La mayoría opositora en la Asamblea Nacional venezolana puso en marcha su estrategia destituyente: aprobó ayer un acuerdo que declara el abandono del cargo de la presidencia por parte de Nicolás Maduro e hizo una petición para adelantar elecciones generales. Con esta medida, que mantiene en alto la pugna política entre la Asamblea y el Ejecutivo, la Asamblea acusa a Maduro de abandonar sus responsabilidades como gobernante, en medio de la crisis económica y social que azota al país. Antes de que el Legislativo aprobara la resolución con 106 votos de 163 escaños efectivos, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia en la que reitera que la Asamblea Nacional carece de competencias para declarar el “abandono del cargo” del presidente.

A su turno, el jefe de la bancada oficialista, Héctor Rodríguez, calificó como una “ridiculez” la declaración contra Maduro, en el primer acto del diputado Julio Borges como presidente del foro legislativo. Otro diputado chavista, Pedro Carreño, también hizo oír su voz en el hemiciclo. “Cuando satanizan las acciones del presidente están reconociendo implícitamente que está gobernando. Es una opera bufa más¨”.

El legislador opositor Henry Ramos Allup, ex presidente de Legislativo, señaló que la declaración es una decisión política que se corresponde con “hechos de la cotidianidad” y admitió que es improbable tanto la salida de Maduro del poder como la convocatoria a nuevos comicios.”Sabemos que no va a haber elecciones, que aunque pase el 10 de enero Maduro se va a quedar en el poder. Pero no sigan metiéndole presión a esta caldera porque si estalla se los va a llevar por delante”, dijo Ramos dirigiéndose a la bancada oficialista. El diputado se refería a que hoy, 10 de enero, Maduro cumple cuatro años en el gobierno y hasta ayer era el límite establecido por ley para que una eventual falta del mandatario obligue a convocar a elecciones anticipadas. Si la votación del Legislativo hubiera sido después del 10 y el mandato de Maduro fuera revocado, sería sustituido por el vicepresidente Tareck El Aissami.

Sin embargo, la utilización de la figura constitucional de abandono de cargo ha sido cuestionada por grupos de la sociedad civil, como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) que la considera “una interpretación forzada” de la Carta Magna bolivariana. 

El acuerdo resumió una serie de acusaciones contra la gestión de Maduro, desde la existencia de más de 100 políticos presos hasta el retroceso de la economía, que sufrió una caída de 12 por ciento del producto interno bruto en 2017, así como una inflación de más de 600 por ciento, según estimaciones que dio la bancada opositora. También mencionó la “confabulación” del Ejecutivo con el TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE) para bloquear el referéndum revocatorio del mandato en 2016 y “negarle al país el derecho al voto”.

Al anunciar la aprobación, Borges dijo que la aspiración con el acuerdo es que en Venezuela haya pronto una “elección, que sea el pueblo el que decida que pueda haber una solución a la grave crisis económica que padece la familia venezolana”.

Con todo, la bancada oficialista dijo que la Asamblea sigue en desacato, ya que “en forma reiterada ha violado las sentencias del TSJ, desconociendo la Constitución y los poderes”. El diputado Pedro Carreño señaló que en la Constitución no aparece la figura de abandono del cargo y acusó a la oposición de pretender “crear una crisis artificial para decir que la solución a la crisis es la salida del presidente por el uso de mecanismos antidemocráticos”. “Ustedes mismos reconocen que Maduro está al frente del cargo. Esto no es más que un show. Deben hacerse una revisión psíquica profunda porque lo que comenten son locuras”, aseveró.

En el debate, el opositor Henrique Márquez dijo que “no hay duda de que el presidente abandonó al pueblo, pues es más que obvio que el pueblo se está muriendo de hambre, ante un gobierno que prometió acabar con la pobreza”.

Maduro conmemora hoy el cuarto año del actual mandato, a partir del cual, si llegara a salir del poder por renuncia o prueba electoral, el gobierno lo terminará el vicepresidente a cargo, en enero de 2019. 

Días atrás Maduro reestructuró el gabinete y creó un “comando antigolpe”, dándole funciones más protagónicas a dirigentes duros de su sector político y del ala militar. Entre ellos figuran el flamante vicepresidente El Aissami; el capitán Diosdado Cabello, número dos del partido gobernante PSUV, y los generales Vladimir Padrino, Néstor Reverol y Gustavo González López, respectivamente ministros de Defensa y de Interior y Justicia, y jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).