El proyecto de ley de semillas posibilita que las empresas se arroguen el falso derecho de “descubrir” semillas de campesinos e indígenas y se apropien de semillas criollas que fueron mejoradas desde hace siglo por generaciones. También refuerza el poder de policía del Instituto Nacional de Semillas (Inase), dominado por el sector privado, y deja abierta la posibilidad que se le reclame “Derechos de Propiedad Intelectual” a un productor cuyo campo fue contaminado con transgénicos por el polen de otro productor (ya sucedió en Canadá).