Un regalo tóxico en la casa de CFK

Los allanamientos en inmuebles de Cristina Fernández de Kirchner en la causa de las fotocopias de los cuadernos terminaron ayer a la tarde, después de una inspección de tres días a la casa en El Calafate y en medio de una gran controversia por la modalidad de los procedimientos, la filtración de supuestos hallazgos y un informe del juzgado de Claudio Bonadio publicado el viernes que anticipaba sus conclusiones –pese a que aún no resolvió si procesa o no a los imputados– sobre la existencia de una organización de ex funcionarios que, afirma, recibía pagos ilegales que llegaban hasta Néstor Kirchner y la ex presidenta. Ese reporte sitúa los hechos entre 2008 y 2015 y casi no menciona a los empresarios contratistas en la asociación ilícita, sino que sólo se refiere a ellos como “privados” de quienes se obtenía plata. Por ese reporte, el defensor de CFK, Alberto Beraldi, acusó al juez de “prejuzgamiento” y amplió la recusación que ya había presentado después de que le impidiera presenciar el allanamiento al departamento de Recoleta. También denunció que después de aquel operativo quedó un “tóxico de contacto” en la vivienda, que afectó a las tres personas que fueron durante el sábado a limpiar y ordenar, quienes debieron recibir asistencia médica. El jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, replicó: “No se usó ningún tipo de químico, no se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista”. Una de las mujeres que estuvo en la vivienda relató a PáginaI12 que el médico que la revisó en el Hospital de Clínicas le dijo: “Esto es algo muy tóxico, me atrevo a decirte que es veneno”.

Los procedimientos policiales en las viviendas de la ex presidenta empezaron el jueves, en el departamento de Juncal y Uruguay y en la casa de Río Gallegos, y siguieron el viernes con el inmueble en El Calafate, donde el juez ordenó seguir con sus rastreos durante todo el fin de semana. Quería constatar –según indicó a la Policía Federal– si había una bóveda y si se detectaba algo adentro de las paredes. Los agentes encontraron un subsuelo que no describieron al juzgado como una bóveda sino como algo que pudo haberlo sido alguna vez, aunque no está claro. Dentro de las paredes no encontraron nada: sólo se toparon con un material muy duro y con marcos metálicos que complejizaron la búsqueda, según allegados a la investigación. Aparecieron también carpetas y pendrives con información, por ejemplo, sobre decisiones de Bonadio (en causas a su cargo) y sobre la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fallecido Alberto Nisman (son extractos de una página de internet manejada por Iván Velázquez, un ex agente de la Policía Aeroportuaria que ella misma investigó por pinchar e-mails). Según trascendidos, había información sobre el empresario Francisco de Narváez, el ex jefe de operaciones de la ex Side Antonio “Jaime” Stiuso y el financista Federico Elaskar. “No tiene ninguna importancia lo que se llevaron”, les dijo la ex presidenta a quienes le consultaron en su círculo más cercano.

“Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u objetos que puedan tener una procedencia ilícita”, remarcó Beraldi. “Las cosas que Bonadio ordenó secuestrar no sólo no guardan relación con el objeto de la causa, sino que además son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación no tiene otro propósito que generar daño y humillación. Pero además y como muestra de la persecución política de la que mi defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación directa con el cargo de senadora (...) ni siquiera se salvó el único auto que mi representada tiene: una camioneta Honda del año 2009” añadió Beraldi. También señaló que “no hay cadena de custodia de las cosas requisadas” y que cada vez que se interrumpió el procedimiento el domicilio quedó “bajo la disposición discrecional de la fuerza policial” sin ninguna supervisión. “No sabemos quién entra o sale de la casa –escribió cuando todavía el allanamiento estaba en curso– y, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba falsa.”

En el mismo texto, Beraldi puso de relieve un hecho que describió como “de extraordinaria gravedad” y relató que el sábado fue al departamento de la calle Uruguay la persona que habitualmente asiste a CFK con las tareas del hogar, junto con dos personas (familiares suyas) para ayudarla. Era la primera vez que entraba alguien allí pos allanamiento. “Cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la garganta y los ojos y dificultades para respirar –describió el abogado–. Como los síntomas persistieron durante el resto del día, el domingo 26 de agosto concurrieron a la guardia del Hospital de Clínicas (...) se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva exposición al mismo ambiente” (ver testimonio aparte). Esa evaluación consta en un certificado que también fue difundido. El jefe de Policía, Roncaglia, dijo que “no se usó ningún tipo de químico; no se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista. Vaya a saber por qué motivo se sintieron mal”. Beraldi explicó que CFK no va a volver a ese departamento hasta que no tenga una evaluación certera de lugar. Duda, por ejemplo, sobre la presencia de micrófonos.

