El escudo de la fe
Una consigna que históricamente ha recorrido las marchas del orgullo en la Argentina –separación de la Iglesia del Estado– vuelve a ocupar las calles y se hará oír a las puertas del Congreso mientras en el Senado se discuta la ley de despenalización del aborto. La necesidad de separar las creencias de los derechos de la ciudadanía aparece como una cuestión a favor de las vidas vivibles. ¿Qué significa y qué efectos tiene la apostasía colectiva que se está convocando para este miércoles?
Imagen: Maia Debowicz

A esta altura, las (no siempre tan altas) discusiones públicas alrededor de la legalización del aborto logran concentrarse en dos miradas del mundo que si bien traspasan la General Paz, no van más allá del par “feminismos/autonomía de los cuerpos/salud pública” de un lado e “iglesia católica/creencias personales” del otro. Imbricados con la disidencia sexual, los feminismos despliegan argumentos de una racionalidad absolutamente ausente en quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo. 

Vale decir, Abeles Albinos hay muchos y de diferente intensidad en su porcelana constitutiva. Lo que los une no es una epistemología ni un marco teórico; ni siquiera se autoconvocan a partir de experiencias personales. Los une la Santa Sede. Sus creencias y su particular interpretación del mundo (no actual). Son los mismos que hace 8 años, durante los debates en torno al matrimonio igualitario, fueron soldados de una “guerra de Dios”. Actuaron también en contra de la ley de fertilización asistida y la ley de muerte digna. 

Hoy, seguros de no poder garantizar ya “familia natural” alguna, a la hora de combatir no preservan ni al preservativo. En este marco, debe llamar la atención la amplificación de una consigna que siempre estuvo presente en cada Marcha del Orgullo LGBTTIQ+: “Separación de la iglesia del Estado”. “Iglesia y estado, asunto separado” sonó, palabras más, palabras menos, con la ley del divorcio en 1987 y sonó en 2010 mientras se discutía la ley de matrimonio igualitario. 

La intervención de la iglesia en la sexualidad -y no sólo en los colegios de curas con las consecuencias más aberrantes ya conocidas- sino en la determinación de lo que es lo natural y lo pecaminoso por fuera de los claustros, su intervención directa en el señalamiento ominoso de las sexualidades disidentes  ha sido sentido con creces así como también señalado por parte de esta comunidad. Ahora, las redes sociales, las mareas en las calles y entonces también el Congreso Nacional, impulsan proyectos concretos para desarticular un vínculo demasiado inextricable, estipulado con suma ambigüedad en el artículo 2 de la Constitución: “El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. Entonces, decir “aborto” también es denunciar, por ejemplo, la sepultura de la ley de educación sexual integral sancionada en 2006, por ejemplo y dentro de una larga lista en la que se nota la cola de la Iglesia operando en contra de lo que vota la ciudadanía. 

Sebastián Freire

   

LAS DOS A: ABORTO Y APOSTASIA 

El próximo miércoles 8, mientras en el Senado se discute la Despenalización del aborto, en la Plaza de los Dos Congresos, la Coalición Argentina por un Estado Laico organiza una apostasía colectiva. La coincidencia no es casual. Ahora, ¿qué significa apostatar y, a su vez, qué implicaría suspender el artículo 2 de la carta magna?

La apostasía es la renuncia a una religión. Para los estados modernos, es un derecho de los ciudadanos vinculado a la libertad de conciencia y a la libertad de culto. Apóstata es quien pide que se eliminen todos los registros en los que su nombre aparece como perteneciente a una determinada religión. Para el dogma católico, la apostasía es un pecado de extrema gravedad en tanto significa un rechazo total a la fe cristiana, tal como describe el Código de Derecho Canónico. Que no sorprenda el absolutismo de este procedimiento para una institución que habla de eternidad: resulta que aún habiendo abandonado, el apóstata bautizado en el catolicismo nunca deja de estarlo. 

Hasta octubre del año 2000, en la Argentina era necesario someterse al código canónico para devenir apóstata pero con la sanción de la ley de habeas data  (protección de datos personales) el trámite es directo. 

Basándose en los registros, se suele argumentar que el 90% de la población argentina es católica y por ende está sometida a sus designios. O no los discute. Numerosas encuestas de organismos científicos han demostrado lo contrario. Quien decida apostatar, verá que al lado de su nombre en el libro de bautismos, aparecerá la leyenda “Abandonó la iglesia católica”, modalidad enunciativa oficial del culto. ¿Llegó el momento? ¿La suma de apostarías individuales -que por segunda vez en décadas, será en manada el miércoles próximo- conducirá a la decisión estructural de dejar de sostener a la Iglesia desde el Estado? En cada punto del país en el que haya movilización, habrá puntos de apostasía a los que se podrá llegar con un formulario ya distribuido masivamente en la web por Apostasía Colectiva No en Mi Nombre CABA y Campaña Nacional por un Estado Laico, entre otras asociaciones. 

