La asamblea de vecinos autoconvocados de Villa Urquiza, que nació tras la debacle del 2001 y que funciona desde entonces en terrenos del ferrocarril Urquiza, sobre la avenida Triunvirato, entre Roosevelt y la vía, está en estado de alerta ante el inminente desalojo que llevará adelante el gobierno nacional para continuar con la privatización de tierras públicas para desarrollos inmobiliarios privados. Liliana Rodríguez, tallerista del espacio comunitario, explicó a PáginaI12 que el juicio para desalojar el lugar avanzó sin que la Asamblea fuera notificada, por lo que no tuvieron derecho a la defensa, y señaló que “a través de una ley de la dictadura, la Agencia de Administración de Bienes (AABE) permite que esos terrenos se pongan a la venta”. “Nos reclaman que nos vayamos para entregar esos terrenos para hacer tres torres”, apuntó la asambleísta y señaló que “hay un pedido de nulidad presentado, pero el desalojo puede caer en cualquier momento”.

El juicio de desalojo fue iniciado por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) para desocupar los terrenos aledaños a la estación Urquiza, donde además de la asamblea, en Triunvirato 4778, hay unas canchas de futbol y algunas viviendas precarias, que también serían desalojadas.

Rodríguez, psicóloga del hospital psiquiátrico Alvear, donde da un taller para externar pacientes en el marco del programa de Promoción Cultural de la Salud, que replica en el espacio barrial, contó que “desde hace una semana estamos día y noche defendiendo el lugar, con el apoyo del barrio. Nos están tratando como si fueramos ocupantes, cuando somos una asamblea horizontal que no lucra sino que trabaja para la comunidad”. En este sentido, años atrás, un fallo de la Cámara Federal consideró que no es delito tomar posesión de un inmueble abandonado del Estado, como lo era el local donde funcionaba la pizzería La Ideal que los vecinos recuperaron para armar la asamblea, si sólo se persigue un interés comunitario.

“En la asamblea funciona todos los días, de 18 a 21, el bachillerato popular Berta Cáceres, que da títulos oficiales. Mantenemos una consejería pre y post aborto, que es emblemática en la lucha por la ley del aborto. Hay talleres de electricidad, de tango, de cuentos, biblioteca al paso e infinidad de actividades de integración”. “Hay una gratiferia, se entrega ropa gratis y desde hace un mes se mantiene una olla popular. Las personas en situación de calle saben que acá tienen un lugar de contención: pueden tomar una sopa caliente, un té y estar el tiempo que necesiten”, explicó la tallerista.

Para preservar ese espacio, los asambleístas convocaron a la comunidad y organizaciones sociales a sumarse a la resistencia con las consignas: No a la venta de tierras públicas, Basta de negocios inmobiliarios, No al desalojo de viviendas y de la asamblea, y sí a las ollas populares. El abogado especializado en Derecho Ambiental y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, explicó a este diario que “al asumir (Mauricio) Macri como presidente, emitió decretos que autorizaron la venta de cientos de inmuebles del Estado a través de AABE. El año pasado, la Legislatura aprobó la venta de los terrenos de Villa Urquiza, que rezonificó para permitir proyectos inmobiliarios (el 65 por ciento para espacio público y el 35 para desarrollo privado), en un convenio entre Ciudad y Nación. De la venta, que ya tiene fecha de subasta para noviembre, Nación se queda con el valor del suelo anterior al cambio de zonificación, y Ciudad, con la plusvalía”. Sin embargo, el letrado remarcó que “es ilegal autorizar la venta de tierras que son del Estado nacional sin pasar por el Congreso”, y remarcó que no se está garantizando “la protección de los derechos culturales de la ciudadanía. El Estado, que reconoció a la Asamblea, tiene que avanzar y no retroceder”.