En el Gobierno aseguran haber sentido en los últimos tres días de la semana una sensación de alivio, porque el dólar detuvo su raid alcista y el Banco Central no se vio obligado a seguir vendiendo reservas. Para las pymes, en cambio, no hubo tregua. “Los precios de nuestras materias primas están dolarizados, muchas son importadas y otras tienen proveedores nacionales monopólicos que cotizan sus productos en dólar; esto quiere decir que lo que produjimos hace 60 o 90 días con un dólar a 25, y lo vendimos con ese valor de referencia, hoy, cuando recién lo estamos cobrando, para volver a producir tendremos que pagar materias primas e insumos a un dólar de 38. ¿Quién va a pagar la diferencia?”, se preguntó Marcelo Fernández, titular de la Confederación General Económica (República Argentina), Cgera. La entidad que preside, junto a dirigentes de gremios industriales, presentó una propuesta ante el Ministerio de Producción para que se contemple esta situación. Se reclamó, como medida de emergencia, que por los próximos 30 días se disponga que las pymes que importan materias primas e insumos y tengan productos en Aduana, puedan liquidar las cargas e impuestos de los mismos calculados por el dólar vigente antes de la megadevaluación. “No es una solución de fondo, pero es una forma de ayudar a que el proceso productivo no se interrumpa; porque así como están las cosas, nadie está en condiciones de abonar lo que le reclaman para retirar de Aduana lo que ya importó”, explicó Fernández, ampliando la descripción de esta complicada realidad.

Aquí, allá, en todas partes

Lo que cuenta Marcelo Fernández es parte de un estado de colapso económico que afecta a empresas industriales, productores agropecuarios e infinidad de sectores sin espaldas suficientes para desviar al negocio financiero sus apetencias de rentabilidad, o bien gozar de una posición de mercado que les permita trasladar al resto el costo de la catástrofe económica. En el sector agropecuario, la decisión oficial de despedir masivamente del ministerio del área a técnicos y profesionales que se desempeñaban en la asistencia a pequeños agricultores de unidades familiares –con la posterior eliminación de la cartera de Agroindustria– dejó sin respaldo a decenas de miles de productores. Esa agricultura familiar tiene en el Estado una vía irremplazable para garantizarse el acceso a herramientas de trabajo, insumos, tecnología y, en muchos casos, la logística para llegar al mercado de consumo. “Es como si nos hubieran transformado en personas en situación de calle”, señaló un productor de la Región Noroeste para describir el impacto de la retirada del Estado.

El ajuste económico, menú que incluye megadevaluación, tasas de referencia usurarias, caída del salario real y reducción del apoyo del Estado a la economía, empieza a estallar en diversas áreas a la vez. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, OCLA, en el último año (con datos al 23 de agosto) cerraron en el país 604 tambos. Si bien el sector se encuentra en un proceso de concentración que no sólo se verifica en nuestro país sino también en el mundo, lo notable es la aceleración que se observa en ese proceso en los últimos meses. Entre 2010 y 2015, se redujo la cantidad de tambos en 263 unidades, a una media de 0,4 por ciento por año, pero en 2016 desapareció el 1,2 por ciento (135 tambos), en 2017 el 1,8 (205 tambos) y en 2018, 5,0 por ciento con respecto al año pasado.

Dentro del sector industrial, se calcula que en los últimos tres años han desaparecido unas 7000 pymes. Y las que han logrado sobrevivir, atraviesan una situación extremadamente delicada después del último mega ajuste. Marcelo Fernández lo grafica con el siguiente ejemplo: “Lo que produje comprando materia prima a 25 pesos hace tres meses, lo vendí dándole una financiación de 60 días a mis clientes, que son mayoristas del comercio local. Hoy cuando tengo que reponer la materia prima, tengo que pagarla a 38 pesos. ¿Quién pone los 13 pesos de diferencia? ¿Y cómo se financia? Porque el otro tema es que, si tengo que descontar un cheque en el banco para financiarme, resulta que hoy me cobran una tasa del 5 por ciento mensual. Se lo describo en números: si yo tuve una facturación de 2,5 millones de pesos en este período, al costo de la producción cuando lo produje (dólar a 25) son 100 mil dólares, pero ahora cuando los cobre, con un dólar a 38 son 65 mil dólares, que ya no me alcanza para cubrir los costos de la nueva producción”. 

El titular de Cgera calculó que, en promedio, cada empresa pyme debería agregar entre un millón y 1,5 millón de pesos este mes a su capital de trabajo para poder afrontar el mismo nivel de producción de tres meses atrás, por efecto de la devaluación sobre sus costos. Esto abarca tanto al sector metalúrgico, como el textil, el de alimentos y tantos otros que dependen de materias primas importadas o de producción nacional con precios dolarizados, usualmente en manos de grandes firmas con comportamiento monopólico en sus respectivos sectores. Ha sido una práctica usual, en las últimas dos semanas, que estas grandes firmas enviaran una nota de débito a sus clientes indicando el plus de precios, sobre el anteriormente facturado por la venta de una materia prima, por la incidencia de la devaluación.      

Cgera ya elevó, junto a representantes de varios sindicatos de trabajadores industriales, una propuesta para que el gobierno atienda esta situación con un paliativo concreto: que reduzca la carga aduanera para nacionalizar (ingresar al mercado interno) las materias primas e insumos importados que ya se encuentran en puerto. “Lo que pedimos es que se calculen los distintos impuestos, tasas y cargas por nacionalización de las materias primas importadas, al valor del dólar del momento en el que hicimos la operación, es decir a 25 pesos por dólar. Pedimos que solamente se aplique durante los próximos 30 días y únicamente para la importación de materias primas e insumos para la producción. Es una forma de ayudar a que no se corte el proceso productivo para los que aún estamos en actividad”, explicó Fernández.  

¿Mejora en la competitividad?

Para estos sectores industriales, como para muchos otros, tanto en el sector manufacturero como en el agro, esta política está lejos de haber resultado en una “mejora de la competitividad argentina” frente al mundo, como suelen recitar funcionarios y analistas del llamado mercado. Al contrario, descolocó a la mayoría de sectores que dependen del mercado interno y vieron resentirse la capacidad de compra de sus habituales consumidores. La devaluación, además, produjo una remarcación muy elevada en los precios finales, pero no va a ser pareja entre todos los sectores. Aquellas empresas que no estén ubicadas en una posición dominante en sus respectivos mercados, no tendrán opción para trasladar el ciento por ciento del impacto sobre sus costos. 

En sentido contrario, las firmas con posición dominante y acceso al mercado internacional podrán especular con la ventaja de la “megadevaluación”, trasladándola en su totalidad al mercado interno o, en algún caso, destinar a la exportación lo que dejan de vender internamente. Se trata de una mínima proporción de empresas, principalmente ubicados en el complejo agroindustrial o en los rubros de insumos difundidos, en los que existe una extrema concentración. Son los que trasladan a las industrias locales que utilizan sus productos como materia prima el 100 por ciento de la devaluación, como si esta afectara a la totalidad de sus costos. Son pocas, pero muy poderosas. ¿Actualizarán el salario de sus obreros por el mismo nivel de la revalorización del dólar?