El ajuste clandestino
Imagen: Leandro Teysseire

El gobernador sanluiseño Alberto Rodríguez Saá puso el grito en el cielo antes que nadie. Nos quieren hacer aprobar el presupuesto 2019 y no lo muestran, alegó. Difícil de rebatir hasta para la maquinaria de propaganda macrista.

El Gobierno nacional diseñó un menú de dos pasos con los gobernadores opositores: sendos encuentros sucesivos con el ministro del Interior Rogelio Frigerio (nieto) y con el presidente Mauricio Macri. Un par de fotos de familia para llevar en triunfo al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero, ay, la postal no es bastante para saciar al organismo quien pide como prueba de amor el apoyo opositor a la “ley de leyes”. Mantener dicho documento en la clandestinidad no ayuda, como clamó “el Alberto” y coincidieron sus colegas, los más duros, los conciliadores y, a regañadientes, casi todos los sumisos. Firmar a ciegas un pagaré en blanco… too much.

El cónclave con Frigerio fue “malo” califican dos de sus contrapartes. El hombre quiso hacer digerible una pócima, lo parafraseamos: “el FMI no audita el déficit de las provincias, así que se lo endosamos, después los ayudaremos”. Como barrer la basura y esconderla bajo la alfombra de otro. Jugada endeble porque la Nación no tendrá una moneda para ayudar.

En la breve previa del encuentro de Macri se formuló a los mandatarios provinciales una oferta imposible de aceptar: firmar una “adenda”, un agregado al Pacto Federal Fiscal. Menos frondosa y detallada que el Presupuesto fantasma pero con similar espíritu. Si usted es suspicaz, ya adivinó: la adenda tampoco fue exhibida. Les darían un vistazo en medio de la charla, casi un trabajo práctico de lectura veloz. No se rubricó.

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El oficialismo ofrece pocos incentivos a cambio de altos tijeretazos. Se “concede” a los territorios poder seguir cobrando sin baja de tasas Ingresos brutos y Sellos. Dos problemas ahí: la recaudación posible no compensa todo lo que Nación quita. La segunda, que viene en hilo: siendo tributos ligados a la actividad el producido bajará mientras siga la malaria, como mínimo hasta las elecciones de 2019.

La suba de la alícuota del impuesto nacional a los bienes personales situados en el exterior tampoco compensa. Nada para este año: se comenzaría a cobrar en 2019 (el largo plazo) y recaería exclusivamente sobre los anticipos que no llegan al 40 por ciento del total posible. 

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Varios partidos opositores confían en voltear en el Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que discontinúa la transferencia a provincias y municipios del 30 por ciento del Fondo Federal Solidario (alias “Fondo sojero”). Por ahora, está vigente… los “gobernas” no lo incluyen en sus cálculos.

Nación retractó, de momento, el recorte del subsidio a la tarifa social eléctrica. Las provincias pulsean para consolidar ese compromiso verbal, etéreo.

 También reclaman (con distintos énfasis) se reponga el subsidio para el transporte. Si no ocurriera deberían subir el precio de los boletos, acaso al doble o al triple del costo actual. O castigar a los laburantes de sus distritos. 

Una bronca adicional de los gobernadores: la poda atañe al transporte intraprovincial pero no al interprovincial. La diferencia va mucho más allá de dos letras. El intraprovincial es el que se desarrolla en un solo distrito. El inter, entre dos o más. La mayor concentración de transporte entre distritos comunica a Buenos Aires con la Ciudad Autónoma. Millones de pasajeros, fortunas para solventar. Los territorios exentos del hachazo son gobernados por dirigentes de PRO.

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La devaluación paraliza la economía. Ni siquiera todos los exportadores se benefician porque hay mundo más allá de la soja. Los productores que necesitan créditos para prefinanciar exportaciones (un incentivo clásico) lo tienen vedado porque las tasas son exorbitantes, cuando hay oferta. El costo del transporte que aumenta casi semanalmente y la retracción del consumo local agregan goles en contra.

Dotar al Gobierno nacional del Presupuesto es en principio buena praxis. Pero éste abusa cuando exige a las provincias que se coloquen la soga al cuello para firmar un dibujo falso, con cifras ridículas o voluntaristas (como el Presupuesto 2018).

La Casa Rosada aspira a federalizar los costos sociales y políticos del ajustazo. Con malicia, acusa al peronismo de desestabilizador, de poner en jaque la gobernabilidad. No hay tal, la zozobra con riesgo de irse a pique la genera el programa concertado con el FMI.

Así están las cosas, sin que se vislumbre una luz en el horizonte.

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