Desde la organización, informan que cada asistente puede llevar los papeles de otras personas (si es por duplicado, mejor) y para los menores de edad basta con que los adultos responsables acudan en su nombre. En marzo de 2009, RIMA (Red Informativa de Mujeres de Argentina) junto a la ONG Vox Asociación Civil, la CHA y hasta el grupo ecuménico cristiano Misión Sacerdotal Tercermundista llevaron adelante la primera experiencia semejante. Eran los tiempos del aborto en Uruguay. En ese momento, junto al artista visual León Ferrari, presentaron en el Arzobispado de Buenos Aires una nómina de más de 1000 apóstatas. 

El objetivo general es que ese 90% invocado sea cada vez menor y que en consecuencia descienda la representatividad de la institución. En especial, toda vez que ella regula políticas de estado. En términos presupuestarios, la apostasía no representa menos fondos públicos para el catolicismo y el “sostiene” constitucional. En suma, es un derecho reconquistado (poder irse) sobre uno anterior, usurpado (no estar). 

Sebastián Freire

  

DEVOCION Y DICTADURA

El sociólogo Fortunato Mallimaci, ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es el mayor especialista en los nexos entre Estado, gobiernos y catolicismo a lo largo de la historia argentina. Autor de libros imprescindibles, Mallimaci está doctorado en Francia y es investigador del CONICET. Ante la propuesta por apostatar masivamente, señala: “La apostasía tiene distintos modelos pero en general está basado en modelos europeos donde según la cantidad de fieles cada culto recibe cierto dinero. Lo que pasa en América Latina es que a veces repetimos modelos sin tener en cuenta las condiciones locales. Quienes crean que a partir de eso se van a producir transformaciones en la relación histórica de grupos religiosos y los estados, debo decir que no alcanza. Al querer aplicarlos acá (la apostasía como vía para contribuir a la separación de la iglesia y el Estado) se parte de un error gravísimo: suponer que la iglesia católica recibe el dinero que recibe en función de la cantidad de fieles que tiene. Nada que ver: acá el dinero que recibe la iglesia fue establecido por los decretos de la dictadura. Es independiente de lo que dice el artículo 2 de la Constitución. Es una falacia, que lo que puede generar es que a partir de esa creencia, otros grupos religiosos creen que si suman fieles, van a recibir más dinero. Son los efectos no deseados de esos actos. Me parece bien la apostasía como gesto individual pero para horadar la relación entre la iglesia y el Estado hay que comprender cuáles son las relaciones profundas que las unen.”

Y efectivamente desde Alfonsín a Macri, ninguna gestión de gobierno siquiera sometió a consideración pública los reclamos por un estado laico. Ningún gobierno y ninguna conformación parlamentaria alteró esas normativas y la entrada en vigencia del nuevo Código Civil en 2015 empeoró el panorama: la iglesia católica está considerada allí persona jurídica pública, como un municipio, una provincia o un país extranjero.    

En el país la homolesbobitransfobia, los cuerpos y las sexualidades quedan atadas a un dogma y  la laicidad es un delirio eterno. Al respecto, apunta Mallimaci: “En el caso de la Argentina hay un mito de que somos un país laico que se basa en el supuesto de que el liberalismo argentino desde 1869 se distancia de la iglesia. Es un mito que el liberalismo se haya pensado por fuera y por arriba de la iglesia. El liberalismo impuso que la iglesia como institución deba estar al servicio de ese proceso político. Desde 1869 los hace funcionarios del Estado. Desde esa fecha la iglesia es la única institución equiparable con el Estado, nacional, provincial, municipal. Por eso en la última reforma del código civil había tanto énfasis por parte de otros grupos religiosos en querer dejar de ser de derecho privado para pasar a ser de derecho público como la iglesia. La modernidad religiosa en América Latina no surge a partir de la cantidad de fieles que hay sino de los vínculos estrechos entre el Estado y los partidos políticos”. 

“Mantener a los obispos cuesta $130 millones por año” respondió el Jefe de Gabinete Marcos Peña en marzo, cuando en la Cámara de Diputados el bloque de Evolución que lidera el ex Ministro de Economía Martín Lousteau lo inquirió al respecto. Eso, sólo en sueldos. Caritas, partidas extraordinarias y decretos especiales de cada año, fuera de consideración. 

“Respeto tus creencias, pero pagátelas vos” y “mantengan sus rosarios fuera de nuestros ovarios” son proclamas cada minuto más frecuentes en pañuelos color naranja, memes, gifs y collages semejantes. 

