A lo largo de casi 70 años, la sociedad argentina ha logrado generar un conglomerado científico-tecnológico-industrial que ha colocado a nuestro país en una posición importante y respetada a nivel internacional en el terreno de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear y perinuclear. El principal motor ha sido el Estado a través de sus inversiones y de su gran poder de compra, logrando organizar instituciones de Ciencia y Técnica (CyT) de primera magnitud como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) pero también un conglomerado de empresas públicas, como Investigación Aplicada Sociedad del Estado (Invap), propiedad del Estado Rionegrino; Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado (ENSI), propiedad parcial del Estado Neuquino y de la CNEA, con su Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP); Dioxitek S.A. y Nucleoeléctrica Argentina (NASA). Además ha sabido convocar a empresas privadas nacionales para conformar emprendimientos conjuntos como Combustibles Nucleares Argentinos (CONUAR) y a muchas otras empresas grandes, medianas y pymes que han apostado al desarrollo de esta tecnología como proveedores calificados.

Es pertinente mencionar que la Argentina optó, en la primera mitad de la década de los 70, por la línea de reactores de uranio natural y agua pesada para independizarse de la costosa y proliferante tecnología de enriquecimiento de uranio, que aún hoy no poseemos a nivel industrial. Nuestras tres centrales de potencia trabajan de manera segura con esta tecnología que hoy en día dominamos después de muchos años de trabajo e inversión y que además tiene un gran potencial de innovación. Una de las más grandes y exitosas inversiones para sostener esta línea fue la construcción de la PIAP, una verdadera joya tecnológica que necesitamos para proveer de agua pesada de altísima calidad a nuestras centrales presentes y futuras y a los reactores de investigación que fabrica y exporta INVAP. Acabamos de tomar conocimiento de la dolorosa, insólita e ilegal circunstancia de que se han acabado los fondos para pagar los sueldos de los trabajadores de la PIAP.

El gobierno acaba de despedir a 250 trabajadores de planta permanente de NASA como una primera consecuencia de la cancelación del proyecto de la cuarta central de agua pesada, con financiación muy conveniente asegurada, de enorme interés para nuestro país y habla de una compra “llave en mano” de un reactor chino en el 2022. Esta es la peor combinación posible. La cuarta central iba a ser financiada en un 85 por ciento por China y la participación de nuestro país iba a ser dominante (70 por ciento) con una perspectiva de continuidad para numerosas empresas pequeñas, medianas y grandes que habían apostado e invertido en tecnología e instalaciones. Si ésta es la manera en que el gobierno quiere alentar y cuidar las inversiones productivas estamos en graves problemas. Nosotros queremos evitar que se cancele el proyecto de la cuarta central por las consecuencias devastadoras que tendrá y que ya está teniendo. La destrucción de la unidad de gestión de NASA, donde hay personal altamente capacitado que participó en la muy meritoria construcción y puesta en marcha de Atucha II y que está participando en la extensión de vida de la central de Embalse, no solo es una injustificable dilapidación de un capital humano muy valioso sino que es riesgo para la operación de las centrales nucleares existentes que requieren conocimientos y capacidad de diseño local. Este capital humano será aprovechado en otras latitudes donde se están construyendo muchas centrales nucleares configurando un nuevo capítulo en la fuga de cerebros de nuestro país. Recordemos además que la cancelación contraviene la ley 26.566 que explícitamente declara de interés nacional la construcción de la cuarta central.

A este cuadro desolador se suman despidos en Dioxitek, la empresa encargada de fabricar el compuesto base de los combustibles nucleares.

Estas decisiones destruirán miles de puestos de trabajo altamente calificados (aquellos que Cambiemos se comprometió en su campaña a cuidar y fomentar) y ponen en grave riesgo la continuidad del sector dilapidando el capital acumulado durante casi 70 años de trabajo continuado y fecundo que posicionó a nuestro país entre los más avanzados en tecnología nuclear.

* Investigador superior de la CNEA-Conicet. Profesor titular Unsam.