Argentina, Chile y Bolivia, con sus salares en Hombre Muerto, Atacama y Uyuni, concentran el 70 por ciento del litio disponible en el mundo. Constituyen un triángulo minero envidiable a los ojos de las voraces corporaciones globales –ávidas por explotar el recurso y saquear el “oro blanco” de la región–, aunque sus gobiernos se comportan de manera bien distintas. “Entre 2017 y 2030 el Estado chileno obtendrá ingresos por 10 mil millones de dólares, además de 24 millones anuales para investigación y la misma suma para las comunidades. En Bolivia, toda la ganancia queda en el país. Lo que sucede en Argentina es realmente incomparable: se maneja por el muy favorable código minero para las empresas que, como si fuera poco, cuentan con miles de beneficios impositivos. Hay 56 proyectos en marcha y las comunidades no tienen ninguna participación en la gestión, las ganancias o las decisiones”, apunta Bruno Fornillo, doctor en Ciencias Sociales (Universidad de Buenos Aires) y en Geopolítica (Universidad de París 8). Es también investigador del Conicet e integra el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (Ielac-UBA). En esta oportunidad explica a través del litio por qué toda política científica y tecnológica requiere de un Estado capaz de sustentarla. 

–¿Qué es la transición energética? 

–Es un concepto clave para el desarrollo global del siglo XXI y consiste en desfosilizar las matrices energéticas para emplear las fuentes renovables. Su puesta en marcha obedece a la finitud de los combustibles fósiles, como el petróleo, el carbón y el gas. Nuestra civilización se apoya en un oasis energético: en apenas dos siglos y medio, a partir de la Revolución Industrial, hemos consumido la energía que el planeta acumuló durante millones de años. Aunque las energías no convencionales comiencen a ganar terreno, nunca alcanzarán la potencia de las tradicionales, pero al mismo tiempo tienen una ventaja comparativa: en el futuro volverán posible la descentralización y democratización de los sistemas en la medida en que cada nación tendrá las posibilidades de producir aquello que consuma.  

–Además, la combustión fósil es la principal causa del cambio ambiental... 

–El cambio ambiental global trae aparejado un peligro evidente. Hoy vivimos en un contexto que algunos denominan “Antropoceno” o “Capitaloceno”, esto es, habitamos un escenario que se define por la humanidad convertida en una fuerza geológica del planeta, con capacidad de perturbar de manera directa a los ecosistemas. Como si fuera poco, la cuestión energética es clave en la geopolítica contemporánea. Por eso el control de EE.UU. respecto de los últimos recursos energéticos que atesora la Tierra. Estoy pensando en Irán y Venezuela, pero también en el petróleo de Brasil y Vaca Muerta.   

–¿Y China?

–China fue quien vio esta situación antes que nadie y a partir de 2008 encabezó la transición energética a nivel global. En muy poco tiempo, de este modo, se volvió la principal productora de paneles solares, molinos eólicos y autos eléctricos. La transición es un proceso que hay que atravesar y, en este sentido, las baterías de litio cumplen un rol fundamental en el armazón de un nuevo modelo de desarrollo, que supone la concepción de una sociedad no consumista, radicalmente equitativa y ecológicamente sustentable. La industria verde representa un mercado de cifras descomunales: para 2030 China espera exportar 400 mil millones de dólares.   

–¿Hasta qué punto es posible que los actores globales regulen sus prácticas de acumulación del capital y frenen la inercia de la cultura consumista?

–En principio, existe una responsabilidad fundamental por parte de la política pública, que debe ser la encargada de orientar el desarrollo y los valores culturales. Existen países en los que esta perspectiva es más sólida, porque tienen una fuerte tradición de protección ambiental. Aunque siempre se mencionan casos como Alemania, también es cierto que –al menos embrionariamente– en América latina existen múltiples espacios de resistencia que respaldan otro tipo de organización económica igualitarista y el fomento del respeto (y la comunión) con la naturaleza. Tenemos herramientas para desplegar una batalla cultural que es, por supuesto, una batalla política. 

–Usted mencionaba la centralidad del litio… 

–Independientemente de su empleo en las baterías y los psicofármacos, el litio es un prisma privilegiado para pensar la transición energética y un nuevo modelo de desarrollo. Sirve para estudiar cómo funcionan las políticas de extracción de minerales en un país; para advertir cómo funciona el crecimiento en la cadena de valor en proyectos nacionales estratégicos; para analizar de qué manera se articulan la ciencia, la tecnología, la industria y la política; así como también para explorar cómo son las relaciones entre las diferentes escalas del gobierno (municipal, provincial y nacional), y el accionar de las comunidades locales y originarias. 

