Un tribunal español dictaminó ayer que la violencia machista es un delito contra la seguridad pública al atentar contra derechos fundamentales de las mujeres, por lo que se le denegó la residencia a un ciudadano extranjero, en una sentencia pionera de este tipo. Se trata del caso de un marroquí que había sido condenado por maltratos y que por la revocación de su permiso de residencia, por tener antecedentes penales, apeló la medida. Un juez de primera instancia le dio la razón con el argumento de que no existía un peligro grave para la sociedad y el orden público y valoró que pagase la pensión alimentaria de su hijo. La Fiscalía apeló ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En la nueva sentencia, se considera que “los delitos de violencia de género son delitos graves que afectan a los derechos fundamentales de las mujeres y por lo tanto afectan negativamente a la seguridad pública”.