La Corte Suprema de Justicia desestimó por unanimidad un recurso extraordinario presentado por la defensa del policía Luis Chocobar, 31 años, acusado de haber matado por la espalda en diciembre de 2017 al ladrón de 18 años Pablo Kukoc, por lo que quedó firme su procesamiento. Con el rechazo del máximo tribunal, el uniformado que fue felicitado por su accionar por el presidente Mauricio Macri y respaldado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deberá enfrentar un juicio oral y público. Para Federico Efrón, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la denegación del recurso por improcedente, tiene un mensaje implícito, que es “que hay que respetar los procesos judiciales. El discurso no puede ser ‘esta es la forma en que quiero que los policías trabajen’ si el proceso jurídico te dice que hay un uso ilegal de la fuerza. Si no, ¿para qué sirve tener un Poder Judicial que controle, si el Poder Ejecutivo no le presta atención?”, sostuvo de forma retórica el letrado.

Los supremos, en un escrito de tres líneas con la firma de los cinco integrantes del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, rechazaron el recurso presentado por los abogados Rubén Arturo Melazo y Walter Alejandro Montero, por considerar que “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.

Para Efrón, “lo atípico no es que la Corte rechace este tipo de recursos sino que la defensa los presente, porque es muy improbable que se concedan en esta etapa procesal de la causa, aunque no imposible. Pero tiene que haber una burda afectación de un derecho constitucional, y no lo había. Se puede de buena fe explotar esa mínima probabilidad de que concedan el recurso o, lo que parece en este caso, hacer un planteo dilatorio para alargar el proceso”. remarcó.  

En cualquier caso, el recurso extraordinario fue el último intento de la defensa del policía que se convirtió en insignia de la doctrina represiva del gobierno, para que se revise la decisión de la sala de turno de la Cámara de Casación, que había declarado inadmisible el recurso de Casación presentado por los abogados contra la Cámara en lo Criminal.

El 16 de febrero de este año, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional había confirmado el procesamiento en primera instancia del juez Luis Velázquez, sin prisión preventiva y, al mismo tiempo, modificó la carátula de la causa, que pasó de “homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa” a “homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber”, es decir, entendieron que actuó en el marco de sus funciones respondiendo a un supuesto delito. En ambos casos, la escala penal es la misma de un homicidio culposo: de uno a cinco años de prisión.

Y si bien aún se están produciendo medidas de prueba, en principio todo hace suponer que la querella, a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación (DGN), pedirá elevar la causa a juicio con la carátula de homicidio agravado en los términos del inciso 9 del artículo 80 del Código Penal, que contempla la pena de reclusión perpetua o prisión perpetua “cuando fuere miembro integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario”. 

Al respecto, la titular de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, sostuvo que “si el hecho de que un cana se acerque y le dispare a una persona desarmada y por la espalda no entra en esa calificación, no sé qué puede entrar. Disparar a una persona desarmada no es nunca el cumplimiento del deber, salvo responder a la orden de Patricia Bullrich de tirar a matar”, dijo la letrada, quien de todas formas se alegró porque la causa tenga como horizonte un juicio oral, aunque todavía no una carátula acorde a la magnitud del hecho.

La misma sensación tuvo la madre de Kukoc, Ivonne, quien dijo a este diario que “sabíamos que iba a ir a juicio pese a las trabas que pusieron. Pienso que estamos más cerca aunque no tengo mucha esperanza en la justicia. Creo más en la justicia divina”, afirmó antes de preguntarse “no sé cómo va a poder vivir (Chocobar) de acá en más como un ser humano, con la conciencia sucia, intranquila de que mató a un pibe”. La mujer, madre de otros cinco hijos, agregó que “desde el momento en que me dijeron que mi hijo murió se agotaron mis ilusiones, mi vida. Nunca más vamos a ser la familia que éramos”, dijo, y remarcó que “espero que la justicia aclare lo que pasó porque no podemos tener asesinos policías en la calle”.

El hecho ocurrió el 8 de diciembre por la mañana, cuando el turista estadounidense Frank Wolek (55) caminaba por La Boca y poco antes de llegar a la calle Caminito, en Olavarría y Garibaldi, fue interceptado por dos asaltantes que le robaron su cámara y lo dejaron gravemente herido. Ambos ladrones escaparon, pero a tres cuadras, uno de ellos, Kukoc, fue interceptado por el policía local de Avellaneda Chocobar mientras corría escapando de espaldas al oficial. El joven cayó al piso por el impacto de dos disparos, uno de ellos, por encima de la cintura, el que lo mató tras cinco días de agonía en el hospital. 

Tres semanas después, Macri y Bullrich recibieron en la Casa Rosada al policía para ejercer su defensa pública. “Vamos a cuidar a los que nos cuidan”, sostuvo en aquel momento la titular de la cartera de Seguridad, quien insistió con la defensa del procesado tres meses atrás, cuando lo visitó en su casa. “Vinimos a ratificar nuestro compromiso, a decirle que no está solo”, dijo la ministra después de la visita, desoyendo las actuaciones judiciales contra el símbolo de la mano dura.