–¿Cuáles son las diferencias de las políticas sobre recursos minerales en la Argentina, Chile y Bolivia?

–En Bolivia, el fomento del control litífero en manos públicas fue propiciado por las comunidades locales en 2007. El Poder Ejecutivo tomó esa propuesta y la consideró uno de los nueve proyectos estratégicos del país. A partir de aquel momento, el Estado controla las reservas de Uyuni, genera sus propias técnicas de extracción y creó la empresa Yacimientos Litíferos Bolivianos (YLB), lo que muestra el valor que le da a ese mineral. Como si fuera poco, generó un contrato con una empresa alemana (ACI Systems) mediante el cual producirán la química secundaria y las baterías para destinar al mercado europeo. La socia europea se compromete a proveer su capacidad técnica, la mitad del capital y accede al control del 49 por ciento, mientras que el Estado boliviano se queda con el 51. Es una asociación interesante que se produce en la parte alta de la cadena de valor, ya que el salar está bajo control local. El Chile neoliberal tiene una política que combina el predominio mercantil con una lógica a largo plazo. 

–¿Una derecha que planifica? 

–Exacto, parece increíble, pero es así. Durante el último bienio, Chile reformuló los contratos con las dos empresas productoras. Suponen una cantidad de regalías importantísimas que dejan los privados (aproximadamente 10 mil millones de dólares recauda el Estado en toda la etapa productiva), destinan el 25 por ciento de la producción litífera al mercado doméstico a precios preferenciales –con lo cual se llama a licitar para que empresas internacionales produzcan química secundaria y baterías pero en el país– y, como si fuera poco, también reservan 24 millones de dólares anuales a la investigación. Una suma similar va las comunidades sobre las cuales se asientan las instalaciones en el salar de Atacama. Por lo tanto, Bolivia y Chile tienen políticas nacionales respecto del litio.  

–¿Y por casa cómo andamos?

–En Chile y Bolivia el litio se constituye en un recurso estratégico, Argentina, en cambio, se erigió como el país que ofrece las condiciones más ventajosas para que las corporaciones globales, ávidas de contar con el insumo, se instalen en el territorio. En el presente, en el país hay 56 proyectos de extracción litífera en salares de Catamarca, Salta y Jujuy. El litio se rige por el código minero menemista, que ofrece amplias facilidades y garantías para el establecimiento de empresas extractivas internacionales porque las regalías que pagan son exiguas. No tienen restricciones para la exportación directa del carbonato de litio, por eso todos los salares del país tienen pedimentos (término técnico para un pedido de permiso sólo de exploración) aunque no estén explotados. 

–Casi como una distribución de proyectos inmobiliarios…

–Claro, los actores extranjeros se reservan su área para una eventual explotación en el futuro. Se genera, de esta manera, una suerte de mercado financiero inmobiliario. Solo Jujuy intentó tener un control mayor, ya que hay una empresa provincial y tiene porcentajes mínimos de algunas de las explotaciones. No obstante, es muy poco lo que se puede hacer sin una política de Estado. Hace un tiempo, el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología organizó un encuentro en el que quedó claro que el sector minero recibía con beneplácito el hecho de que China y Estados Unidos se ofreciesen para hacer un mapa exhaustivo del litio en nuestro país. Parece bizarro pero nuestras autoridades nunca se preguntaron por qué estas potencias tenían tanto interés en relevar la existencia de nuestros recursos. Nada da cuenta de la ineficacia y de la impotencia de la política científica de Barañao de una manera tan clara como el litio. 

–¿Por qué?

–El ex MinCyT nunca pudo constituir un proyecto a largo plazo ni coordinar las investigaciones. Más allá del Centro de Investigaciones y Transferencia de Jujuy, en casi todas las provincias hay investigadores (más de 150) abocados a estudiar los diferentes aspectos del litio y en ningún momento fueron alineados en una propuesta común. Así, a pesar de que nuestro sistema científico y tecnológico es superior al de Bolivia y al de Chile, nuestros investigadores padecen la situación de contar con un conocimiento aplicable no aplicado. No es posible desarrollar ciencia sin pensar en las condiciones económicas y políticas imperantes. Mientras el gobierno jujeño pretende fabricar baterías para el transporte público, Macri declara que importará buses eléctricos sin canon. Si no hay política que lo sustente, ni siquiera tiene sentido tener el recurso. 

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