Camioneros y Judiciales consiguieron en estos días redefinir sus respectivas paritarias de este año con un alza del 40 por ciento, y los sindicatos de Petroleros de Santa Cruz y de Sanidad la subieron al 45 por ciento. Estas renegociaciones que mejoran el ingreso de los trabajadores para tratar de empatar la evolución de la tasa de inflación imponen límites a la histórica y esquiva pretensión del sector empresario concentrado, hoy representado en el gobierno de Mauricio Macri, de desarticular la resistencia gremial y que el ajuste de la economía tenga como variable principal el salario. Lo han intentado en varias oportunidades, y ésta no será la última, pero, a diferencia de otras economías periféricas, en la argentina el nivel de organización sindical y elevada tasa de sindicalización, que abarca a 3,7 millones de trabajadores, define un contorno que desafía esa pretensión. Esto no significa que en cada embestida del establishment (dictadura 1976, la economía de guerra del gobierno de Alfonsín, el menemismo, la Alianza de De la Rúa y ahora la Alianza Cambiemos) el trabajador pierda espacios relativos en el reparto de la riqueza, que se ha dado además en un contexto mundial de transformación del trabajo y las relaciones laborales.
Los mensajes políticos, las medidas económicas implementadas, el avance sobre los juzgados laborales, la persecución a líderes sindicales y las leyes laborales impulsadas en casi tres años de gestión revelan que el gobierno de Macri considera que la actual conformación del mundo laboral es una restricción para consolidar el proyecto económico que propone y el establishment desea. Una de las últimas declaraciones en ese sentido del presidente Macri fue cuando dijo que “nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo porque deja a cientos de argentinos sin trabajo”, en un contexto de demanda de recomposición de los ingresos de los trabajadores por la fortísima caída promedio del salario real, que alcanzaría del 11 al 15 por ciento este año.
La megadevaluación está proyectando una fulminante redistribución regresiva del ingreso y un importante retroceso del costo salarial en dólares. La reapertura de paritarias en algunos gremios está impidiendo su consolidación. Quedan expuestas de ese modo las tensiones sociales y políticas de la economía argentina, entre el objetivo antiobrero del sector empresario concentrado, que el gobierno de Macri bien representa, y la histórica resistencia de los trabajadores, la cual se reconoce en su organización y capacidad de disputar el reparto de la riqueza.
Gremios
Para frenar la espiral inflacionaria activada con la fortísima devaluación y las sucesivas alzas de tarifas de servicios públicos, el Gobierno quiere que el salario sea la principal ancla de los precios. El FMI comparte esa estrategia, lo cual fue planteado por sus técnicos en el reporte al directorio del organismo, al sostener que esperan una confluencia de la tasa de inflación hacia el 20 por ciento a fines del año próximo. Para conseguirlo confían en la “moderación” de los aumentos salariales, a lo que se le sumará la recesión que deprimirá la demanda y el torniquete monetario con tasas elevadísimas que buscará mantener la estabilidad del tipo de cambio. El matrimonio Macri-FMI revela sin pudor que procura que el salario sea la variable clave para frenar el alza de precios.
Tras ese objetivo, el camino que pretenden es colocar a la defensiva a los trabajadores, tarea que empezó a tener resultados en estos meses, pero abriendo el interrogante de si lo podrán sostener teniendo en cuenta las características de la economía argentina, además de por la permanencia de estructuras gremiales tenaces pese a renovados intentos de desarticularlas. Intención que inicialmente no apunta hacia los dirigentes, aunque algunos hoy son perseguidos por no alinearse con el oficialismo, sino que la mira está dirigida a debilitar la organización gremial y el elevado nivel de sindicalización de los trabajadores en comparación a países de la región e incluso de Europa.
A diferencia de otros países que aceptaron el salvataje financiero del FMI, planes que implican un fortísimo ajuste regresivo, que está expresado en el Presupuesto 2019 aprobado en Diputados por el oficialismo y fuerzas políticas aliadas, en el caso argentino se hace presente una resistencia intensa de los ajustados a perder participación en la distribución de la riqueza. Organizaciones sociales, políticas y sindicales, con decenas de movilizaciones, huelgas generales y sectoriales e iniciativas defensivas en la justicia, han enfrentado las políticas regresivas del macrismo, frenando medidas en algunos casos o evitando que el ajuste sea aún más veloz y profundo. Por eso unas de las aspiraciones históricas de los factores de poder es doblegar a las organizaciones de trabajadores y de grupos sociales castigados por la represión y la miseria planificada.
Sindicalización
Se acaba de difundir un interesante informe de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETyD), “Radiografía de la sindicalización en Argentina”, elaborado por Carlos Tomada, Diego Schleser y Matías Maito, que muestra la dimensión del sistema de organización y protección de los trabajadores. Detalla la existencia de 3,7 millones de afiliados/as a organizaciones sindicales, según datos de 2014/2015. Como es de prever, la sindicalización se concentra en el segmento ocupacional de los asalariados registrados de los sectores privado y público. En promedio es del 39 por ciento: 35 por ciento en el privado y 46 por ciento en el público. Ese universo de trabajadores asalariados representa cerca de dos tercios del total; el tercio restante está compuesto de trabajadores no registrados y de empleo doméstico en casas particulares.
Estos son datos importantes que permiten ampliar el análisis de la cuestión política y de la dimensión socioeconómica. El reporte del CETyD indica que la información surge de la proyección de los datos de la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social desarrollada en 2014/2015 por el ahora ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, en conjunto con el Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas. Mientras en el sector público la cantidad de trabajadores sindicalizados alcanza a 1,5 millones, en el sector privado, a 2,2 millones.
