Sea cual sea el color político local, no hay gestión de gobierno que pueda surfear en Santa Fe la crisis que produjo la política económica de la Casa Rosada. Municipios gobernados por el Frente Progresista, el peronismo e incluso Cambiemos admiten sin tapujos que hacen malabares para cerrar las cuentas a fin de mes. “Sufrimos una caída de ingresos propios de un 32 por ciento en los últimos sesenta días”, destacó el intendente justicialista de Pérez Pablo Corsalini. “Estamos complicados, mucha gente que vive en los asentamientos irregulares empieza a tener problemas”, reveló el socialista y galvense Alberto Ricci. “Nos toca transitar un contexto con una situación económica adversa y está claro que los municipios somos los que más sufrimos este tipo de situaciones”, reconoció el PRO de Funes Diego León Barreto.

La quita del Fondo Sojero, a mediados del mes pasado, fue la novedad que detonó la bronca en los mandatarios locales. En la mayoría de los casos, el aporte se utilizaba para la obra pública de mediana y chica envergadura, pero fundamental para el andar de las gestiones. Mejorado de calles, luminaria, zanjeo, aspectos clave para que un municipio o comuna tenga buena imagen entre sus pobladores. La compensación que ofreció el gobierno nacional en las últimas horas, según creen, no incidirá en demasía.

“Estamos muy preocupados por el contexto en general, sobre todo lo que es la caída de los ingresos del Municipio y en la microeconomía local hay un parate bastante importante, con muchos negocios vacíos y falta de circulación de dinero”, diagnosticó Corsalini. Pérez perdió un 32 por ciento en dos meses en recaudación de TGI y DReI. “Es un golpe muy duro, la quita del Fondo Sojero, que eran 350 mil pesos mensuales, fue muy significativa porque es plata que iba directo a obras de infraestructura en los barrios, pero sobre todas las cosas al comercio, a proveedores, generaba movimiento de divisas en la economía local”, amplió el intendente.

La pérdida rotunda de ingresos hizo que Pérez se replantee “el día a día”. El Estado local es uno de los “empleadores más importantes de la ciudad” y Corsalini asegura que busca ser “sumamente responsable en garantizar salarios”. Pese a que eso signifique postergar “un montón de otras cosas que el vecino reclama y lo empieza a sentir en los servicios básicos”. “Lo que uno tenía proyectado para este año hace ya dos meses y medio que venimos trabajándolo en el día a día”, graficó el intendente.

Ricci, por su parte, dividió en dos el análisis. Habló, por un lado, de la actualidad del importante sector industrial de Villa Gobernador Gálvez, en el cual las manufactureras “no la están pasando bien”, producto de despidos y suspensiones. La cadena de inyección plástica “achicó a la mitad su producción”. El cárnico, en cambio, dice el intendente que presenta “varias cosas positivas”.  Pero el punto más complejo del presente de la ciudad lindera por el sur con Rosario es la situación social. “Estamos presentes antes de que sucedan graves acontecimientos”, se sinceró el socialista. “Han subido algunos índices de desocupación, hay más gente asistiendo a los comedores públicos. Se está notando que los chicos no pueden tener a la noche en la casa su plato de comida, por eso empezamos a dar copa de leche en doble turno. Además, hay un llamativo incremento de consultas de salud, un aumento superior al 50 por ciento con respecto al año pasado. La gente se queda sin trabajo, sin obra social, y se atiende en el hospital público”, agregó.

El macrista León Barreto, que juega en línea con Nación, también padece los recortes. Espera, demasiado paciente, el envío de fondos para obras trascendentes en Funes que la Rosada le prometió al inicio de su gestión. Pero reconoció la situación de crisis y dijo: “Se hace muy difícil afrontar todo los trabajos que necesita la ciudad en servicios y obras”.