El Gobierno insiste en mostrarse hiperactivo con la discusión de una reforma penal juvenil y, con ella, la de la edad de punibilidad de los menores. Ayer convocó a una reunión con especialistas, funcionarios, legisladores, ONG, Unicef y jueces para empezar a acordar los ejes de un anteproyecto de ley que será enviado al Congreso como parte de un paquete que reformaría al Código Penal. Las caras visibles del evento fueron el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los cerca de ochenta asistentes se dividieron en ocho grupos de trabajo por temas y acordaron que la cuestión de la edad en que un menor entra al sistema penal será el último punto de discusión. Una mayoría bregó por postergar el debate legislativo para después de las elecciones.  

Es ya un clásico del repertorio político instalar la discusión sobre la edad de punibilidad de los menores y el régimen penal para ellos cuando suceden determinados hechos violencia que los implican como el asesinato de Brian, y que generan cierto estado convulsión e indignación en algunos sectores. La preocupación central es mostrar que hay una intención de dar respuesta ante el delito. La discusión focalizada ahora en los jóvenes los demoniza y asocia con ellos el concepto de inseguridad. Esta semana, Bullrich dijo que “un adolescente que mata sabe lo que hace” y que un régimen penal juvenil es necesario para “que no haya impunidad”. El ministro Garavano sostuvo ayer que “más allá de la edad o las circunstancias, violar la ley tiene consecuencias y daña a la sociedad, sobre todo cuando los jóvenes son nuestro futuro”.  

En la reunión, Bullrich planteó que había que impulsar la ley ya mismo e incluirla en las sesiones ordinarias lo antes posible, marzo o abril. Pero la gran mayoría de los presentes discrepó con esa idea y, a menos que haya absoluto consenso, nadie cree que sea constructivo motorizar el debate parlamentario antes de las elecciones legislativas. Los senadores peronistas Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino se lo dijeron abiertamente. También la representante de Unicef, Ana de Mendoza, y Garavano. Después Bullrich, en conferencia de prensa, remarcó que el proyecto final “lo resolverá el Congreso”.

En el encuentro hubo cerca de ochenta personas, que se organizaron en distintos grupos de trabajo que se ocuparán de estos ejes: “abordaje temprano; medidas alternativas a la privación de la libertad, medidas alternativas al proceso y medidas restaurativas como posibles sanciones; condiciones de detención que fomenten la reinserción; delitos y sanciones acordes a la Convención de los Derechos del Niño; condiciones de detención que fomenten la reinserción; sistema de articulación permanente; sistema de información; programa preventivo no judicial y por último edad de imputabilidad”. Este punto quedó para el final a pedido de Laura Musa, de la Fundación Sur, ex titular de la Asesoría Tutelar, para tratar de evitar que contamine la confección de todo el régimen.

Aunque lo pongan en una mesa de discusión, el Gobierno apunta a que el proyecto tome como base el que ya tuvo media sanción en el Congreso, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Distintas organizaciones y expertos conformaron una red que intenta transmitir que bajar la edad de punibilidad con el argumento de que habrá un régimen que dará garantías a los menores es una falacia. Para ellos, los menores de 16 años no pueden entrar al sistema penal juvenil y sus problemáticas se deben abordar con un enfoque social y los derechos del niño. Como informó PáginaI12, se reunieron en la Legislatura y tratarán de introducir su punto de vista. La ley que rige hoy, que data de la última dictadura y que todo el mundo coincide en que hay que derogar, establece un régimen que fija la edad de punibilidad en 16 años: a partir de esa edad hasta los 18 los juzga un juez de menores; para los menores la norma prevé la “tutoría”. Los chicos pobres, que carecen de contención familiar y un tutor cercano posible, terminan institucionalizados en establecimientos que funcionan como cárceles desde edades tempranas.

El secretario de política criminal, Martín Casares, será el coordinador de esta reforma. En la reunión de ayer, hubo políticos del peronismo y del massismo. Participaron funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y familia (SENAF) de Desarrollo Social, ministros provinciales, jueces, fiscales y defensores,  académicos, representantes de ONG y Unicef. Serán siete u ocho expertos los que redacten el proyecto para una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Garavano también explicó que se articulará con la comisión que trabaje en el proyecto de reforma del Código Penal, que coordinará el juez de la Cámara de Casación Penal Federal Mariano Borinsky, quien viene firmando sentencias que agradaron al gobierno, como la reapertura de la denuncia de Alberto Nisman.