El Frente Progresista del Senado no puede garantizar que el proyecto que promueve aplicarle un impuesto a las cerealeras y los bancos, que tiene media sanción de Diputados, se convierta en ley. La iniciativa, que tiene autoría de la bancada socialista, no tiene el aval de los legisladores progresistas de la Cámara Alta, que le descubrieron cuestiones a corregir al articulado y le practicarían modificaciones al documento. “Lo tomo con precaución, lo vamos a estudiar”, manifestó el senador Hugo Rasetto. “No decimos que sí abiertamente, vamos a analizarlo”, consideró su par Lisandro Enrico. Parte de la bancada peronista, en boca del sanlorencino Armando Traferri, ya había adelantado sus pruritos al proyecto.
Hasta el gobernador Miguel Lifschitz saludó el proyecto que ingresó por Diputados y tuvo su aprobación unas semanas atrás. “Todo lo que sirva para sumar recursos en esta coyuntura económica es positivo. Si bien se puede decir que se está gravando a una actividad importante para la provincia, en particular la agroexportadora, pero creemos que en un escenario de dificultades todos tenemos que hacer un pequeño aporte”, afirmó el mandatario. La media sanción, autoría del socialista Rubén Galassi y del peronista Luis Rubeo, pretende triplicar el impuesto inmobiliario a bancos y cerealeras, incrementar la alícuota de ingresos brutos a las grandes cerealeras y duplicar el porcentaje del impuesto a los sellos que se destina al Fondo Compensador del Transporte.
Los autores de la iniciativa parlamentaria calculan que este incremento extra de la recaudación tributaria inyectaría unos 360 millones de pesos más al sistema de transporte urbano e interurbano de pasajeros en la provincia. Pero si la ley no sale, tal como lo indican desde el Senado, la preocupación se agudiza en la Casa Gris a medida que se acerca el 1° de enero. Desde ese día, tal como lo establece la ley de presupuesto que consiguió aprobar Cambiemos en el Congreso de la Nación, los colectivos tendrán que funcionar sin el esquema de subsidios que el Estado nacional sostiene por ahora y al que ya le ha aplicado recortes.
“Si hay que subsidiar un sector mayoritario del transporte, esos fondos tienen que salir de algún sector impositivo, pero hay que ver cuál es”, se atajó Enrico, quien apoyó sus dudas en el “impacto” que los impuestos puedan traerle a la economía santafesina. El legislador del departamento General López concedió que las entidades bancarias tributan “poco” de inmobiliario, pero no le cierra aumentarle ingresos brutos a las cerealeras”. “Hay que ver, nos parece bien la equidad tributaria, hay sectores más pudientes de la economía, pero hay que ver cómo se afecta a los más chicos”, razonó y cerró: “Le haremos algunas observaciones, no estamos en contra absolutamente, pero merece que lo estudiemos bien”.
Rasetto, en línea con su par, fue demasiado cauto y quiso adelantar nada. Habló de que el proyecto no fue tratado en el seno del bloque del Frente, pero remarcó que lo recibió con “precaución”. El senador del departamento Iriondo integra el bloque del progresismo, pero es el único de los seis radicales de la Alta que juega abiertamente para Cambiemos en el escenario nacional.
El senador Rodrigo Borla, en tanto, dijo que la media sanción le parece “adecuada, teniendo en cuenta las ganancias de cerealeras y bancos”. El legislador del departamento San Justo alegó que la quita de subsidios dañará “directamente” el funcionamiento del transporte interurbano en el norte provincial. Pero, de todos modos y al igual que sus pares, cree que el proyecto merece modificaciones. “Estoy de acuerdo con el concepto del proyecto, pero que no se traslade al productor”, manifestó y agregó: “El único planteo que estamos viendo es el de modificar o separar las grandes cerealeras de las pequeñas”.
La postura de los radicales evidencia las diversas miradas que conviven dentro del Frente con respecto a este proyecto. Sin la carga ideológica y distributiva que proviene de Diputados, los senadores frentistas, particularmente los ucerreístas, cuidan los sectores de poder de sus regiones que puedan verse afectados por esta medida. “Son progresistas, pero hasta ahí”, leyó un legislador socialista.
