El Juzgado Criminal y Correccional Federal 3 de La Plata otorgó un hábeas corpus preventivo a una docente y militante social de esa ciudad y exhortó al secretario de Cooperación con los Poderes Constitucionales del Ministerio de Seguridad nacional, Pablo Noceti, a que desde la cartera “extremen los debidos recaudos a efectos garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales” de la mujer y “velar para que se evite todo menoscabo a los mismos ante el supuesto de incluirla en investigaciones o informes” del ministerio, según postuló en su resolución el juez Ernesto Kreplak. La docente solicitó la medida de protección tras vincular dos intrusiones violentas a su casa con el hecho de que la cartera comandada por Patricia Bullrich la incluyó con nombre y apellido en el “Informe RAM”, que publicó para intentar quitarse de encima su responsabilidad en la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado a través de la denuncia del “accionar violento y delictivo” del supuesto grupo Resistencia Ancestral Mapuche.
la doceente es una maestra jardinera, militante social y sindical de La Plata. Con el acompañamiento de la agrupación jurídica de derechos humanos Justicia Ya, acudió al juzgado de Kreplak para reclamar, a través de un hábeas corpus preventivo, que “se adopten las medidas necesarias para garantizar” su “libertad ambulatoria e integridad física”.
¿Por qué? La mujer advirtió ante el juez que entre abril y mayo, en dos oportunidades, la casa donde vivía con su hija, menor de edad, fue “violentada”. En ninguno de los episodios le robaron elementos de valor. Solo rompieron cosas y “se llevaron papeles e información personal”, aclararon en el colectivo Justicia Ya. Ante Kreplak, la docente vinculó los hechos con “una persecución hacia su persona debido a su militancia política, y especialmente con la inclusión de su nombre en un informe difundido por el Ministerio de Seguridad en el mes de diciembre de 2017, denominado ‘Informe RAM’”.
La primera vez, el 15 de abril pasado, al llegar a su casa la docente advirtió que “una reja de hierro había sido arrancada para ingresar a su domicilio, dentro del cual encontró todas sus pertenencias revueltas, algunas de las cuales quedaron destrozadas”, pero no faltaba ningún elemento de valor. Entonces, contó según quedó registrado en el fallo de Kreplak, se instaló en otro lugar.
El 20 de mayo siguiente, de madrugada, una vecina le avisó que estaba escuchando “ruidos de rotura de cosas” en la casa que había dejado temporalmente. Cuando se acercó a la mañana, encontró todo roto de nuevo. En esta ocasión, algo faltaba: “Un cajón con papeles personales y una computadora vieja”, informaron en Justicia Ya. “Al no faltar objetos de valor no indicaría que se trató de un intento de robo, sino eventos violentos con el objetivo de obtener información personal sobre ella. A la docente la vinculan con la RAM luego de revisar su perfil de Facebook, no sabemos de qué otras acciones de inteligencia fue víctima.”
Antes de habilitar el hábeas corpus, Kreplak pidió explicaciones al ministerio encabezado por Bullrich. A Noceti le pidió que ratificara el informe con el que la ministra dio incontables conferencias de prensa para denostar a la comunidad mapuche con la que se había solidarizado el joven Maldonado cuando desapareció, el 1 de agosto de 2017. Noceti confirmó ese documento en el que Seguridad asegura la existencia de “un incremento del accionar violento y delictivo” de la RAM, cuyos integrantes “promueven una lucha insurreccional contra los Estados argentino y chileno, que persigue el fin último de escindir los llamados ‘territorios ancestrales’ de ambos países y conformar un Estado nuevo”. En múltiples ocasiones, miembros de las comunidades mapuche que conviven en Argentina desmintieron tal información.
Kreplak también le pidió a Noceti que explicara el involucramiento de la docente y militante social platense en el informe. El Ministerio de Seguridad reconoció ante el juez que fue a partir de datos recolectados en Facebook la razón por la que consideraron que la docente estaba vinculada con la RAM, pero intentaron bajarle el tono al documento al remarcar su carácter de “informe” y no de “investigación”. Un perfil con un nombre que no es el real de la militante, que integraba un grupo de esa red social llamado “Colectivo Anarquista Regional La Plata”, que “interactuaba en las redes con Nadia Paris y Moira Ivana Millán, referentes de la RAM, además de tenerlas como amigas”, transcribió el juez en su fallo, en el que no hizo lugar a la “discusión semántica” que estableció el ministerio.
“Es evidente que desde el órgano estatal referido se han efectuado de manera oficiosa averiguaciones respecto de la docente, que han implicado una búsqueda direccionada de información referida a su persona”, postuló.
“El Ministerio de Seguridad está reconociendo que realiza investigaciones de inteligencia en redes sociales, que espía los perfiles de la gente, en este caso de una militante social y sindical y que con los datos que encuentra, sin más, elabora un informe en el que establece acusaciones. No sigue el menor protocolo, todo una acumulación de ilegalidades y procedimientos inconstitucionales”, advirtieron en Justicia Ya, ante la consulta de PáginaI12.
En ese sentido, Kreplak en su fallo hace un comentario al respecto. Si bien no plantea que “a priori” no puedan vincularse los hechos sufridos en el domicilio de la militante con su presencia en el informe del ministerio, advierte que las “investigaciones previas llevadas a cabo respecto de la accionante que no habrían sido requeridas por autoridad judicial alguna”.
Según consideró la abogada de Justicia Ya, la información proveniente de Facebook “no es una prueba certera para acusar a nadie. La docente puso ‘asistir’ a una actividad de solidaridad con el pueblo mapuche. De ahí a ser cómplice de un grupo supuestamente insurrecto hay un abismo”.
Los episodios violentos en su domicilio no fueron el único costo que provocó en su vida cotidiana la vinculación con la RAM que el Ministerio de Seguridad hizo de ella. Porque también perdió algunos trabajos en jardines de infantes privados. “La verdadera y más grave consecuencia de todo esto –concluyeron en Justicia Ya– es la persecución política a los militantes sociales para infundir terror sobre lo que su activismo pueda llegarles a ocasionar.”
