Los obispos de Lomas de Zamora y San Justo, Jorge Lugones y Eduardo García, criticaron con dureza a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y a su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, por la masacre de la comisaría 3ª de Esteban Echeverría. Los titulares de ambas diócesis demandaron a los responsables “asegurar que las detenciones y las condenas que se ejecutan en establecimientos sometidos a su jurisdicción no agreguen a la privación de la libertad lesiones a los derechos humanos de los presos”. PáginaI12 ya había informado sobre los cuestionamientos en un documento de la Red de Jueces Penales bonaerenses; también sobre los informes y denuncias previas de la Comisión Provincial por la Memoria y otras organizaciones de la sociedad. 

Los obispos difundieron el mensaje conjunto titulado “No nos arrebaten la paz social”, redactado como toma de posición luego de la masacre de la 3ª. Lugones y García recuerdan que la de la comisaría 3ª de Transradio “es la masacre más grande en la historia de muertos en comisarías”, y que la 3ª “estaba clausurada por incumplir con las condiciones básicas de seguridad y habitabilidad”. También señalaron que “el juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora (a cargo de Javier Maffucci Moore) pidió que desalojaran los calabozos y trasladaran a las personas que estaban detenidas. Notificó a las autoridades policiales, municipales y del gobierno de la provincia respecto de la ‘prohibición de alojamiento en las seccionales con clausura’ y los instó a que no envíen ahí a nuevos detenidos.”

Días después de la masacre, la Red de Jueces Penales bonaerenses difundió un documento público, publicado por este diario, en el que describían los antecedentes de hacinamiento en la 3ª, y la actual clausura incumplida. Incumplimiento al que vinculaban directamente como causal de la masacre: “(...) esta nueva tragedia –dice el documento– se produjo durante un incendio en una dependencia policial que estaba en funcionamiento, no obstante que la justicia había dictado una orden de clausura que inhabilitaba los calabozos y que fue incumplida por el Ministerio de Seguridad.”

Con motivo del hito trágico anterior, el incendio de la 1ª de Pergamino en el que murieron siete detenidos, los jueces habían afirmado que “la permanencia de miles de detenidos en dependencias policiales genera el caldo de cultivo para tragedias que, cuanto menos, pudieron ser evitadas.” Ocurrió el 2 de marzo de 2017. Faltaba un año y ocho meses para que se desatara la peor masacre. Y poco menos para que Ritondo, barriendo los siete muertos de Pergamino bajo la alfombra, declarara su preferencia por amontonar personas.

A la ausencia del menor sentido humanitario es que se dirigió el mensaje de los dos obispos. “El alojamiento de personas en establecimientos policiales, así como el hacinamiento en el sistema penitenciario se ha ido consolidando en la Provincia de Buenos Aires como un componente de las condiciones de privación de la libertad. (...) la cantidad de prisiones preventivas dictadas hace que sea insostenible la situación, y que cualquier dificultad de convivencia, pelea, discusión, etcétera, sea motivo para encender la violencia en un contexto de encierro que de por sí es violento e inhumano.”