La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Argentina se solidarizó con los migrantes centroamericanos –en su mayoría hondureños– que intentan entrar en territorio estadounidense. “Argentina también vivió épocas oscuras llenas de violencia estatal que obligaron a muchos a desplazarse con el fin de salvaguardar sus vidas. Sabemos, por lo tanto, lo que es ser desplazado por la violencia sin ver salidas justas dentro de regímenes autoritarios”, expresó la Asamblea en un comunicado. 

La organización no gubernamental explicó que los migrantes no viajan hacia Estados Unidos porque persigan el sueño americano, sino que, dijeron, huyen de la pesadilla hondureña. “Enfrentan una desesperanza extrema. El país se ha convertido en lugar de tránsito del narcotráfico de Colombia hacia los Estados Unidos. A lo que hay que agregar la ultraviolencia de las maras, organizaciones mafiosas exportadas de los Estados Unidos, que practican la extorsión, la violencia extrema y el crimen. Esa situación de violencia ha engrendrado un sistema político corrupto”, resumió la Asamblea en el documento. 

Al mismo tiempo, enumeraron y rechazaron las medidas adoptadas por el Gobierno del presidente Donald Trump frente al avance de la caravana: “Amenazó con que Estados Unidos va a reducir la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador por no detener la migración a los EEUU. El presidente norteamericano amenazó también con recurrir al ejército para impedir que los miles de migrantes entrasen a los EEUU. Así firmó un decreto que permite rechazar automáticamente los pedidos de asilo de las personas que hayan cruzado ilegalmente la frontera con México y calificó a los migrantes como criminales que quieren invadir su país”. La Asamblea recordó, no obstante, que el delito de “persecución” es también un delito de Lesa Humanidad y, estimó, una violación a la razonabilidad de la Cuarta Enmienda de The Bill of Rights (Carta de Derechos) de Estados Unidos. La ONG señaló, asimismo, la responsabilidad estatal sobre la caravana que salió desde Honduras el 13 de octubre y que actualmente se encuentra en Tijuana, en la frontera mexicana con Estados Unidos. “Cualquier suceso que atente aún más la vida de las miles de personas que van caminando o bien de aquéllas que quieren unírseles podría acarrear responsabilidades legales y políticas a los gobiernos. Migrar es un derecho y el desplazamiento forzoso es un crimen internacional de lesa humanidad”, sentenció. 

“Por lo tanto, queremos hacer llegar nuestro abrazo solidario desde el otro lado del continente. Gracias hermanos y hermanas, por demostramos una vez más lo que significa la comunidad”, afirma la Asamblea. “Durante los años ochenta el pueblo hondureño abrió sus puertas, sus casas, compartieron una tortilla y una taza de café con muchas personas que venían huyendo de dictaduras, conflictos armados y guerras civiles, lo hicieron aun cuando Honduras era la central de inteligencia de la Doctrina de Seguridad Nacional y así, sabiendo que ponían en riesgo sus vidas, protegieron a otras y otros porque creían en la comunidad y en el amor como única herramienta de cambio”, concluye el comunicado.