OPINIÓN
Legalizar el exterminio

La resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich da luz verde al uso desmesurado de la violencia letal por parte de las fuerzas represivas del Estado. Si éstas ya creían gozar de esa potestad, imaginemos lo que puede resultar de su legalización.

Si la política de Cambiemos produce desigualdad, el gobierno pretende atajar a balazos sus efectos nocivos.

Cuando los derechos son transformados en privilegios, la responsabilización individual y el mérito se convierten en indicadores de lo que somos y el trabajo se constituye en la única vara para la mesura de nuestra talla moral y económica. Así, el espectro social se estrecha cada vez más, ahoga y asfixia a quienes van quedando en el camino.

¿Qué pasa con quienes quedan en el afuera de aquel espacio delimitado por las nuevas reglas de juego que hacen recaer en sus espaldas toda la responsabilidad por lo que son, por lo que tienen? Lo perverso de este mecanismo radica en que si la autopercepción de clase que tenemos nos ubica por encima de lo que propondría una sociología objetivista, esa ubicación que percibimos se refuerza situando por debajo nuestro a todo un espectro sobre el que depositamos la culpa social.

En primera persona nadie se dice excluido, lxs excluidxs siempre son lxs otrxs. En esta pretensión de esquivar un eventual destino de exclusión, el discurso de la culpabilización del "otro" comienza a ocupar un lugar central, no sólo para hacerlo responsable de todas nuestras desgracias, sino para convertirlo en blanco de nuestra furia civilizada. De alguna manera, es comenzar a admitir que algunas o muchas personas sobran y, por ello, declararlas descartables no resulta un problema ético o político para nuestras sociedades.

Le hemos abierto la puerta a nuestras fuerzas de seguridad para que puedan matarnos legalmente, para que el uso de la fuerza sea letal pero civilizada, reglada por la ley, para que desparramen balas en nombre de la libertad, e incluso de la vida. De la vida que vale.

Denunciar esta resolución ministerial con lo que supone la legalización de la pena de muerte y exigir su inmediata derogación no nos exime de pensar qué fue lo que la ha hecho posible, la ha hecho pronunciable, publicable y aceptable por una parte no menospreciable de nuestra sociedad.

Lo realmente aterrador es que la legalización de la muerte por parte del gobierno nacional se monta sobre un creciente sentir social, que no sólo es indiferente a la muerte de lxs nadies, de lxs descartables, sino que la alienta y celebra, la demanda y la exije.

La batalla ideológica se debe disputar en el terreno de la construcción del sentido común, porque el racismo, la xenofobia, la homofobia, el fascismo, no son rasgos del carácter o coloraciones de la opinión, sino sistemas discursivos justificatorios de la eliminación de otrxs. La resolución ministerial es la puerta de entrada a la legalización del exterminio de la población considerada desechable.

 

* Programa de Estudios sobre Gubernamentalidad y Estado (UNR)

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