Todos los gobiernos subnacionales, desde 2009, recibían fondos para financiar las obras de infraestructura a través del llamado Fondo Federal Solidario, que distribuía el 30 por ciento de la recaudación de los derechos de exportación de la soja y sus derivados. En ese fondo, el 70 por ciento era ejecutado por las provincias y el 30 por ciento se repartía, en cada provincia, a todos los municipios. Se trataba de transferencias automáticas, no discrecionales, con un mecanismo de asignación específica y que las provincias y municipios recibían diariamente.
Hace pocas semanas el gobierno nacional decidió eliminar ese Fondo. Esto limita claramente las posibilidades de inversión en infraestructura que tenían los municipios, que ahora quedan, muchas veces, totalmente dependientes de las decisiones de inversión de las provincias y la Nación. En la provincia de Buenos Aires se suma a este panorama que la propuesta de inversión real directa (obra pública) para el año siguiente es de sólo 28.290 millones de pesos, lo que representa un escaso 3 por ciento del presupuesto provincial de 2019.
A nivel territorial, la gobernadora María Eugenia Vidal, propone distribuir el grueso de esta escasa inversión (planilla de obras por municipio), del siguiente modo:
- 1.209 pesos por habitante a los municipios gobernados por Cambiemos, que es más del doble que a los municipios opositores (588 pesos).
- 808 pesos por habitante en las únicas dos ciudades del interior (Zárate y Ensenada) que no son oficialistas y más del doble (1.786 pesos) en las once gobernadas por Cambiemos.
- Menos de 365 pesos por habitante (o sea menos de 1 peso al día por persona) en 42 municipios (12 de Cambiemos y 30 de la oposición).
- Más recursos por habitante en los municipios de Cambiemos: entre los 25 más beneficiados, 17 (es decir 2/3) pertenecen a Cambiemos. Aunque del total de 135 municipios bonaerenses Cambiemos sólo gobierna la mitad.
- Cambiemos gobierna en municipios que representan el 40 por ciento de la población provincial pero reciben el 58 por ciento de la inversión en obra pública el 2019. La asignación territorial de los recursos de obra pública en la provincia de Buenos Aires, claramente, no sigue ninguna lógica o racionalidad fuera de la adhesión o no al gobierno provincial.
La propuesta de presupuesto bonaerense para el año próximo contiene más malas noticias para los municipios. El Estado nacional deja de subsidiar a los usuarios del transporte público automotor, trasladando esta función a las provincias y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a su vez, deriva el financiamiento de las líneas locales a los municipios. Lo mismo pasa con la tarifa social de la energía eléctrica y la disposición final de residuos en el CEAMSE (hasta ahora parcialmente financiada por la provincia). Además pretende poner un tope del 38 por ciento en el aumento de las tasas municipales (fuente principal de recaudación propia municipal).
Es evidente que las propuestas de las autoridades bonaerenses asfixian fiscalmente a los municipios, compensando parcialmente esta situación para los “gobiernos amigos”, vía el reparto arbitrario de la obra pública provincial. Los defensores de la autonomía municipal y quienes no acordamos con la distribución de recursos públicos en función de las pertenencias partidarias deberíamos evitar que estas iniciativas prosperen.
* Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.
