El Tribunal de Enjuiciamiento suspendió a Musse Chemes
Hasta el día del juicio
En un proceso oral y público el juez de Vera deberá afrontar las dos acusaciones que le reprocha el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre: ignorancia manifiesta del derecho e incumplimiento reiterado de sus obligaciones.
Musse Chemes absolvió a acusados de violación y abuso de niñas y adolescentes.Musse Chemes absolvió a acusados de violación y abuso de niñas y adolescentes.Musse Chemes absolvió a acusados de violación y abuso de niñas y adolescentes.Musse Chemes absolvió a acusados de violación y abuso de niñas y adolescentes.Musse Chemes absolvió a acusados de violación y abuso de niñas y adolescentes.
Musse Chemes absolvió a acusados de violación y abuso de niñas y adolescentes. 

Desde Santa Fe

El Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados –que integran la Corte Suprema de Justicia, dos legisladores de la provincia y dos abogados del foro- le abrió ayer el proceso de remoción al juez de sentencia de Vera, Nicolás Musse Chemes, y lo suspendió en el cargo. Lo hizo un año después de que la diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez, lo denunciara por supuesto “mal desempeño” y a un mes de que el gobernador Miguel Lifschitz le rechazara la renuncia con la quería zafar del jury. Ahora en un proceso oral y público deberá afrontar las dos acusaciones que le reprocha el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre: supuesta “ignorancia manifiesta del derecho” e “incumplimiento reiterado de sus obligaciones”.

Muse Chemes fue denunciado por Gutiérrez por “sus reiterados fallos sexistas”, entre ellos el caso C.E.R., una joven abusada por su padre que fue absuelto por el magistrado y obligó al gobierno de Lifschitz a pedir disculpas a la víctima y reparar el daño para evitar la condena internacional de la provincia y de la Argentina, en la ONU.

La diputada Gutiérrez solicitó la remoción del juez el 5 de junio de 2017 y lo ratificó a la semana, el 13 de junio, ante el entonces presidente de la Corte, Daniel Erbetta. La acompañaron en el escrito sus colegas Luis Rubeo, Inés Bertero, Verónica Benas, Silvia Augsburger y Jorge Henn.

El fundamento es la cantidad de casos en la que Musse Chemes “absolvió a acusados de violación y abuso de niñas, adolescentes y mujeres al no considerar los testimonios y declaraciones de las víctimas, minimizando las pruebas y evidencias contra los imputados y, sobre todo, responsabilizando a las niñas por los hechos, a contramano de todo lo prescripto por las leyes nacionales y convenciones internacionales”, dijo la legisladora.

El mismo 13 de junio, la Corte despachó el expediente al procurador Barraguirre, pero éste recién lo devolvió al Tribunal de Enjuiciamiento el 14 de agosto, y a pedido del propio Tribunal.

El 23 de agosto, Muse Chemes formalizó la renuncia ante la Corte y hasta le puso fecha a su cese: el 1º de setiembre. La Corte la aceptó. El 24 de agosto, Lifschitz cumplió la reparación de la joven del caso C.E.R. Y el 6 de setiembre, por decreto 2451, le rechazó la dimisión porque lo contrario –lo que hizo la Corte- significaba que “el proceso de enjuiciamiento que se le sigue podría quedar extinto”, dijo el gobernador. “Resulta manifiesto el interés público en que se determinen las responsabilidades de quienes ejercen cargos y funciones de alta trascendencia”, agregó. Y eso “amerita agotar todas las instancias disciplinarias a la que se encuentran sujetos”, agregó el mandatario.

Lo llamativo es que el decreto 2451 advirtió que el proceso a Muse Chemes hasta ese momento (el 6 de setiembre) estaba “en trámite la integración del Tribunal, sin contar con una acusación formal” en los términos de la ley de 7.050.

Sin embargo, ayer el Tribunal se reunió en la Corte, consideró la “acusación” contra Muse Chemes –que ahora sí formalizó Barraguirre-, le abrió el jury y lo suspendió “provisoriamente en el ejercicio del cargo”. Barraguirre le imputó a Muse Chemes supuesta “ignorancia manifiesta del derecho o carencia de alguna otra aptitud esencial para el ejercicio de la función judicial, reiteradamente demostrada” e “incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución, leyes o reglamentos, acordadas o resoluciones judiciales, o infracción de sus normas prohibitivas”.

La decisión fue adoptada por los vocales del Tribunal: los seis ministros de la Corte, el senador del PJ, Armando Traferri, el diputado de la UCR Santiago Mascheroni y la abogada María Antonia Belluccia y su colega Héctor Ferrero.

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