Esto, a un año de que el Poder Ejecutivo impulsara el sangriento proyecto de “ley de libertad religiosa”, rápidamente señalado por múltiples especialistas y activistas como coartada directa a la “objeción de conciencia” personal e institucional en pos de anular matrimonios del mismo sexo y cambios de DNI, entre otros delitos suscriptos allí por el Secretario de Culto Santiago de Estrada, por estas horas al borde del retiro tras casi 50 años de operaciones vaticanas para la dictadura de Onganía, los gobiernos de Menem, los cargos ocupados por Domingo Cavallo y en este último tiempo, el PRO. La “libertad religiosa” no será tal, al menos hasta nuevo aviso. 

Agrega Mallimaci: “El vínculo entre partidos y grupos religiosos (es decir la politización de la religión o la “religiociación” de la política) tiene una larga historia en América Latina. La gran mayoría de las personas que participaron en el proceso independentista proviene de esa matriz religiosa y no es tan fácil cambiarla. Mariano Moreno cuando traduce El contrato social de Rousseau entre 1810 y 1820 y respeta todos los contenidos, pero la parte en la que Rousseau habla de la iglesia los omite. Dice: ´Bueno, en esta parte Rousseau enloqueció. Y saca esos capítulos. No hay que enojarse con Moreno, es sólo el mensajero que nos sirve para comprender cómo esos procesos revolucionarios en América Latina tuvieron especial cuidado con lo religioso. Desde 1869, el ideal fue un catolicismo que acompañe al liberalismo de la moral, las buenas costumbres de la Patria. Es por eso que los gobiernos independentistas delegan en los gobernadores la elección de los obispos. Esto fue así hasta 1966. Despues se supone que los obispos eran elegidos por el Congresos pero en tiempos de dictadura los elegían los militares. Desde la década del 30 con sus gobiernos militares hasta 1983 la iglesia hace amistad total con el Estado”. 

Sebastián Freire

LA COSMOVISION DE LA FE

Adentro del palacio, un volumen de creencias personales y afuera, las vidas a la intemperie. Como apunta Fortunato Mallimaci, votan los senadores, no los obispos, pero la mayoría de ellos, católicos: “Tanto en este gobierno como en el anterior la mayoría son católicos. El problema fundamental es que los partidos no parten de la intención de buscar autonomía del poder religioso sino, muy por el contrario, hacen política suponiendo que en algún momento, crisis mediante, van a necesitar de los grupos religiosos. Ese es el problema de fondo. Los partidos políticos, los medios de comunicación, las ONG, los jueces no prescinden de esas cosmovisiones sino que buscan legitimidad ahí: por ejemplo, alguien que diga que está bien ser rico si lo ganaste así y así, o todo lo honrado que es ser pobre. No hay voluntad política de cambiar el hecho de que la iglesia recibe ese dinero dispuesto por la dictadura, gran deuda de la democracia. ¿Por qué no ha cambiado eso? Porque cada uno sigue suponiendo que no es el momento, y porque siguen pensando que en algún momento su partido necesitará el apoyo de los grupos religiosos. En dictadura se decía que había que tener un coronel amigo y un obispo amigo. Hoy sigue vigente la idea de que hay que tener un sacerdote amigo, un rabino, un pastor. La laicidad no se consigue separándose en masa de los grupos religiosos sino pensando cómo son las vinculaciones de los grupos religiosos con otros poderes. El poder político piensa que tarde o temprano los grupos religiosos van a llegar (en términos de penetración social) a donde ellos no pueden llegar. ¿Y la Iglesia que les contesta? Te banco pero devolveme algo. En Argentina el movimiento de mujeres comprendió esto muy bien. Por eso hoy el debate por el aborto no es solo un debate por la práctica en sí, sino sobre cómo vamos a empezar a concebir por el cuerpo de las mujeres, el patriarcado, la subjetividades de las mujeres. Cómo se va  aparar frente a eso la iglesia, el mundo mediático, el mundo empresarial”. Oremos 

 

8A: VIGILIA FEDERAL EN EL SENADO Y EN TODO EL PAIS

El miércoles 8 de agosto se vota la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado de la Nación. Si el 13 de junio hubo un millón de personas en las calles que rodeaban al Congreso Nacional, la propuesta es por lo menos duplicar el número para esta nueva sesión, a la espera de los resultados definitivos de una votación histórica. Habrá actividades, pantallas con transmisión en vivo del debate, intervenciones político-artísticas, paneles, talleres, bandas en vivo y feria autogestiva feminista.

Miércoles 8 de agosto desde el mediodía en la Plaza del Congreso, Av. Rivadavia 1700.

 

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