¿Cuánto pesa un año y medio de pena? ¿Existe una balanza que mensure el dolor de la pérdida? ¿O no hay medida existente para calcular una angustia que nació para quedarse? Alberto Tieppo y Luciana Marchegiani se comparten, casi sin conocerse, esas inquietudes. Los aplasta el recuerdo y no hay justicia que les calme el vacío. Eran parte de las vidas de Cintia Albornoz y María Belén Genga, respectivamente, dos de las personas que viajaban en los inseguros colectivos de Monticas que se embistieron de frente en la insegura Ruta 33 el 24 de febrero de 2017, 18 meses y tres días atrás en el tiempo. La investigación, que lidera el fiscal Walter Jurado, no tiene imputados. “La causa está como el primer día, inmovilizada, no se sabe qué pasó”, se queja Alberto. “Va a ser un caso más como el de la calle Salta, en Rosario, que tampoco aparecen responsables”, asiente Luciana. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) informaron a Rosario/12 que “se prevé” que “para un lapso aproximado de entre uno o dos meses” la Fiscalía tendría “concluida la estructura de toda la causa, que es muy grande”, para formular las imputaciones.
Antes del mediodía de un caluroso viernes de febrero dos unidades de Monticas chocaron brutalmente de frente, en el kilómetro 779 de la Ruta Nacional 33, a la altura de Pérez. Fallecieron trece personas y hubo unos veinte heridos. El caso fue tomado por la Unidad de Homicidios Culposos, por el fiscal Jurado, que desde hace “un mes y medio” está abocado al relevamiento final, análisis y evaluación de todas las documentales que tiene sobre el caso. Pero los familiares de las víctimas están disconformes con el proceso, lo juzgan lento y sin avances. Como dice el abogado de la familia Genga, Fernando Braconi: “Es una causa que se tendría que haber resuelto mucho antes, hubo un mal manejo por parte de las pruebas, las pericias, como es una causa donde hay fallecidos, la justicia tendría que haber actuado muchísimo más rápido, la dejaron diluir”.
Jurado, cuentan desde el MPA, mantuvo reuniones con colegas de Buenos Aires que intervinieron en la causa de la tragedia de Once, con quienes “intercambió opiniones sobre la estructura de causas de este tipo y está armándola”. Hace unos días estuvo en la ciudad de Santa Fe “recabando información y datos que tienen que ver con la empresa” y entre 30 y 60 días “puede tener concluida la estructura de toda la causa”. Por el momento, explicaron, se mantiene la reserva sobre las imputaciones que va a realizar.
Tieppo compartía la vida con Albornoz, con quien tuvo dos hijos. Se ampara en García Márquez para sintetizar al accidente como “una muerte anunciada”. “Hubo un abandono previo tremendo, Monticas iba avisando, siempre tenía problemas”, recuerda. En rigor, la empresa de transporte tenía quejas de pasajeros en todos los corredores de la región donde prestaba servicios. Pero el enfado de Alberto no es solo contra la firma. Observó “abandono en todos los que deberían ser protagonistas”, menciona a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y al gobierno provincial, “que debería haber controlado como corresponde”.
“Hay familias destruidas, del Estado no tuvimos nada, hubo un abandono del Estado aterrador. Acá hay una voluntad de que todo esto se olvide, nosotros como víctimas y la gente que nos rodea se da cuenta, encima vienen las elecciones. Hay dejadez desde donde lo mires, espero que en algún momento tengamos una respuesta”, se descargó.
Braconi e Ignacio Rondo son abogados de los Genga. El primero asegura que “ya debería haber imputados” y afirma que el secreto de sumario se extendió “tremendamente” más de lo debido. El “eje troncal” de la causa, describe, siempre fue el reventón de un neumático de la unidad que provocó el choque.
Marchegiani es prima de María Belén, una mujer de 41 años que quedó en estado de coma desde el momento del impacto. “Está exactamente igual que el primer día, en estado de coma, tiene algunos reflejos, escucha, abre los ojos, ve, pero no se puede comunicar de ninguna manera. Todo lo que es la parte voluntaria, que está en el lóbulo frontal, fue donde recibió el mayor impacto. Perdió todo tipo de contacto neurológico, consciente”, describe Luciana.
Genga permanece internada en su casa, en San José de la Esquina, está asistida las 24 horas del día por médicos y enfermeras. El gobierno provincial asiste a su familia en términos económicos. “Es lo mínimo que pueden hacer por ella, es algo que la familia no podría solventar jamás, necesita todo externo para sobrevivir”, contó Marchegiani.
Los Genga derivaron todo el seguimiento de la causa en el abogado Braconi, porque como cuenta Luciana, no les cambia nada que haya o no un responsable. “Es horrible lo que estoy diciendo porque solo un milagro puede hacer posible que la realidad de ella cambie. Ante semejante panorama, el resto no importa. Como casi todas las causas en esta Argentina quedan en la nada misma, todo está encajonado, frío, desde el primer día, nadie da una respuesta certeza, no sabemos qué pasó con las pericias, ni aparece ningún tipo de responsable porque nadie da la cara, siempre que hay intereses económicos de por medio, esto sabe, y uno que es un ciudadano común queda un poco a la deriva y a la buena suerte, porque nadie sale a responder por el ciudadano común”, dice Marchegiani.
