Con una movilización en la puerta de los Tribunales, la Federación Agraria Argentina y organizaciones sociales, reclamaron que la Cámara de Circuito de Rosario confirme un fallo de primera instancia y evite el desalojo que impulsan responsables de la Fundación Bigand, en tierras que durante tres generaciones fueron trabajadas por la familia Marinucci. “Esta lucha no es solo nuestra. Hay muchas familias que están pasando por esta situación. El desarraigo es terrible. Hace cien años que venimos trabajando y viviendo en esa tierra. Somos la tercera generación”, dijo Sandra Marinucci, frente a las organizaciones que acompañaron el reclamo. Estuvieron la diputada nacional Lucila Di Ponti, del Movimiento Evita y la legisladora provincial Mercedes Meier, del Frente Social y Popular.

Los productores de la tierra de 50 hectáreas, en el sur de Santa Fe, reclaman que los camaristas rosarinos confirmen la decisión de primera instancia de Cañada de Gómez que frenó el desalojo hasta 2020. "La fundación Bigand se formó después de la muerte de la tercera hija del fundador del pueblo, que no dejaron descendientes, y empresarios de Buenos Aires junto con abogados y contadores que quieren desalojarnos y llevarse toda la plata a Buenos Aires. Nada queda en Santa Fe en el pueblo, ni a los chacareros", enfatizó la mujer. "Queremos que la agricultura familiar tenga rostro humano, y no que sea un tractor el que trabaja toda la tierra. Este juicio tiene 12 años, la última instancia fue la sentencia de no desalojo hasta febrero de 2020, pero no llegamos a eso porque la Fundación, que tiene mucha plata, apeló. Les decimos que no somos un número de expediente, que tenemos rostros humanos y queremos seguir trabajando en la tierra que nos vio crecer", agregó.

Pablo Paillole, director de Federación Agraria, dijo que los pequeños productores "están en una situación muy complicada porque no hay una política que diferencie al pequeño del grande, entonces reina el libre mercado y el capital financiero y económico avanza alquilando la tierra a los pequeños productores. Frente a ello, muchos están abandonando la actividad por la presión tributaria. En este caso, tienen un juicio. Es un caso emblemático. Le pedimos al Poder Judicial que no dé vuelta el fallo, pero también venimos a decirles a los legisladores provinciales, nacionales, al poder político que tiene que haber una regulación para los pequeños productores, porque el campo está quedando en manos de pocos", señaló.

Sobre la situación general, dijo que  "el gobierno de (Mauricio) Macri no hizo nada. Hoy en día, cuando se habla de retenciones, se les cobra lo mismo a la familia Marinucci, que tiene 35 o 50 hectáreas que a una empresa que trabaja 150 mil. Hay una profundización de la política neoliberal en el campo".