En Comodoro Py, el defensor hizo otra presentación donde amplía los fundamentos de la recusación contra Bonadio que presentó después de que, a contramano de las normas procesales, le impidiera presenciar el allanamiento en la vivienda de Recoleta. 

Beraldi añadió que el juez “prejuzgó”. Se basó en un informe que publicó el  por el Centro de Información Judicial (CIJ) el viernes, donde el juzgado de Bonadio hizo un racconto de todo lo que hay en la causa y dio como un hecho la existencia de “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal (Julio de Vido), entre 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos, empresarios contratistas de la obra pública del Estado”. Beraldi planteó que, de este modo, “previo a resolver la situación procesal de las personas que han sido indagadas”, Bonadio “ha efectuado un juicio de mérito anticipatorio sobre las pruebas que dice poseer en la causa”. “El prejuzgamiento da lugar a un fundado temor de parcialidad”, subrayó.

El CIJ es la agencia de noticias que maneja la Corte Suprema, más precisamente su presidente, Ricardo Lorenzetti, quien además, días atrás, recibió a Bonadio en su despacho y luego difundió que le había dado respaldo a su proceder, cuando es sabido que dentro de la comunidad jurídica, incluso en Comodoro Py, llueven críticas a su proceder (desde el hecho de haberse quedado con el caso sin mandarlo a sorteo hasta las detenciones de empresarios y ex funcionarios que sólo recuperan la libertad si se convierten en arrepentidos y acusan a otros). El comunicado del juzgado es inusual. La agencia de noticias en cuestión suele publicar fallos o medidas importantes, o actos protocolares, pero no balances ni estado de cosas en una causa. Puede leerse, por ende, en la misma línea de aquel aval supremo al juez: un mensaje político hacia varias audiencias y una presión sobre otros jueces y la Cámara Federal, que hasta ahora hizo los deberes y convalidó todo lo actuado por el juez (rechazó nulidades , recusaciones y excarcelaciones). Los nuevos planteos de CFK obligarán a este tribunal de alzada a pronunciarse otra vez. Ayer, por lo pronto, el presidente de la Cámara, Martín Irurzun, le confió a Bonadio una nueva investigación basada en lo que dijo Norberto Oyarbide al ser indagado: que fue presionado para cerrar una causa por enriquecimiento contra los Kirchner.   

La síntesis publicada por el CIJ deja la certeza de que Bonadio dictará procesamientos masivos pero también interrogantes. ¿Es un apoyo al poder de Bonadio exclusivamente? ¿Es también (una vez más) un lanzamiento de Lorenzetti, que vuelve a despuntar fuertes aspiraciones de poder en momentos de debilidad institucional del Gobierno? ¿Es el anuncio de que el juez en algún momento dejará la causa? 

En su resumen, Bonadio circunscribe llamativamente los hechos entre 2008 y 2015, a pesar de que los cuadernos de Oscar Centeno empiezan en 2005 y de que algunas de las personas indagadas bajo la fórmula del arrepentimiento –como el ex funcionario Claudio Uberti, el empresario Carlos Wagner y al parecer también el ex secretario de Obras Públicas José López y el financista Ernesto Clarens– hablan de pagos y contratos anteriores al período marcado por el juez. Esto dejaría a salvo a Iecsa, en el período que era manejada por la familia Macri, lo mismo que la concesionaria de la Panamericana, también de los Macri, y también a la empresa Techint en el período señalado por Uberti (quien fue funcionario entre 2003 y 2007).  Además, es curioso que el texto del juzgado enumera, con nombre, apellido y cargo, a los ex funcionarios de todos los rangos que están involucrados,  pero a los empresarios los menciona de manera genérica como “privados”, “contratistas”, de quienes los miembros del Gobierno “procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas”. Una mirada contemplativa, a tono con el papel de víctimas presionadas para entregar dinero que ensayaron varios empresarios para evitar la cárcel o salir de ella.