Las transferencias para gastos de capital hacia las provincias y municipios (inversión en infraestructura y obra pública) registraron en mayo de este año una baja interanual del 33,3 por ciento. Los gastos corrientes también tuvieron una merma del 11 por ciento interanual. Así lo indicó el último informe de Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

El ajuste a las provincias comenzó antes de que el Gobierno anunciara el acuerdo con el FMI. Durante el primer trimestre del año, ASAP ya había registrado una caída del 30 por ciento en los gastos de capital. Si la situación ya era compleja para el conjunto de las provincias, a partir del próximo año será peor.

Para “suplir” el ajuste hacia las provincias, el Gobierno nacional incentivó desde el primer momento a que las jurisdicciones tomaran deuda en dólares. A diciembre de 2017, la deuda en dólares de Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego ascendía a 1915 millones en total. Ese pasivo en moneda extranjera se transformó en un salvavidas de plomo. El caso de Chubut fue emblemático: en julio la provincia debió afrontar el pago de 20,7 millones de dólares de intereses. Hacia fines de mayo, traducido en pesos, debía 519 millones. Luego de la corrida cambiaria y la devaluación, la deuda creció hasta los 588 millones de pesos. En menos de 20 días pasó a deber 69 millones de pesos más de intereses.  

Según información de la Administración Pública Nacional, la inversión real directa y las transferencias de capital devengadas a mayo de este año en comparación con el mismo período del año pasado registraron fuertes caídas en las provincias de la región, a excepción de Neuquén. Otra forma de tener atados de pies y manos a los gobernadores y gobernadoras es a través de los recursos coparticipables y el esquema de compensaciones impuesto a partir del Pacto Fiscal. Una de las primeras medidas de la Alianza Cambiemos fue modificar las reglas de juego de la coparticipación vía DNU, cuando decidió incrementar los recursos dirigidos a la Ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, CABA y la provincia de Buenos Aires empezaron a recibir mayores incrementos en su coparticipación que el resto de las jurisdicciones. Con la llegada del Pacto Fiscal impuesto a las provincias el año pasado, la situación se agudizó. 

Según datos del Ministerio de Hacienda, durante el primer semestre de este año la Provincia de Buenos Aires tuvo un incremento de la coparticipación (sin contar leyes especiales, las compensaciones pautadas en el Pacto Fiscal ni el Fondo Federal Solidario) del 102 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. Es decir, un incremento superior entre 25 y 30 puntos porcentuales a lo que recibió Santa Cruz, Neuquén, Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego. Hasta diciembre de 2015, los incrementos eran parejos para todas las jurisdicciones, a excepción de las tres provincias que habían sido beneficiadas por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que les “devolvía” los recursos que eran detraídos para la Anses. 

Al extender el análisis a los Recursos de Origen Nacional que incluyen leyes especiales, compensaciones, y el FFS, la diferencia entre la Provincia de Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones de la Patagonia sigue siendo abismal, entre 30 y 35 puntos porcentuales.