Los 3,7 millones de afiliados sindicales se concentran sobre la mitad de la estructura ocupacional. En ese segmento, la afiliación a los sindicatos es considerable, mientras que su penetración sobre la otra mitad es muy baja. Esto refleja la elevada fragmentación de la estructura ocupacional argentina, lo que plantea restricciones y desafíos para la extensión de la sindicalización entre los trabajadores.
Para la comparación internacional, la investigación del CETyD, que tiene su cobijo en la Universidad de San Martín, utilizó como fuente de información la Organización Internacional del Trabajo. Uruguay tiene un nivel de sindicalización del 30 por ciento del total de los trabajadores, Chile del 20 y Brasil del 19. Menciona que Argentina tiene tasas de afiliación cercanas al promedio de la Unión Europea, destacándose en esa región los países nórdicos (Dinamarca, Suecia y Finlandia), donde alrededor de dos de cada tres trabajadores está sindicalizado.
Densidad
El informe señala que es un mérito haber preservado un elevado nivel de sindicalización en Argentina en una larga etapa de desindicalización a nivel mundial y, en particular, de retroceso de las organizaciones sindicales. Infieren que esa relativa fortaleza fue apuntalada por doce años de fuertes transformaciones económicas y laborales (2003-2015), lo que derivó en que la tasa de sindicalización entre trabajadores registrados no mostrara cambios significativos en términos porcentuales. Entre 2005 y 2015, esa tasa de sindicalización se mantuvo relativamente constante, en el orden del 37/40 por ciento (para trabajadores registrados en establecimientos privados de más de 10 ocupados).
El crecimiento económico con alza en el empleo formal en esos diez años permitió que la sindicalización de trabajadores/as se mantuviera constante, lo que significó un aumento en la cantidad de afiliados. El informe lo destaca con que hubo un incremento de la “densidad dinámica” o peso específico de la sindicalización sobre la población total. También detalla que los sectores de la actividad económica con mayores tasas de sindicalización son Transporte e Industria, con 50 y 45 por ciento, respectivamente.
Con menores tasas de sindicalización se encuentran los sectores de servicios financieros, inmobiliarios y profesionales, y los trabajadores que se desempeñan en restaurantes y hoteles. Los de la salud y la enseñanza privada presentan tasas de afiliación que son inferiores no sólo al promedio del sector privado, sino también a los de las mismas actividades en el sector público.
La tasa de sindicalización aumenta en función del tamaño de los establecimientos. Mientras que en pequeñas unidades el 23 por ciento de los trabajadores está afiliado a un sindicato; en las grandes la proporción asciende al 41 por ciento.
Megadevaluación
El nivel de sindicalización y organización gremial constituye una restricción importante para el objetivo oficial de avanzar en el ajuste regresivo. Requiere entonces una vía disciplinadora para enfrentar esa resistencia, que es conseguida con la devaluación de la moneda. En una economía con desequilibrio del sector externo, no intervenir en el mercado de cambio, como ordenó el FMI y acató el gobierno de Macri, tiene como resultado una fuerte devaluación, con el consiguiente shock inflacionario que, sin una recomposición inmediata, provoca la caída del salario real.
En el reporte de octubre de FIDE se explica que a diferencia de lo ocurrido en 2016, cuando la negociación paritaria implicó ajustes salariales en torno al 33 por ciento, que posibilitaron que la pérdida inicial en términos reales se fuera recomponiendo progresivamente, esta vez el salto cambiario fue muy superior y las remuneraciones aumentarían en promedio apenas el 25 por ciento en el año, de acuerdo con los datos del CETyD.
Esto significa que esta vez la devaluación podrá alterar de manera sensible la distribución del ingreso. Advierte el informe que de no verificarse una reapertura general de paritarias –por ahora fueron unas pocas–, el salario en dólares registraría en 2018 una disminución del 45 por ciento, materializándose el objetivo de la estrategia oficial: mejorar la “competitividad” por la vía de una reducción considerable en el costo salarial. Indica también que “dado el elevado traslado a precios que caracteriza al proceso de formación de precios doméstico, la licuación de la capacidad de compra de las remuneraciones ya se proyecta en rangos del 11 al 15 por ciento, lo que representa la contracción real más profunda después de la verificada durante la crisis de la convertibilidad”.
En una economía como la argentina, con comportamientos dolarizadores en importantes eslabones de la cadena comercial e industrial, además de una tradición de ahorro en dólares, la depreciación de la moneda nacional tiene un impacto en precios más intenso que en otras economías periféricas. Las megadevaluaciones derivan entonces en un shock inflacionario, que provocan recesión y pérdidas de empleo.
Esas consecuencias traumáticas redistribuyen ingresos en forma regresiva, afectando el poder adquisitivo de trabajadores, jubilados y clases medias. Ahora con el imprescindible rescate financiero del FMI para evitar el naufragio de la economía macrista, avanzaría entonces el objetivo del establishment local de disminuir el salario en dólares y de mejorar la participación del capital en detrimento del trabajo en el reparto de la riqueza. En esta instancia, las características de la organización social y política argentina, que tiene varias historias de resistencias, define límites a esos proyectos regresivos, siendo uno de esos pilares el nivel de sindicalización de los trabajadores, que presiona a mejorar la recomposición de ingresos a través de los gremios en negociaciones paritarias.
