El presidente del Superior Tribunal de Chubut se presentó ante la comunidad mapuche reprimida
La Justicia hizo un gesto de acercamiento
El juez Panizzi dijo que buscaba “canales de diálogo”. El acercamiento fue valorado por los organismos de derechos humanos.
Los representantes de organismos de derechos humanos dieron una conferencia de prensa en Esquel.Los representantes de organismos de derechos humanos dieron una conferencia de prensa en Esquel.Los representantes de organismos de derechos humanos dieron una conferencia de prensa en Esquel.Los representantes de organismos de derechos humanos dieron una conferencia de prensa en Esquel.Los representantes de organismos de derechos humanos dieron una conferencia de prensa en Esquel.
Los representantes de organismos de derechos humanos dieron una conferencia de prensa en Esquel. 

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Alejandro Panizzi, se presentó ayer ante la comunidad mapuche Pu Lof, víctima de brutales operativos represivos en la última semana, para intentar generar “canales de diálogo” en nombre del máximo órgano judicial de la provincia. “Es un mensaje que deberían leer todos los jueces provinciales, en particular los que ordenan allanamientos sin ningún tipo de supervisión”, destacó Diego Morales, abogado del CELS, presente en el encuentro. Referentes de derechos humanos que viajaron a la Patagonia para acompañar a las víctimas de la violencia estatal esperan ser recibidos el lunes por el gobernador Mario Das Neves, quien ayer intentó despegarse de los operativos de la policía provincial y Gendarmería al centrar la responsabilidad en el juez federal Guido Otranto. “Esta represión a gente que defiende su tierra es algo exorbitante. Romper un diálogo para reprimir es una vergüenza hacia comunidades a las que hace más de 500 años se persigue y no se les permite vivir con libertad sus derechos”, afirmó anoche Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, durante una conferencia de prensa en Esquel junto con María del Carmen Verdú (Correpi) y Pablo Pimental (APDH La Matanza), entre otros. Amnistía Internacional Argentina, por su parte, lanzó una acción urgente por la represión en el departamento de Cushamen “para exponer ante los ojos de la comunidad internacional lo que está ocurriendo en territorio mapuche”.

Integrantes de comunidades mapuches se concentraron ayer frente al Hospital Zonal de Bariloche, donde continúan internados dos de los diez heridos durante el ataque de la Infantería provincial del miércoles a la noche. “Pedimos seguridad ante todo. Ni siquiera podemos confiar en que los internados van a estar protegidos. Uno de ellos ya está en sala común y hasta ahí puede ingresar cualquiera, desde un policía hasta alguien enviado por los terratenientes”, explicó Fiorella Jones Huala, hermana de Fausto Jones Huala, internado en terapia intensiva con un hematoma en la cabeza y politraumatismo de cráneo. Quien permanecía en una habitación común es Emilio Jones, que fue operado de la mandíbula, destrozada por un balazo policial. Los tres mapuches detenidos el martes durante el operativo de Gendarmería podrían ser liberados en las próximas horas a partir de un cambio en su situación procesal, ya que serían imputados por delitos de baja intensidad como resistencia a la autoridad y lesiones leves.

Pasadas las tres de la tarde, Panizzi se presentó ante la comunidad Pu Lof en nombre del tribunal que preside y afirmó que quería dar un mensaje hacia la justicia provincial, hacia los mapuches y hacia las víctimas de la violencia estatal. El magistrado explicó que la función de los órganos judiciales no es sólo investigar crímenes y garantizar derechos sino también gestionar situaciones y que la primera herramienta que tiene la justicia penal es el diálogo. Propuso en concreto interceder para generar canales de diálogo. La reacción de la comunidad ante la propuesta fue reclamarle “gestos concretos”, garantías sobre el fin de la violencia estatal y su propia integridad de física. Panizzi les explicó que eran cuestiones a evaluar en función de la concreción o no de una mesa de diálogo. Entre los presentes, incluidos representantes de organismos como el CELS y la APDH, coincidieron en que esa mesa debe incluir a representantes del gobierno provincial y del Estado federal. “Fue un mensaje muy significativo: la máxima cabeza de un órgano del Estado provincial ofreciendo conformar una mesa de diálogo. Deberían tomar nota todos los jueces provinciales, en particular los que ordenan allanamientos sin ningún tipo de supervisión”, destacó Morales en diálogo con PáginaI12.

“El que mandó a reprimir es el mismo juez que los liberó: el juez federal Guido Otranto”, afirmó ayer Das Neves. “Es el que debe hacerse responsable porque fue el que originó todo esto. Fue el que mandó a reprimir, y (ordenó el operativo a) la fuerza de Gendarmería, no fue el gobierno provincial”, destacó el mandatario, que tiempo atrás denunció a Otranto por mal desempeño. “Es el mismo juez que los liberó”, agregó en referencia a Facundo Jones Huala, dirigente de Resistencia Ancestral Mapuche. Das Neves pidió “no hacer política con el tema de la represión”,  cuestionó “la forma en que fue planteado el tema en algunos medios nacionales” que “toman esto como una cuestión progre, cool”, y también criticó a la Iglesia. “Soy católico pero creo que la Iglesia se tendría que preocupar por cosas que tiene que ocuparse como temas de pedofilia, abuso, y no salir con el facilismo con el que han salido”, dijo.

Amnistía, por su parte, lanzó ayer una “acción urgente” e hizo un pedido de acceso a la información a la ministra Patricia Bullrich y al gobernador Das Neves. Recordó que durante los operativos “se registraron golpes, palazos, balas de goma y plomo, tirones de pelos contra mujeres, hostigamiento a niños y niñas”, con “un saldo muy alto de heridos, algunos de gravedad”, y reclamó “investigaciones exhaustivas e imparciales”. “Es fundamental que se proteja a la comunidad, por eso lanzamos esta acción urgente, para exponer ante los ojos de la comunidad internacional lo que está ocurriendo en territorio mapuche”, expresó Mariela Belski, directora de Amnistía.

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