El gobierno de Mauricio Macri le propuso Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal Federal, que coordine la reforma del Código Penal, que iría de la mano con la reforma penal juvenil que tanto ruido generó estos días con la idea de bajar la edad de punibilidad de los menores. El Presidente formalizaría la convocatoria para ambas reformas a través de un decreto que, además, crearía comisiones integradas por expertos con alto perfil académico que trabajan en el sistema judicial en cargos de jueces, fiscales y defensores. En la Casa Rosada aceptarían que se rescate parte del texto elaborado por Raúl Zaffaroni y los juristas que trabajaron con él durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner, pero pretenden que se combine con elementos del proyecto de ley para reformar el código que presentó Sergio Massa cuando hacía campaña con aspiraciones presidenciales en 2015 con un discurso punitivista con el que peleaba al ex juez supremo. El objetivo planteado por ahora no es endurecer las penas de manera generalizada al estilo de Massa (aunque podría ocurrir con algunos delitos como narcotráfico) sino equilibrarlas, algo que han intentado todos los proyectos nunca aprobados después de la reforma Blumberg en 2004. Además se integrarían al código las leyes especiales, tipificar los de lesa humanidad y de violencia de género y dar más protagonismo a las víctimas.
La conformación de las comisiones fue tema en la reunión que mantuvieron ayer el Ministro de Justicia, Germán Garavano y el presidente Macri. Aunque no es un asunto que ataña directamente a los juristas convocados, la redacción de la reforma coincidirá con el año electoral y, de hecho, debería estar redactada para ser presentada a comienzos de 2018 a más tardar, de acuerdo a las pretensiones oficiales. En el Gobierno dicen que, primero, están concentrados los esfuerzos en el régimen penal juvenil, y que analizan cómo avanzar con el Código Penal. Lo cierto es que Borinsky tuvo la propuesta para llevar la voz de mando, según pudo confirmar este diario a través de allegados al proyecto, y éste a su vez está diseñando la comisión con nombres y con metas a cumplir.
Borinsky integra la Cámara de Casación desde 2011, cuando tenía 38 años y fue ascendido con un decreto de CFK. Su fallo resonante más reciente, firmado junto con Gustavo Hornos, fue la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman por supuesto encubrimiento contra los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, en la que se intenta comprometer a la ex Presidenta, al ex canciller Héctor Timerman y al diputado Andrés “Cuervo” Larroque. Antes, Borinsky y Hornos avalaron también la existencia de una causa paralela a cargo del juez Claudio Bonadio pero por traición a la patria. Borinsky fue antes fiscal y tuvo una buena relación con el ex Procurador Esteban Righi. En su gestión estuvo a cargo de la Unidad de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco) y uno de sus trabajos más elogiados fue su investigación y la acusación en el juicio por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia contra Carlos Menem junto con otros ex funcionarios, militares y socios.
Los especialistas hasta ahora consultados, que podrían llegar a integrar la comisión para la reforma penal si Macri finalmente acepta todos los nombres son: Daniel Erbetta (juez del superior Tribunal de Santa Fe y zaffaroniano), Horacio Días (juez de la Cámara de Casación ordinaria conocido por la sentencia, como juez de tribual oral, contra el ferroviario José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra), Fernando Córdoba (ex mano derecha del procurador Righi quien hoy trabaja en la Biblioteca de la Procuración), Pablo Turano (fiscal que concursó en la gestión de Alejandra Gils Carbó y nombró el gobierno de Macri, que trabajó con Borinsky en la UFITCO), Mary Beloff (fiscal general, la más especialista de todo este grupo en derecho penal juvenil), Marcos Salt (penalista y procesalista, especialista en delitos informáticos, asesor en el Ministerio de Justicia) y Guillermo Yacobucci (juez de tribunal oral que votó en 2008 por la liberación de Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta y otros veinte represores de la ESMA y que escribía en la Revista Cabildo, el house organ de la última dictadura). Todos son profesores universitarios, la mayoría en la UBA, aunque a Yacobucci lo convocaron por ser de la universidad Austral.
Que el debate se abriera con la cuestión del papel de los menores en el delito no fue casual: lo generó a propósito el oficialismo, para testear el humor social y político, pero manteniendo una idea firme que ubica a los menores y los jóvenes en el centro de la escena como si fueran el gran problema de los delitos que se cometen, cuando es sabido a través de los múltiples testeos de delitos graves, como homicidios, que su participación es ínfima. De todos modos, una vez instalado el tema, el ministro Garavano salió a decir que “la franja de los 15 años debe ser abordada por la ley” aunque reconoció que hacen falta consensos. Hay una gran discusión, en el ámbito académico, sobre cuál es la mejor manera de dar protección a los menores en la defensa de sus derechos, si un régimen acorde a su edad que establezca cuándo son penalmente responsables u otro que favorezca la internación en institutos que terminan siendo equivalentes a la cárcel.
En cuanto al Código Penal propiamente dicho todo el mundo está de acuerdo en que se debe reformar después de sufrir 900 parches desde su creación y de quedar completamente desequilibrado con las leyes Blumberg, que agravaron los delitos contra la propiedad que contra la vida, entre otras cosas, y en algunos casos absurdos pusieron penas elevadísimas para delitos como el robo de ganado. Eso todavía sigue así, después de comisiones de reforma tanto en los gobiernos de Néstor Kirchner como de Cristina, la última presidida por Raúl Zaffaroni pero integrada también por Leon Arslanian, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra y María Elena Barbagelanta.
“El objetivo no es incrementar penas sino que el código sea reflejo de los valores de la sociedad argentina contemporánea, e incorporar delitos de femicidios, lesa humanidad con genocidio y desaparición forzada, y quizá elevar penas para narcotráfico entre otras cosas, además de sistematizar medio centenar de leyes especiales”, explicaron conocedores del plan. Todavía está todo bajo análisis y habrá que ver qué se analizar al evaluar “los valores de la sociedad”.
