Hoy comienza en Esquel el juicio contra cinco personas que se solidarizaron con la comunidad mapuche
Con las víctimas en el lugar de los acusados
En enero de 2017, cinco personas sufrieron represión policial y apremios ilegales cuando se solidarizaron con la comunidad de Cushamen. Sus denuncias fueron ignoradas y, en cambio, desde hoy serán juzgadas por supuesta resistencia a la autoridad y uso de armas.
G. Seguí, Huenelaf, P. Seguí, Buchile, González, Huenchupan y Jaime al ser liberados el 12 de enero de 2017.G. Seguí, Huenelaf, P. Seguí, Buchile, González, Huenchupan y Jaime al ser liberados el 12 de enero de 2017.G. Seguí, Huenelaf, P. Seguí, Buchile, González, Huenchupan y Jaime al ser liberados el 12 de enero de 2017.G. Seguí, Huenelaf, P. Seguí, Buchile, González, Huenchupan y Jaime al ser liberados el 12 de enero de 2017.G. Seguí, Huenelaf, P. Seguí, Buchile, González, Huenchupan y Jaime al ser liberados el 12 de enero de 2017.
G. Seguí, Huenelaf, P. Seguí, Buchile, González, Huenchupan y Jaime al ser liberados el 12 de enero de 2017. 
Imagen: Sharon Masurski

Santiago Maldonado no fue el primer desaparecido en Cushamen. El 10 de enero de 2017 un grupo de personas acudió a la Pu Lof en Resistencia ante la salvaje agresión que había sufrido esa comunidad mapuche, y fue reprimido al borde de la muerte, detenido con apremios ilegales y durante varias horas nada se supo de ellos. Les iniciaron una causa y hoy comienza el juicio en el que Ivana Huenelaf, Jorge Buchile, Daniela González, Gustavo Jaime y Javier Huenchupan están acusados de uso agravado de armas de fuego y resistencia a la autoridad. En tanto, los policías y empleados de Benetton que los secuestraron y torturaron siguen impunes. “Los vamos a desaparecer”, repetían los uniformados en esas largas horas, en lo que fue la antesala de la cacería del 1 de agosto tras la cual Maldonado estuvo desaparecido, hasta que su cuerpo sin vida apareció el 17 de octubre en el Río Chubut. “India sucia, tomate tu propia sangre”, le gritaron a una mujer mapuche que estaba presa. 

Huenelaf, Buchile, Huenchupan, González y Jaime –junto a Pablo y Gonzalo Seguí, que ya fueron sobreseídos por el presunto delito de abigeato– no imaginaban que aquel día iban a exponer sus vidas cuando respondieron los pedidos de ayuda desesperados por Whatsapp, tras haber escuchado por FM Alas que había heridos graves, como Emilio Jones, a quien un balazo le destrozó la mandíbula, y Fausto Jones Huala, que perdió un tímpano. “Fue una situación triste y desconcertante, niños y mujeres mostraban sus golpes, algunas dijeron que se iban a incendiar junto con sus hijos si volvían los gendarmes”, recordó con angustia Gustavo Jaime, profesor de educación física y uno de los imputados, en diálogo con PáginaI12 a horas del inicio del juicio. 

“Vamos por la absolución de todos, pero sabemos que acá está detrás el Ministerio de Seguridad, en un proceso sin pruebas. Sólo el fiscal Oscar Oro que dice tener el ‘convencimiento’ de que tiene un caso”, dijo a este diario el abogado Edgardo Manosalva, defensor junto a Marcos Ponce.

Al llegar a la Pu Lof vieron los destrozos y escucharon a las mujeres y niñas golpeadas en el operativo conjunto de Gendarmería y la Policía de Chubut. La comunidad pidió autos para ir a buscar sus caballos, que habían sido robados por los efectivos. Y ahí comenzó la pesadilla. “Me sumé con dos amigos, Gonzalo y Pablo, con su camioneta, íbamos detrás de las personas que estaban buscando a los animales. Pasó un camión con caballos, alguien gritó ‘vamos a ver si son los nuestros’, intentamos ponernos adelante para pedirles que se detuvieran, y ahí comienza la catástrofe cuando la persona que manejaba saca una pistola y empieza a disparar. No habíamos hecho nada, así que nos alejamos”, relató Jaime. “Esa secuencia es larga porque se sumó otro vehículo que nos disparó con armas largas. Decidimos llegar a El Maitén, pero se interpuso un patrullero y desde ahí también nos dispararon. Hubo balazos y un fierro me pegó en la escápula. Había ido a solidarizarme, la policía intentó matarme, voy a juicio y estoy embargado”, agregó.

