El gobierno de Mauricio Macri y sus socios de Cambiemos siguen saqueando el bolsillo de los consumidores y está dispuesto a rematar los recursos que nos quedan. Días pasados, el Boletín Oficial anunciaba el llamado a licitación de concesiones petroleras en el Océano Atlántico y casi en simultáneo, se lanzaban los aumentos indiscriminados en las tarifas de servicios públicos, que el gobierno viene implementado desde su asunción en 2015. En esta ocasión, la estafa consistió en un nuevo cargo en la factura del servicio público de gas natural por “diferencias de costos” como resultado de la devaluación del peso argentino, la cual ascendió a 100% entre abril y setiembre de este año.

La administración Macri sostenía que la dolarización de la tarifa de gas fue establecida por la Ley 24.076, en cuyo artículo 2do. inciso g) especifica que el precio del gas debe ser equivalente a los que rigen internacionalmente en países de similares recursos. Pero el gobierno de Cambiemos estaría incumpliendo con dicha ley dado que en el año 2017 subsidió a las empresas gasíferas pagando US$7,5 el millón de Btu por el gas no convencional extraído en el yacimiento Vaca Muerta, en tanto que en los EE.UU. el precio del gas producido en el yacimiento Eagle Ford, de similares características a Vaca Muerta, fue de solo US$3 por millón de Btu. 

Sin embargo, frente a la indignación popular y dada la manifiesta ilegalidad que viciaba esta medida gubernamental, Macri dio marcha atrás con el aumento extra que quería aplicar a los usuarios del gas natural en red. De todas formas, el gobierno de Cambiemos, que tuvo como ministro de Energía al ex CEO de Shell y tiene como actual secretario de Energía al ex vicepresidente de Pluspetrol, no le soltó la mano a las empresas petroleras y resolvió que el Estado Nacional se haga cargo de las pérdidas que las empresas gasíferas pudieran haber tenido por la depreciación extraordinaria del peso que no pudieron trasladar a los usuarios.

La principal canallada consiste en que los argentinos paguemos en dólares por el gas que es extraído, procesado y distribuido en nuestro país y que representa el 74 por ciento del gas natural consumido en Argentina. Es como si pagáramos la carne a los precios del mercado de Londres, Tokio y Chicago. Los salarios argentinos no están indexados a los del mercado internacional.

¿Por qué los usuarios de gas natural en Argentina deben pagar una tarifa dolarizada cuando los hidrocarburos son propiedad de las provincias que poseen dichos recursos, siendo las empresas petroleras y gasíferas meros concesionarios que explotan un bien estatal, a lo que hay que agregar que los costos de explotación de dichos recursos son básicamente en pesos?  

Mientras el gobierno reduce subsidios a los usuarios residenciales de gas natural y acota el consumo de gas incluido en la tarifa social, el subsidio a las empresas gasíferas que explotan Vaca Muerta este año y el que viene, ascenderá a US$1.265 millones, cifra a la que habrá que sumar US$1.600 millones que el Estado Nacional abonará en ese lapso a las petroleras por el Plan Gas I y II, totalizando US$2.865 millones que el Estado Nacional destinará a subsidiar a las empresas gasíferas.

Asimismo, la industria en Argentina paga US$5,98 por millón de Btu por el gas natural que consume en el desarrollo de su actividad productiva cuando el costo de producción del gas natural asciende a US$1,9 por millón de Btu como declara el principal productor de gas del país -YPF- en sus balances certificados ante la SEC de los EE.UU. ¿Hasta cuando el gobierno seguirá ocultando el precio del gas?. Siendo todos los yacimientos concesiones otorgadas por los Estados provinciales y/o la Nación, está obligado a conocer su precio y regularlo en protección de los consumidores.

Adicionalmente, el Gobierno autorizó en septiembre de este año la exportación de 479 millones de metros cúbicos de gas natural hasta junio del año 2020, lo que representa unos 240 millones de metros cúbicos anuales. Sin embargo, en invierno la demanda local debe seguir cubriéndose con importaciones de gas natural licuado y en el año 2017, Argentina importó de Chile 279 millones de metros cúbicos de gas natural licuado (por el cual el Estado Nacional pagó U$S77 millones).

¿Por qué en lugar de permitir exportar ese gas excedente a Chile el gobierno no obliga a las empresas gasíferas a almacenarlo para utilizarlo en invierno? ¿Hasta cuando seguirán dilapidando las reservas de hidrocarburos? Argentina no tiene grandísimos excedentes para exportar, es un país con petróleo que debe servir para reponer los 30 años de reservas de gas que guardábamos antes de las privatizaciones. EE.UU. sigue importando hidrocarburos para no usar los 40 años de reservas que guarda como seguridad estratégica.

El bienestar de la población y el desarrollo industrial del país será inviable en tanto la política energética gubernamental siga siendo la de subsidiar a las grandes petroleras a través del Estado Nacional y la de transferir millonarios recursos de los usuarios a las multinacionales con los  aumentos tarifarios.

* Senador Proyecto Sur