Opinión
No a la baja de edad de imputabilidad
 

El gobierno de Mauricio Macri, a través del  ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, pretende instalar nuevamente el debate destinado a incorporar al sistema penal a los y las adolescentes. Es una respuesta simple y represiva  a una problemática compleja. 

Es necesario correr el eje de discusión sobre la baja de edad de imputabilidad dado que los adolescentes de 14 y 15 años son en su mayoría víctimas y no victimarios de las acciones de los adultos.

Resulta imprescindible desarrollar políticas de inclusión social y educativa en los barrios de mayor vulnerabilidad social para prevenir la comisión de delitos. Concentrar la misma energía política con que se discute la cuestión penal para desarrollar programas de intervención con los chicos cuyas prácticas sociales puedan indicar mayor cercanía con situaciones de violencias.

Recurrir a la ley penal y al sistema penal –aun proponiendo su reforma– es un atajo que no se traduce directamente en una disminución de los delitos que quieran evitarse. Será simplemente una respuesta mediática y demagógica frente a una comunidad movilizada por la inseguridad.

Derogar la Ley 22.278 –Régimen penal de menores– es un desafío de difícil concreción. Solamente válido si se reemplaza por un sistema que ofrezca además del debido proceso, penas adecuadas, y dispositivos de responsabilización a través de medidas socioeducativas con la privación de libertad como ultima ratio, en la misma franja etaria de 16 a 18 años. 

Para los chicos menores de 14 y 15 años, es preciso desarrollar nuevas políticas de protección de derechos renovados y actualizados que hoy no existen. No a través del sistema penal.

Diseñar y poner en marcha un dispositivo eficaz que permita avanzar en esta franja etaria en el marco del sistema de protección de la Ley 26061 (Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes) implica un acompañamiento real en intervenciones en territorio para evitar las prácticas delictivas. Deberá articularse con las fuerzas de seguridad de justicia y de juventud y con la comunidad en cada uno de los territorios. Un esfuerzo hasta ahora nunca encarado desde la política social. 

* Directora general de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.