Con la finalización de unas 200 testimoniales y la producción de otras pruebas, se viene el pedido de penas en el juicio por narcotráfico contra Los Monos en la Justicia Federal. Se trata de la causa Los Patrones donde Ariel “Guille” Cantero y Emanuel Chamorro están acusados de dar órdenes desde la cárcel; y sus parejas, Vanesa Barrios y Jésica Lloan, de hacerlas cumplir por los eslabones inferiores de la organización. La semana que viene, comenzarán los alegatos de las partes. El miércoles es el turno del fiscal Federico Reynares Solari, quien dará un detalle de las acusaciones y pedirá penas para los acusados. Los días siguientes, serán escuchadas las defensas. Para la Fiscalía no se vio frustrada ninguna expectativa en las audiencias de debate, en las que prácticamente no estuvieron los imputados. Para las defensas, los elementos son insuficientes para condenar.

A tres meses del inicio del primer juicio por narcotráfico a integrantes de la banda ya condenada en la Justicia provincial, por asociación ilícita y cinco homicidios, entre 150 y 200 testigos pasaron por el Tribunal Oral Federal compuesto por los jueces Ricardo Vázquez, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano -Germán Sutter Schneider, como cuarto juez-, para dar cuenta de los alrededor de 40 allanamientos y decenas de escuchas que había en la causa.

Por aquellos días, los acusadores dieron detalle de los diferentes roles en la cadena de comercialización de drogas, con 32 imputados. Desde el primer día, la defensa de los cabecillas se quejó de que tuvieran que presenciar el juicio desde Ezeiza por videoconferencia. Sin embargo, cuando se cansaron, los mismos imputados pidieron dejar de ir.

El dato sobresaliente de la requisitoria de elevación a juicio elaborada por Adriana Saccone y Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), con 239 elementos de cargo, fue que las mujeres eran el contacto directo de los sindicados organizadores Guille y Chamorro, que estaban presos en Piñero por asociación ilícita, donde ya fueron condenados a 22 y 10 años de prisión. Sus parejas fueron acusadas de tener un rol clave: hacer cumplir las órdenes que ellos daban tras las rejas. Ellas tenían contacto con eslabones inferiores en la cadena de mandos para la venta de estupefacientes.

Si bien en la instancia judicial se esperaba la declaración de unos 300 testigos, muchos fueron desistidos, ya que otros –entre civiles y personal policial-, para la parte acusadora, los que fueron permitieron “validar” los procedimientos y escuchas telefónicas.

La defensa de Cantero, en tanto, planteó que “la expectativa indicaba ser una megacausa, pero surgió de las escuchas que hay situaciones claras de narcomenudeo de un grupo de personas no identificadas, entre quienes no están Cantero ni su familia”, aseguró el abogado Fausto Yrure. “En los alegatos escucharemos las conclusiones del fiscal, pero hay escasa prueba en general; y casi inexistente en algunos casos, en ese sentido hay una no confirmación de la hipótesis inicial”, señaló.

La investigación comenzó con una comunicación del 19 de noviembre de 2014 en la que se dio cuenta de la comercialización de estupefacientes en la zona de Chávez y Laprida. En las tareas posteriores, la policía federal estableció que el apodado “Sordo Juan”, Juan Carlos Sánchez, pareja de Vilma Reyna, hermana de Patricia Celestina Contreras, madre de los Cantero de barrio Las Flores, estaba implicado. Desde entonces, las conexiones se fueron estableciendo con el correr de los días. Se mencionan eslabones intermedios de la organización y los organizadores de la estructura criminal con el interés puesto en el rol de las parejas de Guille y Chamorro.