Un día antes del debate en el Senado se siguieron sumando casos que muestran los riesgos a los que se exponen las mujeres que abortan en la clandestinidad. “Hay policías en las guardias con la oreja parada para dar aviso cuando llega una mujer con un aborto en curso”, denunció la Campaña por el Aborto Legal de Mendoza, en uno de cuyos hospitales se encuentra internada una joven en grave estado.

Una mujer de 34 años quedó internada en grave estado en un hospital de Mendoza, tras haber ingresado a la guardia por haber sufrido un aborto. Desde el centro de salud confirmaron que la paciente ingresó a la guardia con una hemorragia, fiebre y una infección, por lo que debieron extirparle el útero. La mujer, madre de cinco hijos, lucha por su vida en la terapia intensiva del Hospital Lagomaggiore.

“La paciente está en coma inducido, sedada con pronóstico reservado y todavía no pueden hablar con ella por lo tanto el caso no está judicializado”, explicó en conferencia de prensa el director del hospital Mario Bustos Guillén. Según el informe médico, la mujer ingresó a la guardia el jueves 2 de agosto. “Entró caminando acompañada por su familia. Tenía una hemorragia de tres días y fiebre”, confirmó el médico.

Los médicos le practicaron un legrado pero como la infección era mayor de la esperada tuvieron que extirparle el útero y los ovarios. Según la historia clínica no había diagnóstico de embarazo previo.

“Es la maternidad pública más grande de la provincia y hay policías en las guardias con la oreja parada para dar aviso cuando llega una mujer con un aborto en curso”, le contó a PáginaI12 Claudia Anzorena, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Mendoza.

La criminalización y persecución de las mujeres en el hospital Lagomaggiore, según cuenta Anzorena, llega hasta los casos de aborto legal. “Casualmente siempre se filtran los datos de las mujeres con abortos legales de este hospital en donde no sólo se niegan prácticas sino que se denuncia a las mujeres”, agregó.

Según la integrante de la Campaña de esa localidad, producto de las denuncias de los hospitales entre 2011 y 2016 se iniciaron al menos unas 167 causas contra mujeres por el “delito de aborto propio” en Mendoza.

“La presión que vivimos acá las mujeres y quienes luchamos por el aborto legal es muy grande. Amenazaron de muerte a la vicegobernadora de la provincia por manifestarse a favor y tuvieron que evacuar la Legislatura por una amenaza de bomba”, denunció Anzorena sobre la situación que viven en su provincia.

El domingo se conoció el caso de Liliana Herrera, una joven de 22 años que falleció en el Hospital Regional de Santiago del Estero. Era madre de dos hijas, de 3 y 6 años. Llegó a la guardia el viernes desde el paraje Las Lomitas, en el departamento de Loreto, centro de la provincia, luego de practicarse un aborto clandestino y murió producto de una infección generalizada. 

Según la cifras brindadas por el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, durante su exposición en el Congreso, en el país se realizan 354.627 abortos al año, unos 41 por hora. Actualmente, unas 70.200 mujeres deben ser hospitalizadas por complicaciones de abortos algo que con la legalización se reduciría drásticamente a 1.445 internaciones, según detalló el funcionario. La legalización haría que las muertes por abortos inseguros pasen a ser un 92 por ciento menos: de las 37 muertes anuales que hay actualmente con el aborto legal pasarían a ser sólo 3.