Contra el viento, la marea
#QueSeaLey | Las modificaciones al proyecto de ley de aborto legal que obtuvo la media sanción en la Cámara baja tuvieron como responsables a tres representantes de la provincia de Córdoba –Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, de Cambiemos, y Carlos Caserio, de Unión por Córdoba–, un territorio de contrastes donde las manifestaciones feministas son masivas pero los grupos conservadores tienen poder de veto: el aborto no punible no puede practicarse por una decisión judicial que solicitó y consiguió la ONG Portal de Belén.

Una adolescente de 13 años fue abusada por su padre. Cuando llegó al Hospital San Roque le informaron que estaba embarazada. Aunque quisiera no podría acceder a un aborto no punible porque en Córdoba, un recurso de amparo –impulsado por la ONG antiderechos Portal de Belén– impide su aplicación aún en los casos de violación. A Romina Molina, docente, la echaron de un colegio católico y denunció que fue por llevar el pañuelo verde en su mochila. A Fabiola Heredia, la directora del Museo de Antropología, “una agrupación nacionalista” le hizo llegar un pedido de renuncia por organizar en el espacio actividades a favor de la legalización del aborto. En las puertas de ese edificio, el 13 de junio se hizo la vigilia: ahora que las mujeres y personas gestantes hacen suyo el espacio público es momento de plasmar la realidad social en una ley.

Ni un pedido, ni un despido, ni la traba a un protocolo impiden que las cordobesas desafíen los mandatos y levanten los pañuelos verdes cada martes. Semana tras semana, aumentan las acciones para sumar apoyos al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Hubo pañuelazos en sindicatos, frente a la sede local de la CGT, frente a la Catedral e incluso una mañana los pañuelos verdes se desplegaron dentro del Palacio de Justicia. Abogadas, escritoras, docentes, estudiantes, trabajadorxs sociales, de la salud, de la cultura y de la Universidad Nacional de Córdoba también se manifestaron a favor.

Córdoba es una de las provincias que más moviliza durante las marchas Ni Una Menos, lo que demuestra que para quienes habitan esta provincia la agenda de las mujeres, lesbianas, travestis y trans es parte fundamental de las preocupaciones cotidianas y de vital importancia a la hora de pensar sus futuros.

La visibilización en el espacio público cobró potencia con la incorporación de un nuevo sujeto político: las adolescentes, quienes enseñan que la conquista de derechos necesita de la solidez argumental pero también del gozo: defender la vida es una fiesta en sí misma. De eso se trata, de defender el ejercicio de una vida sexual plena. 

El avance en las provincias en relación a la instalación de los derechos sexuales en las agendas de los gobiernos evidencia el crecimiento de la incidencia del movimiento de mujeres en las políticas públicas. A dos semanas de la media sanción del proyecto que prevé la IVE, el gobierno provincial presentó un programa integral para el cuidado de la salud sexual y reproductiva que pone el foco en adolescentes, y en reducir los embarazos no deseados. Sólo apunta a la prevención, fundamental pero insuficiente al momento de garantizar un aborto seguro. 

En el marco de la presentación, el ministro de Salud, Francisco Fortuna, dijo ante los medios que en Córdoba se producen alrededor de 5000 abortos por año. Además, aseguró que la provincia no registra “ninguna muerte materna en el año 2016 como causa de aborto inducido y en los últimos 6 años hubo uno o dos casos”.

Los números corresponden a un informe que aún está en proceso y distan de las cifras que manejan organizaciones de mujeres. Por caso, la Red de Acceso al Aborto Seguro (REDAAS) elaboró un documento  –que fue publicado en abril de este año–  sobre la situación de cada provincia. Según el informe, en Córdoba se registran 16 muertes maternas por año y 2.238 egresos hospitalarios por aborto. 

En Córdoba, el Hospital Privado fue la primera institución que se opuso a la IVE. Acceder a un aborto seguro durante todos estos años dependía de redes feministas. En la salud pública, quienes garantizan la práctica son las integrantes de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir: implementan el modelo de reducción de riesgo y daño que es la consejería pre y post aborto.

El acceso igualitario a la salud está garantizado en la iniciativa que se aprobó en la Cámara Baja. Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez, de Cambiemos y Carlos Caserio, en representación de Unión por Córdoba, son los impulsores de las modificaciones al proyecto inicial. Sólo votarían a favor si los cambios son tenidos en cuenta. Una iniciativa que amplía derechos aunque hace oídos sordos a exigencias claves para el feminismo: realizar abortos legales sin causales hasta la semana 14 y que la objeción de conciencia sea individual.

Cientos de cordobesas replican el acto político de llevar el pañuelo verde. Asumen el desafío porque están a la altura de la historia, una instancia en que se juega la libertad para ejercer los derechos sexuales y reproductivos, y acceder al placer sin riesgos. En una provincia donde durante años primó el sonido de las campanas ahora se masificó una voz: el grito de los cuerpos que exigen libertad.

Audiovisual
Audiovisual
Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