Según describió Manosalva, “las fuerzas de seguridad emboscaron a un grupo de civiles, les dispararon con balas de plomo y antitumulto tal como confesaron los policías; los persiguieron, los tuvieron detenidos sin dar información durante 12 horas en diferentes lugares y les armaron un montaje con pruebas que ellos decían tener y que desaparecen. Es evidente que borraron las que los comprometían, trucharon actas y mintieron en las declaraciones”. El abogado agregó: “Denunciamos que Benetton prestó camionetas y personal ese día para salir a cazar mapuches, tenemos las fotos de la camioneta, la patente, la marca, el color. Incluso el propio mayordomo (del empresario) lo reconoce y admite que manejaba una junto a policías. Pero nunca fueron allanadas las tierras ocupadas por Benetton porque no está ni en el horizonte de la Justicia el hecho de hacerlo”. Jaime contó que “el camión y la camioneta de donde bajaron personas con ropa camuflada y armas largas tampoco estaban identificados. Parecían del Ejército, pero no había ninguna razón para que nos dispararan”, dijo. Los medios locales sólo mencionaron que hubo tres heridos en la “liberación de las vías del tren La Trochita”, nada del resto de los detenidos.

Película de terror

Cuando llegaron al hospital viejo de El Maitén, los golpearon y los llevaron a la cárcel de esa localidad, donde permanecieron hasta la medianoche. “Era como un campo de concentración, celdas de dos por dos, sin baño, ni luz, ni ventanas, todo sucio. Sólo tenía un ventiluz por donde una de las mujeres me pidió ayuda, mostrándome su brazo fracturado. Cuando entré lloraba mientras abrazaba a otra más pequeña que sangraba. Ninguna había recibido atención. Desde un pasillo le dijeron que se tomara su propia sangre, a la vez que la llamaban ‘india sucia’. Eran Ivana Huenelaf y Daniela ‘Rojita’ González”, describió el abogado Carlos González Quintana. “Había dos varones, uno baleado en la espalda y el otro con el rostro desfigurado. Eran Jaime y Huenchupan. Buchile estaba desaparecido. El fiscal Carlos Díaz Mayer, que no me quería dejar pasar, no sabía dónde estaba. Nos fuimos a Esquel y lo encontramos en el hospital, muy lastimado, y con tres detenidos también muy golpeados: Ariel Garzí, Ricardo Antihual y el hermano menor del lonko Facundo Jones Huala, Nicolás”, completó. Este letrado, junto a Raúl Prytula de APDH Río Negro, presentó un hábeas corpus en el juzgado de Ricardo Colabelli, que rechazó la acción después de escuchar los testimonios de los jefes de policía que intervinieron en la represión del 10 y 11 de enero. “De Maitén Infantería nos trasladó encapuchados y esposados por un camino de ripio, no sabíamos a dónde íbamos, no podíamos hablar porque nos pegaban. Fueron tres horas terribles”, describió Jaime. 

Reino del revés

Los cinco están acusados de agredir a los policías cuando en realidad fueron ellos los baleados. Les imputan atentado contra la autoridad agravado por el uso arma y por ser en grupo, y al conductor de la camioneta, Buchille, le agregan resistencia a la autoridad y las supuestas lesiones graves del sargento Adrián Amed. Algunos de ellos afrontan, además, una causa federal por las bombas molotov que la fiscal Silvina Avila afirma tenían en la caja de su camioneta, y que el juez Guido Otranto unificó con otro proceso abierto por un corte de la ruta. En tanto, la denuncia que el grupo inició contra el Estado por su secuestro, detención y torturas ni siquiera fue abierta en su etapa preparatoria. “Son ellos contra el Estado, es la doble vara de la fiscalía que durmió nuestra acusación, pero en 48 horas activó la otra”, dijo el abogado Manosalva. 

Las denuncias que originaron la represión habían sido presentadas por Benetton, avaladas por la policía local y funcionarios, y luego impulsadas por el Poder Judicial. “Acusamos en principio al jefe del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales). Amed tiró a matar y se hace la víctima. Ivana les gritó que llevaban a un herido. El supuesto policía lesionado le pegó a Buchile, entró al hospital a buscar a Jaime, el herido verdadero, lo sacó, lo tiró al piso y comenzó a las patadas delante de todos, con la pierna que supuestamente tenía lastimada. Gustavo nunca se resistió”, describió el letrado, que planea apuntar también al poder político, porque el propio gobernador Mario Das Neves y sus funcionarios se habían reunido horas antes con las autoridades provinciales de Gendarmería. 

“En agosto fue la desaparición forzada de Santiago que terminó en su muerte, pero a los que iban en la camioneta las balas les pasaban a 10 centímetros, esa tragedia podría haber ocurrido en enero. Además, hay otro paralelismo: la policía, con la anuencia de la fiscalía, también escondió pruebas de audios, videos y fotografías. A su vez, en la causa federal hay indicios de un pacto de actuación entre Gendarmería y la policía de Chubut, cuya función fue ‘cazar mapuches’”, concluyó el abogado de los cinco que se sentarán ante el juez Martín O’Connor. “Hay que plantearse cuáles son los objetivos de reprimir, amedrentar y disciplinar. Al miedo hay que mirarlo a la cara y enfrentarlo, estar alerta, pero que nunca nos paralice ni nos invite a dejar de actuar”, concluyó Jaime sobre el calvario que vivieron y que aún no termina.

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