La empresa Redepa –perteneciente al Grupo Canale– despidió a todos los trabajadores de su fábrica de envases de Llavallol. Los 86 empleados recibieron los telegramas en los que la firma adujo un estado de crisis, por lo que no mencionó el pago de indemnización alguna. Aunque todavía su quiebra no fue declarada, la metalúrgica –igual que las plantas de procesamiento de frutas y verduras de la marca en las provincias de Catamarca y Mendoza– están en una situación de incertidumbre desde hace dos meses y medio. En el caso de Llavallol, no cobraban los sueldos desde agosto.

Los despedidos mantienen un acampe en resguardo de las máquinas, ya que temen un vaciamiento. Adelantaron que pedirán su reincorporación, aunque buscarán al mismo tiempo alternativas para defender sus puestos de trabajo, ya sea mediante la formación de una cooperativa o con un nuevo dueño. En la fábrica hacen latas para envasar tomates y duraznos.

“En la temporada que pasó, el grupo tuvo una producción récord”, aseguró a PáginaI12 Nicolás Macchi desde la puerta de la fábrica. “Después estuvimos operando con encargues para terceros. Sabemos que la empresa recibió créditos Fondear (a tasa bonificada) durante el gobierno de Cristina, que este año les dieron dos Repro (subsidios para empresas en situación de crisis) y que en los últimos tres años redujeron de tres mil a mil el número de empleados. Vimos en el expediente (del concurso de acreedores) que estuvo exportando los enlatados a Paraguay, Tailanda, Uruguay y Bolivia. Por eso, planteamos que no pueden dejarnos así”.

Para sobrevivir, los metalúrgicos montaron un puesto de choripanes en la vereda de la fábrica y vienen haciendo festivales. El último fue este sábado. Así pudieron organizar un viaje a Catamarca, provincia en la que está abierto el concurso preventivo, para entrevistarse con la jueza a cargo del expediente. Allí pidieron el envío de una cautelar para el resguardo de los bienes y que no les corten los servicios.

El grupo de capitales argentinos es encabezado por Camilo Carballo, el vicepresidente regional de la Copal, cámara que nuclea a las industrias de la alimentación. En la Argentina, el sector está entre los que, afectados por las políticas de Cambiemos, han expulsado mayor cantidad de trabajadores. Según el relevamiento de despidos y suspensiones que lleva el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en los primeros ocho meses de este año la industria cesanteó a 17.972 trabajadores; a su vez, alimentos y bebidas fue tercer rubro industrial que más telegramas mandó. 

También en Mendoza los trabajadores de Alco-Canale enfrentan un escenario difícil: el 3 de octubre un juzgado local decretó la quiebra de la firma Iamsa, propiedad del mismo grupo, que manejaba tres plantas elaboradoras de conservas en las localidades de Tunuyán, Tupungato y San Rafael. El juzgado decretó en este caso una quiebra con continuidad para proteger la situación de los trabajadores. 

El juez Alberto Alemán señaló en su resolución que “los trabajadores constituyen un valor inconmensurable dentro de la empresa” y agregó que “el principal objetivo” debe ser “el mantenimiento de la fuente de trabajo de los empleados, lo que lejos de contrariar el interés de los acreedores, se ve identificado con el mismo”. Alemán determinó así que las fábricas sean puestas a la venta, en un proceso en el que dará prioridad al proyecto que preserve la mayor cantidad empleos. También marcó que el sostenimiento de los empleos será considerado más importante que pagar a otros acreedores.

Hoy vence el plazo para las presentación de las ofertas. “Varios inversores vinieron a ver las plantas”, señaló desde Mendoza el dirigente gremial Carlos Tello. “Mientras tanto, seguimos trabajando en el etiquetado de las latas que teníamos en depósito. Nos están debiendo la última quincena de salarios y hay mucha preocupación sobre si va a garantizarse la continuidad de todos los trabajadores.” Legalmente, la situación es compleja porque una parte son empleados de planta y otra depende de contratos de temporada.