estructurales en las relaciones desigualdad, en los casos en que el arma es provista por el Estado la responsabilidad oficial es aún mucho mayor”, dijo la diputada porteña Victoria Montenegro, que presentará un pedido de informes pidiendo explicaciones al Poder Ejecutivo por éste y otros casos similares.
Maximiliano Carlos Leal, de 39 años, es un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Estaba casado con Giselle Noemí Martín, con quien tuvo un hijo que ahora tiene 17 años y una hija de cinco.
El 8 de julio, el día previo a que ella cumpliera 40, la asesinó con su arma reglamentaria, en el PH donde vivían, en el barrio de San Cristóbal. Estaban solos. El hijo había salido y la hija se había quedado a dormir con su abuela y madre de Giselle, Haydeé Vasco.
Lo que pasó en la madrugada de ese día solo Leal lo sabe. El policía llegó al Hospital Churruca a las seis y media de la mañana, con su esposa agonizante y dijo que habían discutido y forcejeado y que se le escapó un tiro. Giselle murió a las pocas horas. Inmediatamente Leal quedó detenido en la Comisaría 28 y luego fue trasladado al Complejo Penitenciario de Marcos Paz. Pidió que lo alojaran en un pabellón para miembros de fuerzas de seguridad y se negó a declarar. Interviene el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 38, Secretaría 132, que inmediatamente, como lo determina la ley en caso de efectivos de fuerzas de seguridad acusados de un hecho delictivo, separó a la Policía de la investigación y puso a cargo a la División de Investigación Penal Administrativa de la Prefectura Naval.
La causa tramita con el número de expediente 40134/2018 y está caratulada “Leal Carlos Maximiliano sobre homicidio agravado por el vínculo” en términos del inciso 1 del artículo 80 del Código Penal. Llama la atención que no se considere en la carátula y el procesamiento el inciso 11 del mismo artículo, que establece el agravante por femicidio. “A juicio nuestro este es un caso de femicidio. No tiene el mismo efecto simbólico para la sociedad toda, incluso a fines estadísticos, aunque tenga la misma pena, el reconocimiento de que este hecho se inserta dentro de un marco de violencia contra las mujeres”, dijo a este diario Pablo Rovatti, a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, organismo que hoy se constituirá en el Juzgado representando a la madre de la víctima como parte querellante.
La mañana del 8 de julio, cuando el hijo mayor de la pareja quiso entrar a su casa no pudo. Llamó a su abuela y ella le pidió a su otro hijo, Leandro, que fueran a la casa. También llamó a una prima, Cynthia, con quien Giselle era muy unida. Nadie pudo comunicarse con Giselle.
Distintos testimonios coinciden en que el acusado era conflictivo incluso con sus vecinos y que era muy agresivo tanto verbal como físicamente con Giselle. Dicen que se ponía muy nervioso, que la insultaba habitualmente y que Giselle estaba cansada de la situación. Hay registros de conversaciones con comentarios de ella del tipo “se hizo el loco mientras comíamos”. En ese sentido, Leal tendría una causa por agresiones a un vecino y también otra por violencia familiar.
“Según datos relevados durante el año 2017 se cometieron 23 femicidios con armas reglamentarias provistas por el Estado, mientras que en 2016 fueron 17. Además del incremento de los casos, lo preocupante de estos hechos es que las armas utilizadas en los femicidios son las armas provistas por el Estado, sea este nacional, provincial o local”, dice Montenegro, diputada de Unidad Ciudadana, y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
En su pedido de informes plantea la necesidad de “pensar aquellas políticas públicas que puedan incidir en la reducción de estos casos, ya sea proponiendo una limitación en la portación del armamento reglamentario, ya sea mediante la implementación de aquellas medidas que permitan reducir la violencia en las relaciones interpersonales de los integrantes de las fuerzas de seguridad”. En la misma línea, el año pasado el ex legislador Gabriel Fuks había presentado un proyecto de ley –que no prosperó– para que los policías denunciados por hechos de violencia de género o familiar no puedan usar su arma reglamentaria fuera de su horario y lugar de servicio.
“La tendencia de los últimos cinco años es que los efectivos policiales matan más personas estando fuera de servicio que en servicio activo”, dice un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En 2017 al menos 69 personas fueron muertas por policías fuera de servicio (es decir, de franco o retirados), un 66 por ciento del total de los casos en los que existe el dato de la condición del funcionario. Además, entre 2016 y 2017 murieron en CABA y Conurbano bonaerense al menos 13 mujeres en hechos de femicidio que involucraron a efectivos de las fuerzas de seguridad. En 10 casos, se trata de varones policías que asesinaron a sus parejas. En 6 de estos 10 casos, la mujer asesinada también era policía.
Según otros datos recopilados por el CELS, en los últimos veinte años casi 500 mujeres fueron muertas, torturadas o heridas en el marco de hechos que involucraron uso particular de la fuerza por parte de funcionarios de las fuerzas de seguridad. Sólo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense casi la mitad de las 169 mujeres fallecidas entre 1996 y 2016 murieron por esta causa.
Otras investigaciones también dan cuenta de la problemática de la violencia de género en el marco de la violencia institucional. Según el Observatorio Marisa Isabel Zambrano de La Casa del Encuentro, entre 2008 y 2012, 76 femicidios fueron cometidos por hombres pertenecientes de las fuerzas de seguridad en el país.
