Luego de la última dictadura militar, "Feced llegó a decir que todo lo relacionado con la prostitución se lo dejaban a los policías para divertirse en las comisarías y hacer caja", recordó ayer el diputado Carlos Del Frade al presentar un proyecto de reparación y reconocimiento para trabajadoras sexuales que padecieron violencia institucional en democracia. "Nos llevaban a la Alcaidía. Eramos encerradas por días y golpeadas, sin saber qué pasaba con nuestros hijos", recordó entre lágrimas Miriam Auyero, que fue militante en la Asociación de Meretrices de Rosario (Ammar), la ONG que encabezó Sandra Cabrera, antes de ser asesinada en 2004. Para atender esa deuda con las trabajadoras sexuales, la iniciativa -inédita- apunta a beneficiar a esas víctimas de hechos aberrantes, sufridos desde la existencia de los artículos del Código de Faltas que habilitaban la persecución y criminalización a las trabajadoras sexuales en la provincia, hasta que fueron derogados en 2010. La secretaria general de Ammar nacional, Georgina Orellano, acompañó a Del Frade en la presentación y  aseguró que por la crisis económica que atraviesa el país, "muchas compañeras que habían dejado de ejercer tuvieron que volver, porque no tienen otra forma de llegar a fin de mes". Por lo que señaló que la reparación "será bienvenida". La pensión tendría carácter no contributivo y vitalicio, equivalente a dos veces el haber mínimo de una pensión provincial.

Todavía los artículos de Faltas que atentan contra las meretrices están vigentes en 17 provincias.

Miriam tiene 55 años y todavía se conmueve cuando recuerda los años de trabajo sexual. En 1985 tenía 24 años y ejercía la prostitución en un boliche donde se sentía más "cuidada" -recuerda- porque la policía contactaba a los dueños y no las molestaba. Años después de armar su familia, se divorció y se encontró con la necesidad de alimentar a cinco hijos. No dudó en calzarse un jean y tacos, y se fue a calle Córdoba. Durante un tiempo pasó desapercibida, pero cuando la vieron con otras compañeras, los de la disuelta División de Moralidad Pública la subieron a un auto. "Ya sabíamos que era una vez por semana y dependía de cómo teníamos los papeles y los análisis, pero podían ser 15 días. Había chicas a las que les sacaban los hijos y cuando salían los tenían que ir a buscar al Hogar del Huérfano (que fue cerrado hace poco tiempo). Nos ayudábamos entre nosotras para cuidarnos", dijo sobre la sororidad de aquellos años. "Una vez a una compañera le dieron una paliza semejante que tuvieron que hacerle una cirugía del duodeno", rememoró. En una de esas detenciones conoció a Sandra Cabrera. Después se la encontró en la calle, repartiendo claveles para el Día de la Madre. "Nos dijo que se había armado Ammar, y nosotras nos preguntábamos: '¿Un sindicato? ¿Para nosotras?".

Acompañada por Majo Gerez, Marina Salomón, de la Asamblea por la ESI; compañeras de la organización Fuertsa, de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, entre otras, Georgina Orellano dijo que "el Estado es responsable por lo que pasaron las compañeras y la mejor manera de reconocerlo es con esta reparación económica". La sindicalista dijo que todavía los artículos de Faltas que atentan contra las compañeras "están vigentes en 17 provincias". En ese sentido, recordó que la lucha de las meretrices es por "salir de la clandestinidad y tener derechos laborales básicos"; y apuntó a la importancia de políticas más concretas que "solucionen el hoy y ahora a compañeras que ejercieron el trabajo sexual y se ven expuestas a tener que volver a la calle para enfrentar la crisis. Esta es una política feminista para reparar lo que el Estado hizo. Esto puede ser una esperanza para compañeras de otras provincias", instó.

Gerez -del equipo de Del Frade- agregó: "Hay que denunciar con todas las letras el accionar de las fuerzas".

El proyecto busca reconocer y reparar a mujeres cis, trans y travestis que fueron víctimas de violencia policial a causa del Código de Faltas contra la prostitución e identidad de género, derogado en 2010. Sandra Cabrera fue la ideóloga de aquel proyecto de derogación. Por esa lucha recibió varias amenazas y finalmente fue asesinada en 2004. Su femicidio está impune. "A 8 años de la derogación, es momento de saldar la deuda histórica con estas mujeres y travestis", reza la iniciativa.

"Cuando tuve a la segunda (hija) caí presa y ella era bebé, me la tenían que llevar a la jefatura para darle el pecho. Le pedía al juez que me deje ir, le imploré, pero no me liberó". "Las detenciones podían ser de 2 a 60 días y la libertad tenía un precio. No solo dinero para no caer, sino también sexo", rezan algunos de los relatos más escalofriantes del proyecto de ley.