Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), destacó la inconstitucionalidad de la resolución 268/18 de la Agencia Nacional de Discapacidad: “Esa resolución no es válida, así como tampoco lo es el decreto. Pero como no se derogó, cada vez que se aplica ese decreto tiene que haber un juez que dictamine su invalidez. O el Congreso tiene que actuar”.
El fallo de la doctora Cammarata “se basó en una cuestión formal, pero no hubo ninguna resolución sobre la cuestión de fondo. Entonces, le permitió al Gobierno maquillar al monstruo y ganar tiempo –aseguró Suleiman–. Ahora, mientras se expidan sobre la apelación, apareció esta resolución. ¡Hay que pedir turno por teléfono en la Anses! ¿Cómo probás que no te lo dieron?”
Una de las cuestiones más graves para Suleiman es que “la aplicación del decreto 432/97 a rajatabla deja a los chicos afuera, porque no tienen dictamen de invalidez laboral. ¿Van a quedarse sin pensión?”. Hay otros casos que involucran a chicos que también quedarían sin cobertura, como por ejemplo un nene cuadripléjico que queda afuera porque su papá tiene un trabajo en relación de dependencia (el hecho de que no llegue a los 25 mil pesos de sueldo no es relevante para el Gobierno y lo considera fuera del universo de los posibles beneficiarios).
