Uno de los mayores avances de este año en materia de salud fue la sanción de la ley Justina, que transforma a todos los mayores de 18 años en donantes potenciales salvo expresa manifestación en contrario. La ley fue impulsada por el radical en Cambiemos Juan Carlos Marino.
En el presupuesto 2019, el programa que se encarga de los medicamentos y procedimientos terapéuticos necesarios luego de un trasplante tiene una reducción real del 41 por ciento y el Incucai, una del 33 por ciento. Y se reducen todas las metas en cuanto a capacitación de personal y procuración y trasplante de órganos y tejidos, lo que evidentemente no va a contribuir a aumentar la cantidad de vidas salvadas por trasplantes.
“Hay una enorme distancia en lo que dice el Gobierno y lo que se refleja en el presupuesto. Y eso desvirtúa acciones o iniciativas que son muy interesantes”, reflexionó Kreplak.
En el mismo sentido se manifestó el doctor Alfredo Casaliba, presidente de la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes, al hablar sobre la desesperante situación de los prestatarios del servicio de diálisis: “Es un contrasentido impulsar una ley (buenísima) como la ley Justina y no sostener los servicios que mantienen a los pacientes con vida y en condiciones de recibir los trasplantes, como el de diálisis”.
