Opinión
La efímera “tarifa social”

Los brutales tarifazos en los servicios de gas y electricidad fueron presentados inicialmente en el relato del Gobierno con una dosis de sensibilidad social. El discurso sostenía, y aún sostiene: los pobres no pagan. Esta afirmación era cuestionable, porque la “bonificación” en la facturación se limitaba a parte del “cargo” o “precio” por el gas consumido. Es decir, de todos los rubros que integran la facturación, solo era sin cargo para el usuario lo que correspondía al precio del gas que cobraban las petroleras. La diferencia era subsidiada por el Estado.

Los beneficiarios, según la normativa inicial, debían pagar como cualquier otro usuario: 1) el “cargo fijo” de la distribuidora; 2) una parte de lo que en la factura se consigna como “cargo por m3°”, que corresponde también al precio que cobra la distribuidora; 3) la tarifa de la “transportadora”; 4) todos los impuestos, inclusive los que ilegalmente se transfieren a los usuarios como el impuesto al cheque y los impuestos a los ingresos brutos de distribuidora y transportadora, el IVA; 5) tasas que ilegítimamente cobran los municipios. En síntesis, nunca el consumo fue gratis para usuarios de bajos recursos, como sostienen habitualmente voceros del oficialismo. En muchos casos el precio a pagar por estos usuarios en sus facturas asciende a miles de pesos.

Pero este “beneficio” no duró mucho, a fines de 2017 los diseñadores del ajuste contra los sectores populares lo pusieron en la mira para sumar a los recortes presupuestarios. Es sabido que en esta política económica y social los únicos que sufren recortes o eliminación de derechos son los trabajadores, jubilados, científicos, estudiantes, ahora toca a los beneficiarios de la “tarifa social”.

El 30 de noviembre de 2017 el ex ministro Juan José Aranguren dictó la Resolución 474, por la que se introducían modificaciones a “los criterios de bonificación para los usuarios de la tarifa social”. El fundamento es ya conocido: “En línea con el objetivo de tender a la racionalización y eficiencia en el consumo, y alcanzar la equidad entre los usuarios de distintos servicios públicos….”.

Concretamente, con el recorte la bonificación ya no será sobre el ciento por ciento del gas consumido, sino que solo a una parte limitada del consumo, con variaciones de acuerdo a los meses del año y zonas del país. Para los usuarios de Ecogas en Córdoba, Catamarca y La Rioja, por ejemplo para el mes de enero, solo se bonifica el ciento por ciento de 15 metros cúbicos de gas y en junio se eleva a 84 metros cúbicos. Es el fin de la tarifa social.

Ante la creciente protesta social por los tarifazos, Aranguren dictó una nueva resolución que dispuso “la suspensión de la aplicación de los criterios de bonificación para los usuarios de la Tarifa Social establecidos en los artículos 4 y 5  de este Ministerio, para los consumos de dichos usuarios efectuados durante los meses de mayo y junio del corriente año 2018”. En este permanente juego de prueba y error con el que se implementa el interminable ajuste de Cambiemos, concedió como una “generosa gracia gubernamental” que en los citados dos meses se bonificará el ciento por ciento del precio del gas consumido.

Los gobernadores se comprometieron a absorber “en partes iguales con el Gobierno nacional el costo fiscal” de la medida. Ninguna de estas resoluciones han tenido la debida difusión pública, y dudamos de su aplicación efectiva, por lo que los usuarios carecen de información, y solo les queda recibir con sorpresa y alarma facturaciones impagables de miles de pesos que contradicen el relato oficial. Hemos podido verificar que Ecogas no ha aplicado la resolución 218 referida a los consumos de mayo y junio, por lo que la pequeña “concesión graciosa” de Aranguren solo quedó en los cambiantes textos resolutivos.

* Ex diputado nacional. Abogado de Ciudadanos contra el Tarifazo.

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